/ lunes 10 de julio de 2023

CNDH contradice a AMLO sobre casos de tortura y crueldad: hay 81 quejas

Los casos corresponden a 22 entidades ocurridos a abril de este año; ONG critica bajo número de sentencias

La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades en contra de las y los ciudadanos persisten en nuestro país. El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SN) registra al menos 81 casos de enero a abril del presente año.

La plataforma, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reporta quejas en 22 de las 32 entidades del país, es decir, en dos terceras partes del territorio nacional con uno o más casos.

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Este registro oficial contrasta con las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en México no hay tortura. Así lo expuso en el Quinto aniversario del triunfo de Morena y en marzo pasado, para descalificar un informe de Estados Unidos sobre las bajas tasas en el país para enjuiciar la tortura.

En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”, dijo el pasado 26 de marzo durante su conferencia matutina sobre el informe de derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado de EU.

“A diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco, que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico, tampoco existe hoy en México un narco Estado como lo padecimos”, acotó López Obrador el 1 de julio en el Zócalo.

La base de datos de la CNDH indica que hay 81 quejas por presuntos actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas este año. La entidad con más acusaciones es la Ciudad de México, con tres reportes de tortura y siete por tratos crueles.

En segundo lugar se ubica el Estado de México, con tres quejas por tortura y cinco por tratos crueles y en tercer sitio, Veracruz con tres acusaciones por tortura y cuatro por tratos crueles o inhumanos. Las autoridades de Jalisco acumulan tres quejas de cada tipo.

Durante la administración del presidente López Obrador, la CNDH ha recibido un total de 874 quejas por presuntos actos de tortura o tratos crueles, tiempo en el que ha emitido 44 recomendaciones a las autoridades, pero sólo cuatro de estas son por hechos ocurridos durante este sexenio.

Además, según solicitudes de información realizadas por el Observatorio contra la Tortura, el cual agrupa a seis organizaciones de derechos humanos, en 2022 se abrieron al menos cinco mil 500 investigaciones por tortura, de las cuales se judicializaron 82, es decir, apenas 0.82 por ciento.

Natalia Pérez Cordero, investigadora del programa de Derechos Humanos de la organización Fundar, indicó que estos datos son un buen indicativo de algunos avances tras la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2017, pues hay más personas que denuncian.

Destacó que aún hay un pendiente en el país en torno al acceso a la justicia y el combate a la impunidad, pues a pesar de que en todos los estados del país existe una Fiscalía especializada en la materia, únicamente hay cuatro sentencias.

La tortura sigue subsistiendo en México y mientras no tengamos una política pública nacional que la combata y que ponga sus esfuerzos en prevenirla, esto no va a terminar, es decir, la tortura no se acaba por decreto, sino combatiéndola y combatiendo la impunidad, dejando el mensaje claro de (que) en México si se cometen torturas se castiga”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Ángel María Salvador, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, coincidió con Pérez Cordero, pues aunque en el país existen leyes que garantizan los derechos humanos de las personas, el mayor problema, acotó, es que no hay consecuencias si no se cumplen.

En entrevista con este diario, advirtió que uno de los principales fallos de la Ley General es que carece de un mecanismo de rendición de cuentas que ayudaría a establecer consecuencias a quien no cumpla con la norma.

“El hecho de que se esté monitoreando, que se esté rindiendo cuentas por la aplicación de la ley, eso debería llevar a que si no se están cumpliendo las obligaciones, que haya una consecuencia, si hay alguien que obstaculiza las investigaciones de tortura, pues que esa persona tenga que asumir las consecuencias”, destacó.

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Hace cinco años se acordó que la Fiscalía General de la República debía publicar un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, lo cual no ha ocurrido, dijo, pese a los llamados de las organizaciones civiles.

El especialista de Documenta hizo un llamado para dimensionar que más allá de las altas cifras, quienes padecen estas prácticas son personas, mientras que sus agresores no son otros civiles, sino funcionarios, como policías, militares, jueces, médicos, agentes penitenciarios y migratorios, por lo que este “delito tiene una relevancia pública y es un acto que se le atribuye a la autoridad”.

La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades en contra de las y los ciudadanos persisten en nuestro país. El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SN) registra al menos 81 casos de enero a abril del presente año.

La plataforma, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reporta quejas en 22 de las 32 entidades del país, es decir, en dos terceras partes del territorio nacional con uno o más casos.

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Este registro oficial contrasta con las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en México no hay tortura. Así lo expuso en el Quinto aniversario del triunfo de Morena y en marzo pasado, para descalificar un informe de Estados Unidos sobre las bajas tasas en el país para enjuiciar la tortura.

En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”, dijo el pasado 26 de marzo durante su conferencia matutina sobre el informe de derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado de EU.

“A diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco, que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico, tampoco existe hoy en México un narco Estado como lo padecimos”, acotó López Obrador el 1 de julio en el Zócalo.

La base de datos de la CNDH indica que hay 81 quejas por presuntos actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas este año. La entidad con más acusaciones es la Ciudad de México, con tres reportes de tortura y siete por tratos crueles.

En segundo lugar se ubica el Estado de México, con tres quejas por tortura y cinco por tratos crueles y en tercer sitio, Veracruz con tres acusaciones por tortura y cuatro por tratos crueles o inhumanos. Las autoridades de Jalisco acumulan tres quejas de cada tipo.

Durante la administración del presidente López Obrador, la CNDH ha recibido un total de 874 quejas por presuntos actos de tortura o tratos crueles, tiempo en el que ha emitido 44 recomendaciones a las autoridades, pero sólo cuatro de estas son por hechos ocurridos durante este sexenio.

Además, según solicitudes de información realizadas por el Observatorio contra la Tortura, el cual agrupa a seis organizaciones de derechos humanos, en 2022 se abrieron al menos cinco mil 500 investigaciones por tortura, de las cuales se judicializaron 82, es decir, apenas 0.82 por ciento.

Natalia Pérez Cordero, investigadora del programa de Derechos Humanos de la organización Fundar, indicó que estos datos son un buen indicativo de algunos avances tras la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2017, pues hay más personas que denuncian.

Destacó que aún hay un pendiente en el país en torno al acceso a la justicia y el combate a la impunidad, pues a pesar de que en todos los estados del país existe una Fiscalía especializada en la materia, únicamente hay cuatro sentencias.

La tortura sigue subsistiendo en México y mientras no tengamos una política pública nacional que la combata y que ponga sus esfuerzos en prevenirla, esto no va a terminar, es decir, la tortura no se acaba por decreto, sino combatiéndola y combatiendo la impunidad, dejando el mensaje claro de (que) en México si se cometen torturas se castiga”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Ángel María Salvador, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, coincidió con Pérez Cordero, pues aunque en el país existen leyes que garantizan los derechos humanos de las personas, el mayor problema, acotó, es que no hay consecuencias si no se cumplen.

En entrevista con este diario, advirtió que uno de los principales fallos de la Ley General es que carece de un mecanismo de rendición de cuentas que ayudaría a establecer consecuencias a quien no cumpla con la norma.

“El hecho de que se esté monitoreando, que se esté rindiendo cuentas por la aplicación de la ley, eso debería llevar a que si no se están cumpliendo las obligaciones, que haya una consecuencia, si hay alguien que obstaculiza las investigaciones de tortura, pues que esa persona tenga que asumir las consecuencias”, destacó.

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Hace cinco años se acordó que la Fiscalía General de la República debía publicar un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, lo cual no ha ocurrido, dijo, pese a los llamados de las organizaciones civiles.

El especialista de Documenta hizo un llamado para dimensionar que más allá de las altas cifras, quienes padecen estas prácticas son personas, mientras que sus agresores no son otros civiles, sino funcionarios, como policías, militares, jueces, médicos, agentes penitenciarios y migratorios, por lo que este “delito tiene una relevancia pública y es un acto que se le atribuye a la autoridad”.

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