Cientos de indígenas de Oaxaca se han visto afectados tras la cancelación de los apoyos del gobierno federal a las ONG, tal es el caso de la organización Servicios del Pueblo Mixe, que desde hace 31 años impulsa proyectos ambientales entres esta población.
Este año, los talleres de capacitación en derechos humanos, de las mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, así como del cambio climático a comunidades indígenas de Oaxaca se verán afectados por la cancelación de los recursos que recibían desde 2004 diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Sofía Bravo, directora de Servicios del Pueblo Mixe, una de las organizaciones beneficiadas por la extinta Secretaría de Desarrollo Social en el periodo de 2009- 2012, lamenta: “Seguiremos buscando oportunidades al margen de estos programas que ya se cancelaron. Las actividades se suspenderán y quedarán únicamente aquellas que en la medida de lo posible podamos realizar”.
“Las organizaciones no dependemos de un financiamiento, muchas veces hemos puesto de nuestros propios recursos para poder continuar las actividades que desarrollamos. Las OSC hacemos un gran esfuerzo, un compromiso con procesos y comunidades y en esa medida nuestro trabajo ha sido importante”.
Sofía señaló que Servicios del Pueblo Mixe continuará en pie: “Con todas las limitantes, pero vamos a seguir”.
Por otra parte, Raquel Aguilera, especialista en Políticas Públicas por FLACSO y autora de la tesis La Discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos federales destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil, critica que el presidente López Obrador tomó una decisión “apresurada” con respecto a las OSC. Si bien reconoció que en sexenios anteriores hubo opacidad en la asignación de los recursos destinados a algunas OSC, se está “metiendo en el mismo saco” a todas las organizaciones, criticó.
“Estas decisiones del gobierno federal de los recortes están estandarizando a las distintas organizaciones y es preocupante porque no todas las organizaciones son iguales, así como no todos los estados son los mismos. (El gobierno federal) se enfocó mucho en organizaciones que recibirían ciertos programas”, señaló.
Por ello, advirtió que la consecuencia más importante se verá reflejada en las personas que eran apoyadas directamente en las distintas comunidades de México por estas OSC y que dejarán de recibir los apoyos, como sucedió con el caso de las estancias infantiles.
En su estudio, Aguilera Troncoso reveló que en un periodo de tres años (2009-2012) tres dependencias de gobierno, la Secretaría de Economía, de Educación Pública y de Desarrollo Social concentraron la mayor bolsa de recursos para ONG bajo el esquema de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Este dinero se concentró en gran medida en sólo 20 organizaciones.
Pese a este escenario la solución no era suspender el programa a las 40 mil 78 OSC que existen, consideró Sofía Bravo.
“Para mí sería muy importante que se pusiera en evidencia a las organizaciones de las que está hablando, porque generaliza, como si todas actuáramos de la misma manera”, explicó la oaxaqueña.
Raquel Aguilera señaló que el gobierno federal está obligado a especificar respecto a qué leyes aplicará la suspensión, pues aseguró que las OSC recibían recursos bajo diferentes modalidades: la Ley Federal de Fomento a las OSC pero también a través del porcentaje que el Presupuesto etiqueta para gasto social.
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