En los últimos cinco años incrementó la nómina magisterial de quienes ocupan un cargo de elección popular o realizan labores sindicales en el país.
Mientras hace cinco años la nómina de maestros en tareas político-sindicales tuvo un costo para el erario de 199.4 mil pesos, en el primer trimestre de este año la cifra ascendió a 741.1 mil pesos, revela una revisión de El Sol de México a la nómina magisterial.
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Los datos en 31 entidades indican que no todos los maestros recibieron pagos en la nómina magisterial; la mayoría obtuvo una licencia sin goce de salario, pero sí hay un grupo reducido que recibió un pago por realizar una labor ajena a la docencia.
Tener un número importante de trabajadores en labores político-sindicales no necesariamente implica el mayor gasto. Tal es el caso de Colima que es la entidad con una mayor erogación para esos propósitos al destinar 201.2 mil pesos en el primer trimestre de este año.
Mientras en el primer trimestre de 2018 la nómina de las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en el país registró 27 mil 270 profesores con una licencia por comisión sindical o cargo de elección popular, para el primer trimestre de 2023 esa cifra subió a 47 mil 552 personas en esas labores.
Significa que aumentó 74 por ciento la cantidad de personas que dejaron las aulas para participar como candidatos a munícipes y legisladores entre otros, pero también para desempeñarse dentro de sus organizaciones sindicales, se encontró en la revisión comparativa al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).
La nómina tiene registro de un millón 73 mil 495 trabajadores pagados a través de ese fondo en el país, 63.5 por ciento corresponde a mujeres y el 36.5 por ciento restante a hombres.
En la más reciente revisión a la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al gobierno lopezobradorista “verificar constantemente los registros del personal comisionados al sindicato, y centros de trabajo no financiables para evitar el pago con recursos del Fone”.
A fin de evitar irregularidades en ese fondo recomendó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública que “coordinadamente valoren de forma jurídica el pago de los funcionarios del primero a tercer nivel, como secretarios de Educación, subsecretarios y oficial mayor u homólogos, gestionar con las entidades federativas la depuración de las nóminas educativas, con el fin de erradicar en su totalidad los pagos improcedentes”.
En opinión de Pedro Flores, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, “el gobierno sigue utilizando al maestro como carne de cañón política, como un activo político y eso le resta autonomía y dignidad al maestro”.
Explicó que regresar al escenario previo a la reforma educativa durante la gestión del expresidente Felipe Calderón, en donde organizaciones de la sociedad impulsaron transparentar la nómina magisterial ratifica que “la lógica de este gobierno es clientelar, es política”.
En el marco del Día del Maestro, el académico consideró que en los últimos cinco años “no ha habido revalorización magisterial, sino un manejo corporativo de los profesores con un discurso romántico, quitándoles recursos reales para concentrarlos en los triunfos político-electorales”.
PARTICIPACIÓN ELECTORAL
En la reforma educativa de hace una década, del entonces presidente Enrique Peña Nieto, se profundizó la vigilancia para que los comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se redujeran y los maestros regresaran a realizar tareas docentes al aula.
Para ese propósito, junto con la Cámara de Diputados, se establecieron medidas para la rendición de cuentas de las entidades a fin de reportar de forma trimestral las altas, bajas y funciones de maestros para el pago de la nómina.
En la revisión a tres diferentes años en la nómina magisterial se encontraron incrementos significativos de ese interés político electoral.
Tan solo en el Estado de México, donde se asienta la presencia del SNTE y la CNTE, la cantidad de docentes con cargos políticos o sindicales pasó de seis mil 730 en 2018 a 12 mil 247 para la elección intermedia de 2021 a 13 mil 525 al inicio de este año, en el que habrá renovación del gobernador.
Esa tendencia no se observa en Coahuila, donde también existe un proceso electoral, dado que si en 2018 solo 149 personas tenían esa identidad en la nómina para 2023 se redujo a 124.
Los datos revelan que previo a la elección intermedia de 2021, la nómina magisterial ya resentía esa prioridad político-sindical sobre la docencia, puesto que para entonces el Estado de México se mantenía a la cabeza con 12 mil 247 profesores.
Desde el año pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició la federalización de la nómina magisterial en el país, ante las dificultades de algunos gobiernos para enfrentar el pago al personal de la educación básica.
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En la revisión de la Auditoría al ejercicio de 2021 se encontraron diversas irregularidades, al igual que ha ocurrido en otros años, pero en ese año operó para recuperar 404.9 millones de pesos y el pago a trabajadores que tuvieron un cargo de elección representaron el 0.1 por ciento.
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