Las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tendrán voz y voto en la política de ciencia y tecnología en nuestro país. Ayer en la mañana, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados aprobaron en fast track la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual se otorga un lugar a ambas dependencias en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo Nacional que estará a cargo de este sector.
En cambio, a investigadores, académicos, científicos y otros servidores públicos sólo se les dará un lugar por invitación a la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto.
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De acuerdo con la nueva Ley, la Junta de Gobierno estará conformada por representantes de las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Hacienda, Medio Ambiente, Salud y Cancillería, además de la Sedena y Semar. En la actual ley, no se consideraba a las Fuerzas Armadas.
Entre sus facultades está aprobar la propuesta para el titular de la Dirección General del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la distribución del presupuesto, el programa de inversiones, decidir el destino de los excedentes y aprobar las inversiones.
La Junta de Gobierno también tendrá la facultad de reconocer a los Centros Públicos de Investigación, y de evaluar las políticas en la materia.
La nueva ley también quitó el presupuesto mínimo de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología. Ahora, los recursos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria.
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El quitar el piso mínimo para ciencia y tecnología fue un punto criticado por legisladores de oposición durante la discusión. Sin embargo, pese a que desde septiembre de 2004 la Ley de Ciencia pone como mínimo uno por ciento del PIB, el monto nunca se alcanzó.
En 2022, el gasto orientado a ciencia fue de 55 mil 945 millones de pesos, lo que representó apenas 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el Análisis Público Federal para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por la Cámara de Diputados.
En 2021, el presupuesto para este rubro fue de 51 mil 349 millones, cifra equivalente a 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el mismo estudio; el promedio para los años 2003 y 2012 se estima en alrededor de 0.41 por ciento del PIB, de acuerdo con el informe Análisis comparado del gasto público en ciencia y tecnología: Lecciones para México, elaborado también en San Lázaro.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, advirtió que el proceso carente de diálogo con la comunidad científica va a traer problemas de legalidad y una serie de litigios. “(Tenemos) un gobierno que le teme a la inteligencia, es un gobierno enfermo”, acusó.
Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) Cinvestav, dijo en una entrevista con El Sol de México que es un retroceso, eliminar la obligatoriedad del uno por ciento del PIB.
“En este dictamen que se aprueba, si se elimina parte del uno por ciento, es grave, es un retroceso que no tengamos un marco mínimo hacia donde aspirar como país para invertir en ese sector. Es desesperanzador un poco porque en lugar de estar poniendo metas mucho más ambiciosas, lo que hacemos es eliminar un porcentaje bajo el argumento de que no se cumple”, aseveró.
Otro punto de esta Ley es la creación de una Agenda Nacional de Investigación enfocada en “atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana”, algo que para Maldonado pone en riesgo el desarrollo de la ciencia al ceñir la investigación a una agenda centralizada.
Con la reforma también se transforma al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, el cual se encargará de articular la política pública en la materia; y se establece que el acceso universal a las becas —uno de los puntos más importantes de la reforma— estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
Maldonado calificó de desafortunado el proceso fast track para aprobar la Ley, pues pone en evidencia que la Cámara de Diputados no entendió “la importancia de hacer un buen trabajo legislativo, pulcro y considerando las opiniones, propuestas e iniciativa para lograr una Ley de consenso y que genere una buena opinión con la comunidad”.
Las academias de Ingeniería de México, Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina de México reclamaron la aprobación de la ley sin que concluyeran los foros de Parlamento Abierto.
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A través de un comunicado, estas asociaciones instaron al Senado de la República a escuchar los argumentos sustantivos del sector académico sobre las consecuencias negativas de la ley y rechazar lo que aprobaron los diputados.
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