/ martes 15 de noviembre de 2016

Por venta irregular de predios denuncian a Roberto Borge

El secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, reveló que durante la administración del exgobernador, Roberto Borge Angulo, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario vendió casi 50% de las reservas territoriales del estado a gente cercana, familiares y amigos de éste en detrimento las finanzas públicas del estado por lo que ya se presentaron las demandas correspondientes ante la Fiscalía General de la entidad y la Procuraduría General de la República (PGR).

Los terrenos fueron vendidos “a precios por debajo de lo que normalmente deberían costar estos predios, y son más de 9 mil 500 hectáreas que eran de la reserva territorial del estado”, indicó en conferencia de prensa.

Las denuncias presentadas ante la PGR y el órgano estatal son contra Roberto Borjes y la exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, precisó, quien fue la encargada de ofertar los terrenos con la aprobación del exgobernador.

Entre los beneficiados por estas acciones, hay familiares y amigos cercanos del exmandatario; la venta de terrenos propiedad del estado se dieron en un 7 por ciento en el municipio de Bacalar; 10 por ciento en Felipe Carrillo Puerto; 20 por ciento, Tulum; Cozumel, 23 por ciento; Benito Juárez, 36 por ciento; Solidaridad, 52 por ciento y 60 por ciento, en Puerto Morelos.

Dicha enajenación ilegal, de las 9 mil 500 hectáreas, en todo el estado, representan más de seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún.

Antonio del Pozo precisó que la denuncia contra Borge Angulo se presentó ante la PGR hace dos semanas y otra más ayer, ante la Fiscalía General de Quintana Roo, por las enajenaciones de reserva territorial a empresas vinculadas a amigos, empleados y familiares del exmandatario y la extitular del IPAE, Claudia Romanillos.

La denuncia, subrayó, incluye la venta de sólo 850 hectáreas del universo total y fue presentada porque las enajenaciones se hicieron a precios muy por debajo del valor real y a personas ligadas al exgobernador.

Además de las enajenaciones, hay otras irregularidades que se han detectado de la gestión del priista cuyo paradero es desconocido, dijo, sin embargo las auditorías aun no concluyen.

“El proceso arroja irregularidades en prácticamente la totalidad de las dependencias del gobierno que son más de 40”, señaló el funcionario, quien no dio más nombres de las personas vinculadas a dichas empresas, y que además son propietarias de una empresa naviera, que en los últimos cuatro años adquirió barcos por un valor de 7 millones de dólares.

“Es de vital importancia que las autoridades competentes investiguen y comprueben la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias para determinar si dichos accionistas tuvieron la capacidad económica para adquirir predios y barcos”, indicó.

Al cuestionarle sobre un estimado del quebranto, dijo que en Quintana Roo hay una deuda superior a 22 mil millones de pesos, pero todavía falta revisar las más de 40 auditorías en proceso.

El secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, reveló que durante la administración del exgobernador, Roberto Borge Angulo, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario vendió casi 50% de las reservas territoriales del estado a gente cercana, familiares y amigos de éste en detrimento las finanzas públicas del estado por lo que ya se presentaron las demandas correspondientes ante la Fiscalía General de la entidad y la Procuraduría General de la República (PGR).

Los terrenos fueron vendidos “a precios por debajo de lo que normalmente deberían costar estos predios, y son más de 9 mil 500 hectáreas que eran de la reserva territorial del estado”, indicó en conferencia de prensa.

Las denuncias presentadas ante la PGR y el órgano estatal son contra Roberto Borjes y la exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, precisó, quien fue la encargada de ofertar los terrenos con la aprobación del exgobernador.

Entre los beneficiados por estas acciones, hay familiares y amigos cercanos del exmandatario; la venta de terrenos propiedad del estado se dieron en un 7 por ciento en el municipio de Bacalar; 10 por ciento en Felipe Carrillo Puerto; 20 por ciento, Tulum; Cozumel, 23 por ciento; Benito Juárez, 36 por ciento; Solidaridad, 52 por ciento y 60 por ciento, en Puerto Morelos.

Dicha enajenación ilegal, de las 9 mil 500 hectáreas, en todo el estado, representan más de seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún.

Antonio del Pozo precisó que la denuncia contra Borge Angulo se presentó ante la PGR hace dos semanas y otra más ayer, ante la Fiscalía General de Quintana Roo, por las enajenaciones de reserva territorial a empresas vinculadas a amigos, empleados y familiares del exmandatario y la extitular del IPAE, Claudia Romanillos.

La denuncia, subrayó, incluye la venta de sólo 850 hectáreas del universo total y fue presentada porque las enajenaciones se hicieron a precios muy por debajo del valor real y a personas ligadas al exgobernador.

Además de las enajenaciones, hay otras irregularidades que se han detectado de la gestión del priista cuyo paradero es desconocido, dijo, sin embargo las auditorías aun no concluyen.

“El proceso arroja irregularidades en prácticamente la totalidad de las dependencias del gobierno que son más de 40”, señaló el funcionario, quien no dio más nombres de las personas vinculadas a dichas empresas, y que además son propietarias de una empresa naviera, que en los últimos cuatro años adquirió barcos por un valor de 7 millones de dólares.

“Es de vital importancia que las autoridades competentes investiguen y comprueben la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias para determinar si dichos accionistas tuvieron la capacidad económica para adquirir predios y barcos”, indicó.

Al cuestionarle sobre un estimado del quebranto, dijo que en Quintana Roo hay una deuda superior a 22 mil millones de pesos, pero todavía falta revisar las más de 40 auditorías en proceso.