/ domingo 3 de noviembre de 2019

Senado con baja productividad y sin transparentar gastos, señala la ASF

La Auditoría Superior de la Federación acusó que se crearon comisiones especiales sin sustentar razones y la Mesa Directiva dejó pasar irregularidades durante seis años

En los seis años de las LXII y LXIII Legislaturas del Senado, la productividad apenas fue de 7.3%, con 295 iniciativas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de las 4 mil 28 propuestas en ese periodo legislativo.

No se priorizó la atención de las iniciativas en función de las necesidades del país y de las problemáticas con las cuales se relacionaban, ni se implementaron estrategias para minimizar el rezago y analizar el impacto ocasionado.

Y se crearon comisiones especiales sin sustentar razones, mientras la Mesa Directiva dejó pasar irregularidades, según la Auditoría Superior de la Federación, en su auditoría de desempeño 2018-0-01200-07-0002-2019.

En ese periodo, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores como órgano máximo de gobierno, no tuvo facultades para implementar y vigilar el sistema de control interno institucional, así como para desempeñar funciones que fomentaran el compromiso de sus integrantes con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción, así como la supervisión y control de los riesgos a los que se enfrentó.

También careció de un sistema de evaluación del desempeño que incluyera indicadores estratégicos y metas en sus funciones en materia legislativa, de representación y de control del Ejecutivo.

“Está desactualizada y tiene un diseño heterogéneo en cuanto a estructura organizacional, además de que no precisa las funciones y responsabilidades de sus integrantes’’.

MILLONARIOS RECURSOS

La Segunda Entrega de la Cuenta Púbica 2018 a la Cámara de Diputados, reporta que la Mesa Directiva del Senado, no acreditó evidencia respecto de los acuerdos tomados para la determinación y cálculo del monto de las asignaciones que recibió cada grupo parlamentario durante las LXII y LXIII legislaturas.

La responsabilidad de la dirección general de pago a senadores, se limitó con el respaldo de recibos firmados por los coordinadores de los grupos parlamentarios, de las transferencias bancarias por concepto de asignaciones, que ascendieron a 3 mil 573 millones y 3 mil 34 millones de pesos durante las LXII y LXIII legislaturas, respectivamente.

La comprobación y documentación de las asignaciones, fue responsabilidad de cada grupo, sin acreditar con políticas internas, normas, criterios, lineamientos o acuerdos para ello y que regularan una eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos públicos.

Respecto de las funciones de representación y atención ciudadana, se observó que durante la LXII legislatura, la Cámara asignó 187 millones 874.4 mil pesos a los grupos parlamentarios, cuya forma, uso y comprobación del gasto quedó a discreción; no hubo programas de trabajo ni controles de seguimiento y vigilancia y en algunos casos no se contó con información de los recursos que recibieron.

Durante las LXII y LXIII legislaturas, los grupos parlamentarios no acreditaron contar con normativa que incluyera políticas internas, normas, criterios lineamientos, acuerdos o instrumentos de naturaleza similar que regularan la administración de los recursos de los cuales dispusieron.

Respecto a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, no hubo transparencia en el ejercicio de los 68 millones 739.5 mil pesos de pesos erogados en ese rubro en la LXIII Legislatura y respecto del monto asignado en la LXII Legislatura.

DISPENDIO DE COMISIONES

La ASF sostiene que en la constitución de las comisiones especiales, sólo 3 de las 15 instaladas al término de la LXIII Legislatura, se precisó su naturaleza y objeto; las demás, no se identificó la necesidad o motivos que fundamentaron su creación, así como la finalidad y el compromiso con los trabajos encomendados. No se diseñó actividades de control para la verificación y supervisión de las obligaciones de las comisiones legislativas, ni se contó con una unidad administrativa de apoyo, en donde recayeran estas funciones.

En lo relativo al proceso legislativo, del total de 4 mil 28 iniciativas propuestas durante las LXII y LXIII legislaturas, 3 mil 830 (95.1%) se turnaron a comisiones para su análisis y discusión, de las cuales mil 314 (32.6%) se dictaminaron, 794 (19.7%) con dictamen aprobatorio y 520 (12.9%) con dictamen de desecho. Respecto de las 2 mil 516 (62.5%) iniciativas sin dictamen, estas se integraron por 1,860 (46.2%) que fueron concluidas por acuerdos de la Mesa Directiva, 566 (14.1%) pendientes, 65 (1.6%) retiradas y 25 (0.6%) atendidas.

En los seis años de las LXII y LXIII Legislaturas del Senado, la productividad apenas fue de 7.3%, con 295 iniciativas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de las 4 mil 28 propuestas en ese periodo legislativo.

No se priorizó la atención de las iniciativas en función de las necesidades del país y de las problemáticas con las cuales se relacionaban, ni se implementaron estrategias para minimizar el rezago y analizar el impacto ocasionado.

Y se crearon comisiones especiales sin sustentar razones, mientras la Mesa Directiva dejó pasar irregularidades, según la Auditoría Superior de la Federación, en su auditoría de desempeño 2018-0-01200-07-0002-2019.

En ese periodo, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores como órgano máximo de gobierno, no tuvo facultades para implementar y vigilar el sistema de control interno institucional, así como para desempeñar funciones que fomentaran el compromiso de sus integrantes con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción, así como la supervisión y control de los riesgos a los que se enfrentó.

También careció de un sistema de evaluación del desempeño que incluyera indicadores estratégicos y metas en sus funciones en materia legislativa, de representación y de control del Ejecutivo.

“Está desactualizada y tiene un diseño heterogéneo en cuanto a estructura organizacional, además de que no precisa las funciones y responsabilidades de sus integrantes’’.

MILLONARIOS RECURSOS

La Segunda Entrega de la Cuenta Púbica 2018 a la Cámara de Diputados, reporta que la Mesa Directiva del Senado, no acreditó evidencia respecto de los acuerdos tomados para la determinación y cálculo del monto de las asignaciones que recibió cada grupo parlamentario durante las LXII y LXIII legislaturas.

La responsabilidad de la dirección general de pago a senadores, se limitó con el respaldo de recibos firmados por los coordinadores de los grupos parlamentarios, de las transferencias bancarias por concepto de asignaciones, que ascendieron a 3 mil 573 millones y 3 mil 34 millones de pesos durante las LXII y LXIII legislaturas, respectivamente.

La comprobación y documentación de las asignaciones, fue responsabilidad de cada grupo, sin acreditar con políticas internas, normas, criterios, lineamientos o acuerdos para ello y que regularan una eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos públicos.

Respecto de las funciones de representación y atención ciudadana, se observó que durante la LXII legislatura, la Cámara asignó 187 millones 874.4 mil pesos a los grupos parlamentarios, cuya forma, uso y comprobación del gasto quedó a discreción; no hubo programas de trabajo ni controles de seguimiento y vigilancia y en algunos casos no se contó con información de los recursos que recibieron.

Durante las LXII y LXIII legislaturas, los grupos parlamentarios no acreditaron contar con normativa que incluyera políticas internas, normas, criterios lineamientos, acuerdos o instrumentos de naturaleza similar que regularan la administración de los recursos de los cuales dispusieron.

Respecto a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, no hubo transparencia en el ejercicio de los 68 millones 739.5 mil pesos de pesos erogados en ese rubro en la LXIII Legislatura y respecto del monto asignado en la LXII Legislatura.

DISPENDIO DE COMISIONES

La ASF sostiene que en la constitución de las comisiones especiales, sólo 3 de las 15 instaladas al término de la LXIII Legislatura, se precisó su naturaleza y objeto; las demás, no se identificó la necesidad o motivos que fundamentaron su creación, así como la finalidad y el compromiso con los trabajos encomendados. No se diseñó actividades de control para la verificación y supervisión de las obligaciones de las comisiones legislativas, ni se contó con una unidad administrativa de apoyo, en donde recayeran estas funciones.

En lo relativo al proceso legislativo, del total de 4 mil 28 iniciativas propuestas durante las LXII y LXIII legislaturas, 3 mil 830 (95.1%) se turnaron a comisiones para su análisis y discusión, de las cuales mil 314 (32.6%) se dictaminaron, 794 (19.7%) con dictamen aprobatorio y 520 (12.9%) con dictamen de desecho. Respecto de las 2 mil 516 (62.5%) iniciativas sin dictamen, estas se integraron por 1,860 (46.2%) que fueron concluidas por acuerdos de la Mesa Directiva, 566 (14.1%) pendientes, 65 (1.6%) retiradas y 25 (0.6%) atendidas.

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