La oposición en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han frenado cinco iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su sexenio, por lo que en el paquete de reformas que enviará el 5 de febrero a la Cámara de Diputados insistirá en que sus propuestas sean avaladas.
Se trata de la reforma político-electoral, el Plan B de reforma electoral, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Ley de la Industria Eléctrica.
La reforma eléctrica fue el primer proyecto del presidente que no prosperó, pues la oposición –cuyos votos eran necesarios para que avanzara la modificación– la rechazó el 18 de abril de 2022. La negativa de aprobar la reforma provocó que Morena impulsara una campaña en contra de diputados de oposición, llamándolos “traidores a la patria”.
La iniciativa del presidente planteaba que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generara al menos el 54 por ciento de la energía que requiere el país, así también buscaba la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía a la CFE y suprimir a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La reforma político-electoral fue el segundo intento del presidente de modificar la Constitución que fue frenado por la oposición. La iniciativa pretendía transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultar (INEC).
La reforma rechazada también buscaba que los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueran elegidos por voto popular, así también planteaba reducir de 500 a 300 los diputados que integran la Cámara Baja.
Ante la negativa de aprobar su iniciativa, el presidente presentó su llamado Plan B de reforma electoral, que planteaba reducir la estructura del INE y que no requirió de mayoría calificada para ser aprobado, sin embargo, la Suprema Corte invalidó la reforma por violaciones en el proceso legislativo.
La reforma para pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que fue aprobada por el Congreso con los votos del PRI en septiembre de 2022, corrió con la misma suerte que el Plan B, pues el máximo tribunal la declaró inválida por violar el artículo 21 de la Constitución que establece que todas las instituciones de seguridad pública deben ser de caracter civil y no castrense.
El último revés que recibió el presidente fue el 31 de enero cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte invalidó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aprobada en marzo de 2021, por vulnerar los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable.
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La LIE priorizaba el despacho de energía a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la energía generada por productores privados de electricidad, incluidas las plantas de energía renovable; es la LIE provocó tensiones entre México, Estados Unidos y Canadá, pues las dos naciones argumentaban que la Ley violaba el TMEC.
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