Expertos de seguridad coinciden en que los recientes ataques a autoridades locales, estatales y federales por parte del crimen organizado mediante explosivos, coches bomba y agresiones armadas afectan no sólo a las corporaciones sino a la ciudadanía en general, pues se les infunde terror, sin embargo, especialistas consultados por El Sol de México difieren en si llamar o no a estos ataques como actos terroristas.
David Saucedo, consultor en temas de seguridad pública, estimó que las agresiones recientes, como la ocurrida el martes por la noche en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde resultaron seis personas muertas y al menos 14 heridas, entre ellas tres menores de edad, son el inicio del “narcoterrorismo” en el país.
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“A partir de estos eventos tendría que haber un reconocimiento del gobierno federal de que estamos frente a una embestida narcoterrorista por el uso de bombas tal como ocurrió en Colombia en la década de los 90. Estamos en el inicio, pero creo que a tiempo”, dijo en entrevista con este diario.
El especialista explicó que son actos terroristas porque, como dijo hoy por la mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al informar sobre el reciente ataque en la localidad, son agresiones que buscan generar terror en la población civil, lo que más allá de ello también afectará en los tiempos de respuesta de las autoridades.
Esto, porque antes de atender un llamado como el de anoche, cuando los elementos de la Policía de Tlajomulco y la Fiscalía del Estado atendieron una supuesta llamada hecha a un colectivo de madres buscadoras dando aviso sobre restos humanos en un predio del municipio, los agentes deberán cerciorarse si en efecto se trata de un llamado de auxilio o una trampa.
“Lo que vemos es que los cuerpos de seguridad no conocen los protocolos para poder investigar algún hecho ilícito reportado como tal. Se presentan en la zona y caen en las trampas, lo que va a provocar, y ya provocó, por lo menos en Guanajuato, que los tiempos de respuesta de la autoridad frente a los llamados de la ciudadanía se alarguen porque tienen miedo”, advirtió.
Saucedo señala, además, que estas acciones de narcoterrorismo no son nuevas, sino que se han visto a lo largo del sexenio como el atentado al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; las amenazas en contra de civiles por parte del cártel de Sinaloa en el llamado “Culiacanazo” o el incendio de una veintena de tiendas Oxxo en Guanajuato el año pasado en el operativo contra Ricardo Ruiz Velazco “El R2”.
Sin embargo, a diferencia de esas acciones que eran en respuesta a operaciones de las autoridades, las de ahora, estimó, son para propósitos más regionales. “Aquí ya vemos un esquema de atacar a la policía de Celaya, de erosionarla. En el caso de Tlajomulco, la impresión que da es que se quería ‘calentar la plaza’, pero ya estamos hablando de objetivos de menor nivel, de menor calado”, apuntó.
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Javier Oliva Posada, académico de la UNAM y también experto en temas de seguridad, consideró en cambio que los explosivos en Jalisco, el coche bomba y ataques armados en Celaya, así como en Nuevo León o Guerrero, no constituyen terrrorismo, ya que para ser calificados como tal debería cumplir con otras implicaciones de carácter internacional y social.
“(Los grupos criminales) pueden utilizar técnicas que generen terror pero no es terrorismo, o sea hay que distinguirlo muy bien porque el concepto terrorismo tiene implicaciones incluso internacionales y tiene reivindicaciones de carácter social que los delincuentes de ninguna manera tienen”, dijo a El Sol de México.
“El objetivo de aterrorizar a la sociedad es justamente para paralizar sus acciones y demostrar que ni las autoridades ni sus enemigos, los integrantes de las otras organizaciones criminales, tienen forma de pararlos”, agregó.
Bajo su perspectiva, el que cada vez haya más agresiones de este tipo tiene que ver con la evolución de los grupos criminales, los cuales han aprovechado tecnologías y el internet para conocer cómo ensamblar y fabricar artefactos explosivos de largo alcance o remotos, lo que dificulta que puedan ser sancionados por las autoridades.
En tanto, advirtió que si no existen sanciones en contra de las personas que agreden directamente a los elementos de seguridad, como ocurrió en Guerrero a inicio de semana cuando pobladores retuvieron a 13 elementos y funcionarios y robaron un vehículo blindado, es que conforme pase el tiempo habrá más acciones similares.
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“Tú no puedes robarte o tomar momentáneamente un vehículo como un Rino, un vehículo antimotines, proyectarlo contra las puertas de seguridad del Palacio de Gobierno del Estado y que no pase nada, no hay un solo detenido tampoco, es lo que yo llamo la pedagogía de la impunidad”, concluyó.
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