Morena busca juicio político contra Pérez Dayán por tumbar Ley Eléctrica de AMLO

Bancada morenista busca impulsar juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, pues consideran que actuó en contra de los intereses de México

Rafael Ramírez / El Sol de México

  · jueves 1 de febrero de 2024

Conferencia de prensa del grupo parlamentario de MORENA. Ignacio Mier, Juan Ramiro Robledo y Alelida Alavez. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que buscará impulsar un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayan, quien ayer, con su voto de calidad, avaló en la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cancelación a la Ley de Industria Eléctrica (LIE) del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, los legisladores morenistas, encabezados por su coordinador Ignacio Mier, su vicecoordinadora Aleida Alavez y su vicecoordinador Leonel Godoy, señalaron que buscarán el juicio político contra el togado y, también, adelantaron que van a acelerar las reformas correspondientes para eliminar el voto de calidad que a su decir, “fue tramposamente usado” por Pérez Dayán.

Godoy Rangel expuso que en los próximos días revisarán impulsar juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán porque consideran que actuó en contra de los intereses de México.

“Están actuando como un supremo poder conservador y es momento de que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto. El Poder Judicial debe de resolver la interpretación de las leyes, no hacer nuevas leyes. El Poder Ejecutivo debe de ejecutarlas y nosotros somos quienes hacemos las leyes y eso vamos a hacer, y también creo que ya no podemos permitir que sigan actuando con esa impunidad”, expresó.

A su vez, el diputado Ignacio Mier acusó que la Corte “violentó” sus propia Ley Orgánica del Poder Judicial y puso en contradicción los criterios y el desempeño de quienes integran el Máximo Tribunal, “en defensa de poderes fácticas”, al haber permitido que se cancelara la reforma eléctrica y agregó que que el amparo contra la LIE otorgado por la Segunda Sala de la SCJN, el día de ayer, “es lamentable para el Estado de derecho y la división de poderes”.

“Uno de los poderes que de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento, del procedimiento legislativo, ayer incurrieron una violación de su propia ley, y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decir lo menos, sectaria”, apuntaló.

En ese sentido, el legislador Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos constitucionales, explicó que la ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de la sala.

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“Debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia, que intentara conciliar las dos argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso. Violaron su propia ley”, sostuvo.

En tanto, la vicecoordinadora, Aleida Alavez Ruiz, expresó la profunda indignación del Poder Legislativo "por el atropello de dos ministros ante una acción completamente arbitraria de esta Sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado”.

Por tal razón, Alavez cuestionó el por qué el Poder Judicial “se prestó a resolver, de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos, a que sean los privados quienes decidan sobre la generación eléctrica en el país”.

Por esto, la diputada adelantó que la Coalición Juntos Hacemos Historia va a acelerar las reformas correspondientes para eliminar el voto de calidad que fue “tramposamente” usado por los ministros.

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Ayer, miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló definitivamente la LIE de López Obrador que favorecía a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a empresas privados y que abrió disputas comerciales entre México con socios clave como Estados Unidos y España.

La sentencia de la Segunda Sala de la SCJN considera que la reforma, aprobada en marzo de 2021, vulneraba los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria que fueron establecidos en la constitución desde 2013.