/ lunes 30 de octubre de 2017

SFP va contra 59 funcionarios por recursos ilícitos

Los servidores públicos que presentaron irregularidades en su patrimonio ostentaban puestos que van desde analista hasta cargos de nivel de subsecretario de estado

Al detallar que las revisiones de evolución patrimonial se realizan al azar, ante una denuncia o cuando hay indicios de alguna anomalía, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó en el último año que 59 servidores públicos presentaron irregularidades en su patrimonio.

Éstos no pudieron aclarar el origen lícito del aumento de sus recursos, en relación con las percepciones salariales que el estado les otorga con motivo de su cargo.

La dependencia agregó que los  montos  oscilan entre 255 mil pesos y 61 millones 66 mil 109 pesos con 25 centavos, donde los servidores públicos ostentaban cargos que van desde analista hasta cargos de nivel de subsecretario de estado.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 27 de octubre de 2017, la SFP emitió 59 declaratorias en contra de igual número de servidores públicos que no aclararon la procedencia del incremento sustancial de su patrimonio.

“No aclararon el origen lícito del aumento de sus recursos, en relación con las percepciones salariales que perciben por el cargo que desempeñan”, dijo. En la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), la Secretaría de la Función Pública indicó que el monto total de los incrementos detectados, sin aclarar, ascendió a 333 millones 225 mil 836 pesos con 99 centavos.

Por esa razón, la dependencia que encabeza Arely Gómez González, presentó de inmediato las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación, a fin de que investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.

El número de declaratorias señalado, contrasta con el periodo de diciembre de 2012 hasta agosto de 2016, cuando la dependencia federal presentó 47

declaratorias.

El aumento en las cifras es resultado de las acciones que realiza la SFP con carácter permanente, en la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

Al detallar que las revisiones de evolución patrimonial se realizan al azar, ante una denuncia o cuando hay indicios de alguna anomalía, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó en el último año que 59 servidores públicos presentaron irregularidades en su patrimonio.

Éstos no pudieron aclarar el origen lícito del aumento de sus recursos, en relación con las percepciones salariales que el estado les otorga con motivo de su cargo.

La dependencia agregó que los  montos  oscilan entre 255 mil pesos y 61 millones 66 mil 109 pesos con 25 centavos, donde los servidores públicos ostentaban cargos que van desde analista hasta cargos de nivel de subsecretario de estado.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 27 de octubre de 2017, la SFP emitió 59 declaratorias en contra de igual número de servidores públicos que no aclararon la procedencia del incremento sustancial de su patrimonio.

“No aclararon el origen lícito del aumento de sus recursos, en relación con las percepciones salariales que perciben por el cargo que desempeñan”, dijo. En la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), la Secretaría de la Función Pública indicó que el monto total de los incrementos detectados, sin aclarar, ascendió a 333 millones 225 mil 836 pesos con 99 centavos.

Por esa razón, la dependencia que encabeza Arely Gómez González, presentó de inmediato las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación, a fin de que investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.

El número de declaratorias señalado, contrasta con el periodo de diciembre de 2012 hasta agosto de 2016, cuando la dependencia federal presentó 47

declaratorias.

El aumento en las cifras es resultado de las acciones que realiza la SFP con carácter permanente, en la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

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