/ lunes 9 de septiembre de 2019

Activistas y periodistas enfrentan un oscuro panorama en México

Activistas de derechos humanos y periodistas afrontan mayores riesgos desde que el gobierno envió a las fuerzas armadas a combatir el crimen organizado a fines de 2006

Los activistas de derechos humanos en México ya habían sufrido un mal año cuando Cristina Vázquez, de 58 años, fue hallada muerta en su departamento en la Ciudad de México los primeros días de julio.

Se trataría de la decimotercera defensora de derechos humanos que habría muerto violentamente en 2019 debido a su activismo en México, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), una cifra que casi supera el total de todo el año pasado.

Más de dos meses después, ningún sospechoso ha sido detenido. El crimen de Vázquez se suma al gran número de homicidios registrados durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en diciembre prometiendo contener la creciente violencia.

"Tenemos que ver esto como solo la punta del iceberg, porque hay muchas otras formas de agresión que afectan a los defensores de los derechos humanos", dijo a Reuters Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México. "Todos los delitos graves deben investigarse mucho mejor en México de lo que son".

El año pasado se registraron más de 29 mil homicidios en México, y el total para 2019 está en camino a superar esa cifra. Los activistas representan solo una pequeña fracción, pero su vulnerabilidad ha aumentado las alertas por la creciente violencia que vive el país.

La policía encontró el cuerpo de Vázquez en su departamento en la Condesa el 1 de julio, cuando los vecinos informaron de un olor desagradable. Días antes, los transeúntes habían alertado a la policía sobre gritos en los alrededores.

Miembro de un comité vecinal, Vázquez había asumido un papel activo en denunciar ante las autoridades violaciones a normas y reglamentos locales, dijeron amigos y vecinos.

Las denuncias que hizo sobre un edificio en construcción al lado de su casa, el uso indebido de un parque y sobre las actividades de vendedores ambulantes le trajo algunos enemigos y llegó a recibir amenazas, dijo Quetzal Castro, líder del comité.

Ningún sospechoso ha sido identificado por su muerte y nadie ha sido acusado hasta ahora. La policía local no respondió a reiteradas solicitudes de Reuters de comentarios sobre el caso.

La fiscal general de Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo en julio que las denuncias de Vázquez sobre el edificio fueron una de las primeras líneas de investigación abiertas sobre su muerte. Pero su oficina no ha dado más detalles sobre las investigaciones.

"ME HE QUEDADO SIN TI"

Activistas de derechos humanos, al igual que periodistas, afrontan mayores riesgos desde que el gobierno envió a las fuerzas armadas a combatir el crimen organizado a fines de 2006.

López Obrador ha dicho que su administración debe hacer más para terminar con la violencia, que ha calificado como el "fruto podrido" de la corrupción, los abusos del gobierno y las políticas económicas fallidas de administraciones anteriores.

Según la ONU-DH, 14 activistas de derechos humanos fueron asesinados en 2018. Los recuentos varían, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) clasificó a Vázquez como la séptima víctima en 2019 después de registrar seis el año pasado.

La CNDH estima que más del 90% de los homicidios de activistas quedan sin resolver, lo que dificulta la clasificación de los casos.

Los defensores de derechos en zonas rurales a menudo se encuentran entre los más expuestos si chocan con intereses económicos que compiten por la tierra o los recursos naturales, aseguran expertos.

En febrero, el activista indígena Samir Flores murió tras ser baleado en la puerta de su casa en el estado Morelos, luego de protestar contra un gasoducto que se abriría paso en su área.

Los fiscales en Morelos negaron que el crimen estuviera relacionado con su activismo, un planteamiento que Jarab de la ONU-DH dijo que pone "seriamente en cuestión la investigación" por descartar a priori alguna vinculación.

El caso aún está sin resolver

La violencia contra los activistas tiene un efecto escalofriante, disuadiendo a otros de hacer su trabajo.

Tras la muerte de Vázquez, Castro, del comité vecinal de Condesa, se unió a un plan de protección gubernamental para activistas.

Pero algunos miembros de su comité dejaron de asistir a las reuniones, temerosos de que alguien pudiera estar observando sus movimientos, mientras crece la frustración por la falta de progresos en las investigaciones.

"Es lo que queremos saber, si están trabajando o ya lo dejaron así", dijo sollozando la anciana madre de Vázquez, Cristina Chavarría, mientras pendía de su cuello un dije de San Judas Tadeo, el santo patrón de las causas perdidas.

"¡No sé dónde tú estás!", agregó, sosteniendo dos fotografías de la hija que la había cuidado en la vejez. "Me he quedado sin ti".

Los activistas de derechos humanos en México ya habían sufrido un mal año cuando Cristina Vázquez, de 58 años, fue hallada muerta en su departamento en la Ciudad de México los primeros días de julio.

Se trataría de la decimotercera defensora de derechos humanos que habría muerto violentamente en 2019 debido a su activismo en México, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), una cifra que casi supera el total de todo el año pasado.

Más de dos meses después, ningún sospechoso ha sido detenido. El crimen de Vázquez se suma al gran número de homicidios registrados durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en diciembre prometiendo contener la creciente violencia.

"Tenemos que ver esto como solo la punta del iceberg, porque hay muchas otras formas de agresión que afectan a los defensores de los derechos humanos", dijo a Reuters Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México. "Todos los delitos graves deben investigarse mucho mejor en México de lo que son".

El año pasado se registraron más de 29 mil homicidios en México, y el total para 2019 está en camino a superar esa cifra. Los activistas representan solo una pequeña fracción, pero su vulnerabilidad ha aumentado las alertas por la creciente violencia que vive el país.

La policía encontró el cuerpo de Vázquez en su departamento en la Condesa el 1 de julio, cuando los vecinos informaron de un olor desagradable. Días antes, los transeúntes habían alertado a la policía sobre gritos en los alrededores.

Miembro de un comité vecinal, Vázquez había asumido un papel activo en denunciar ante las autoridades violaciones a normas y reglamentos locales, dijeron amigos y vecinos.

Las denuncias que hizo sobre un edificio en construcción al lado de su casa, el uso indebido de un parque y sobre las actividades de vendedores ambulantes le trajo algunos enemigos y llegó a recibir amenazas, dijo Quetzal Castro, líder del comité.

Ningún sospechoso ha sido identificado por su muerte y nadie ha sido acusado hasta ahora. La policía local no respondió a reiteradas solicitudes de Reuters de comentarios sobre el caso.

La fiscal general de Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo en julio que las denuncias de Vázquez sobre el edificio fueron una de las primeras líneas de investigación abiertas sobre su muerte. Pero su oficina no ha dado más detalles sobre las investigaciones.

"ME HE QUEDADO SIN TI"

Activistas de derechos humanos, al igual que periodistas, afrontan mayores riesgos desde que el gobierno envió a las fuerzas armadas a combatir el crimen organizado a fines de 2006.

López Obrador ha dicho que su administración debe hacer más para terminar con la violencia, que ha calificado como el "fruto podrido" de la corrupción, los abusos del gobierno y las políticas económicas fallidas de administraciones anteriores.

Según la ONU-DH, 14 activistas de derechos humanos fueron asesinados en 2018. Los recuentos varían, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) clasificó a Vázquez como la séptima víctima en 2019 después de registrar seis el año pasado.

La CNDH estima que más del 90% de los homicidios de activistas quedan sin resolver, lo que dificulta la clasificación de los casos.

Los defensores de derechos en zonas rurales a menudo se encuentran entre los más expuestos si chocan con intereses económicos que compiten por la tierra o los recursos naturales, aseguran expertos.

En febrero, el activista indígena Samir Flores murió tras ser baleado en la puerta de su casa en el estado Morelos, luego de protestar contra un gasoducto que se abriría paso en su área.

Los fiscales en Morelos negaron que el crimen estuviera relacionado con su activismo, un planteamiento que Jarab de la ONU-DH dijo que pone "seriamente en cuestión la investigación" por descartar a priori alguna vinculación.

El caso aún está sin resolver

La violencia contra los activistas tiene un efecto escalofriante, disuadiendo a otros de hacer su trabajo.

Tras la muerte de Vázquez, Castro, del comité vecinal de Condesa, se unió a un plan de protección gubernamental para activistas.

Pero algunos miembros de su comité dejaron de asistir a las reuniones, temerosos de que alguien pudiera estar observando sus movimientos, mientras crece la frustración por la falta de progresos en las investigaciones.

"Es lo que queremos saber, si están trabajando o ya lo dejaron así", dijo sollozando la anciana madre de Vázquez, Cristina Chavarría, mientras pendía de su cuello un dije de San Judas Tadeo, el santo patrón de las causas perdidas.

"¡No sé dónde tú estás!", agregó, sosteniendo dos fotografías de la hija que la había cuidado en la vejez. "Me he quedado sin ti".

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