El secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, RafaelAntonio del Pozo, reveló que durante la administración delexgobernador, Roberto Borge Angulo, el Instituto del PatrimonioInmobiliario vendió casi 50% de las reservas territoriales delestado a gente cercana, familiares y amigos de éste en detrimentolas finanzas públicas del estado por lo que ya se presentaron lasdemandas correspondientes ante la Fiscalía General de la entidad yla Procuraduría General de la República (PGR).
Los terrenos fueron vendidos “a precios por debajo de lo quenormalmente deberían costar estos predios, y son más de 9 mil 500hectáreas que eran de la reserva territorial del estado”,indicó en conferencia de prensa.
Las denuncias presentadas ante la PGR y el órgano estatal soncontra Roberto Borjes y la exdirectora del Instituto del PatrimonioInmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE), ClaudiaRomanillos Villanueva, precisó, quien fue la encargada de ofertarlos terrenos con la aprobación del exgobernador.
Entre los beneficiados por estas acciones, hay familiares yamigos cercanos del exmandatario; la venta de terrenos propiedaddel estado se dieron en un 7 por ciento en el municipio deBacalar; 10 por ciento en Felipe Carrillo Puerto; 20 por ciento,Tulum; Cozumel, 23 por ciento; Benito Juárez, 36 por ciento;Solidaridad, 52 por ciento y 60 por ciento, en Puerto Morelos.
Dicha enajenación ilegal, de las 9 mil 500 hectáreas, en todoel estado, representan más de seis veces la superficie de la zonahotelera de Cancún.
Antonio del Pozo precisó que la denuncia contra Borge Angulo sepresentó ante la PGR hace dos semanas y otra más ayer, ante laFiscalía General de Quintana Roo, por las enajenaciones de reservaterritorial a empresas vinculadas a amigos, empleados y familiaresdel exmandatario y la extitular del IPAE, Claudia Romanillos.
La denuncia, subrayó, incluye la venta de sólo 850 hectáreasdel universo total y fue presentada porque las enajenaciones sehicieron a precios muy por debajo del valor real y a personasligadas al exgobernador.
Además de las enajenaciones, hay otras irregularidades que sehan detectado de la gestión del priista cuyo paradero esdesconocido, dijo, sin embargo las auditorías aun noconcluyen.
“El proceso arroja irregularidades en prácticamente latotalidad de las dependencias del gobierno que son más de 40”,señaló el funcionario, quien no dio más nombres de las personasvinculadas a dichas empresas, y que además son propietarias de unaempresa naviera, que en los últimos cuatro años adquirió barcospor un valor de 7 millones de dólares.
“Es de vital importancia que las autoridades competentesinvestiguen y comprueben la procedencia de los recursos y susituación ante las autoridades hacendarias para determinar sidichos accionistas tuvieron la capacidad económica para adquirirpredios y barcos”, indicó.
Al cuestionarle sobre un estimado del quebranto, dijo que enQuintana Roo hay una deuda superior a 22 mil millones de pesos,pero todavía falta revisar las más de 40 auditorías enproceso.
