/ martes 4 de diciembre de 2018

Publican decreto para crear comisión de la verdad en caso Ayotzinapa

El decreto instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso

A más tardar en un mes, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deberán integrar la comisión especial de atención al caso Ayotzinapa con atribuciones para integrar la comisión especial con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, y reconducir las investigaciones que se realizaron en la pasada administración.

El decreto fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia.

El documento refiere que el titular del Ejecutivo Federal, tiene el compromiso, frente a la sociedad en general y de los familiares del caso Ayotzinapa en particular, de proveer, dentro del marco de la legalidad, todo lo que se requiera para esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, del año 2014, en el Estado de Guerrero; donde desaparecieron de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" y murieron seis personas, incluyendo a tres normalistas.

“Han trascendido a la opinión pública en general, nacional e internacional, como una de las más graves violaciones a derechos humanos de la historia reciente de nuestro país por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su oficina en México; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Poder Judicial de la Federación, desde sus respectivos ámbitos de competencia, han cuestionado la investigación inicialmente realizada por la Procuraduría General de la República”.

López Obrado sostiene que su administración tiene claro que no habrá justicia plena si no se sabe la verdad, “es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, por ello, ordenó la conformación de la comisión que contribuya al fortalecimiento del derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad.

Dicha comisión será la encargada de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, como parte coadyuvante de las investigaciones realizadas por la PGR de todos los recursos materiales y humanos que se requieran para fortalecer el ejercicio del derecho que tienen para que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente, a satisfacción de los ofendidos y de la sociedad en general.

Recalca que las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, instalarán la Comisión.



A más tardar en un mes, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deberán integrar la comisión especial de atención al caso Ayotzinapa con atribuciones para integrar la comisión especial con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, y reconducir las investigaciones que se realizaron en la pasada administración.

El decreto fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia.

El documento refiere que el titular del Ejecutivo Federal, tiene el compromiso, frente a la sociedad en general y de los familiares del caso Ayotzinapa en particular, de proveer, dentro del marco de la legalidad, todo lo que se requiera para esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, del año 2014, en el Estado de Guerrero; donde desaparecieron de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" y murieron seis personas, incluyendo a tres normalistas.

“Han trascendido a la opinión pública en general, nacional e internacional, como una de las más graves violaciones a derechos humanos de la historia reciente de nuestro país por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su oficina en México; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Poder Judicial de la Federación, desde sus respectivos ámbitos de competencia, han cuestionado la investigación inicialmente realizada por la Procuraduría General de la República”.

López Obrado sostiene que su administración tiene claro que no habrá justicia plena si no se sabe la verdad, “es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, por ello, ordenó la conformación de la comisión que contribuya al fortalecimiento del derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad.

Dicha comisión será la encargada de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, como parte coadyuvante de las investigaciones realizadas por la PGR de todos los recursos materiales y humanos que se requieran para fortalecer el ejercicio del derecho que tienen para que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente, a satisfacción de los ofendidos y de la sociedad en general.

Recalca que las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, instalarán la Comisión.



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