/ martes 4 de abril de 2023

Directores del INM tienen perfil penitenciario

El comisionado y tres titulares de área cuentan con experiencia en readaptación social; reservan información de una dirección general

De los siete funcionarios que encabezan las direcciones generales o la cúpula del Instituto Nacional de Migración (INM), cuatro cuentan con trayectoria en el sistema penitenciario, incluido el comisionado Francisco Garduño Yáñez.

Garduño dirigió el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 14 de junio de 2019, el cual se encarga de la política penitenciaria nacional, y dos de sus actuales directores también trabajaron en este ente, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Se trata de Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio, quien se desempeñaba como director de área de Imagen Institucional del OADPRS, en el sexenio anterior, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de

Transparencia. Este servidor no tiene registro como funcionario público en la plataforma Nómina Transparente ni en el sistema Declaranet, ambos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del INM, ha desempeñado distintos cargos en el OADPRS desde 2013. Según la ficha curricular de su última declaración patrimonial, fue director general y coordinador general de centros penitenciarios de ese organismo entre 2013 y 2018.

Antes, de 1997 a 2001, se desempeñó como subdirector jurídico en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De 2007 a 2011, fue director general de Prevención y Readaptación Social del penal de Durango.

En 2019 y ya bajo la dirección de Garduño, quien también fue responsable de los reclusorios en la Ciudad de México en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno, Molina Díaz se sumó al INM, un órgano técnico de la Secretaría de Gobernación que está bajo lupa por los 40 migrantes muertos a causa de un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo, donde el principal reclamo es que no se permitió la salida de los indocumentados.

Ruth Villanueva Castilleja, directora general de Protección al Migrante y Vinculación, también tiene experiencia en desarrollo penitenciario. Según datos de su última declaración patrimonial, la funcionaria fue, entre 2013 y 2014, directora general de Política y Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y de 2015 a 2018 laboró en la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2012, se desempeñó como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). También fue presidenta del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública de 1996 a 2002.

Los tres altos funcionarios del INM que no han trabajado en el sistema penitenciario son Alejandro Tagle Marroquín, subcomisionado Jurídico desde 2021; Héctor Martínez Castuera, director general de Coordinación de Oficinas de Representación; y Alfredo Hernández García, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Tagle Marroquín trabajó en la Secretaría De Transportes y Vialidad del otrora Distrito Federal, y la Auditoría Superior de la capital, mientras que Martínez Castuera fue secretario de administración del Tecnológico Nacional de México y ocupó diversos cargos en el IPN.

En tanto, Alfredo Hernández García, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, fue titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera, sin embargo, fue inhabilitado por ejercicio indebido del servicio público por tres años, y al concluir su suspensión ingresó al INM.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay algunas anomalías en los perfiles del personal del Instituto Nacional de Migración y en sus manuales, los cuales no están actualizados.

Al revisar la Cuenta Pública de 2021, examinó 102 currículos de funcionarios del INM y detectó que siete servidores públicos no acreditaron el nivel académico requerido (posgrado), cinco no probaron los años de experiencia requeridos y uno no acreditó el área de estudio solicitado.

Además, en seis casos se reservó la información, contrario a lo previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Uno de los perfiles reservados, de acuerdo con una revisión a la PNT que realizó El Sol de México, corresponde a la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, cuyo titular no se conoce públicamente.

El INM tampoco contó con los formatos de descripción de puestos para cuatro direcciones de área, pertenecientes a la Oficina del Comisionado (Dirección de Servicios Operativos, Coordinador de Administración de recursos, Dirección de Vinculación para la Atención y Protección a Migrantes y la Dirección de Estrategia Institucional y Agenda Pública). Además, en nueve casos las cédulas o perfiles del puesto carecían de las competencias o capacidades requeridas, en estas aparecía la leyenda de “no aplica”.

El órgano fiscalizador determinó, además, que el INM no cuenta con un programa formal de supervisión en sus políticas de regulación migratoria y, hasta el año 2020, no había acreditado que el personal que labora en este organismo haya recibido capacitación para la ejecución de trámites migratorios.

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De acuerdo con un requerimiento de información a ese ente, a través de un informe de auditoría solicitado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia a cargo de Roberto Salcedo Aquino señaló que el INM no acreditó que se hayan realizado programas para la construcción y diseño de indicadores de desempeño en el ejercicio 2020.

En la auditoría de desempeño a la Dirección de Regulación Migratoria del INM, se dijo que esta “no cuenta con un programa trimestral de visitas de supervisión y acciones de difusión que permita medir de manera correcta sus acciones de difusión en materia de regulación migratoria”.



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De los siete funcionarios que encabezan las direcciones generales o la cúpula del Instituto Nacional de Migración (INM), cuatro cuentan con trayectoria en el sistema penitenciario, incluido el comisionado Francisco Garduño Yáñez.

Garduño dirigió el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 14 de junio de 2019, el cual se encarga de la política penitenciaria nacional, y dos de sus actuales directores también trabajaron en este ente, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sigue leyendo: EU cambia requisitos de la visa y no hará entrevistas para quienes cumplan estas condiciones

Se trata de Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio, quien se desempeñaba como director de área de Imagen Institucional del OADPRS, en el sexenio anterior, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de

Transparencia. Este servidor no tiene registro como funcionario público en la plataforma Nómina Transparente ni en el sistema Declaranet, ambos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del INM, ha desempeñado distintos cargos en el OADPRS desde 2013. Según la ficha curricular de su última declaración patrimonial, fue director general y coordinador general de centros penitenciarios de ese organismo entre 2013 y 2018.

Antes, de 1997 a 2001, se desempeñó como subdirector jurídico en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De 2007 a 2011, fue director general de Prevención y Readaptación Social del penal de Durango.

En 2019 y ya bajo la dirección de Garduño, quien también fue responsable de los reclusorios en la Ciudad de México en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno, Molina Díaz se sumó al INM, un órgano técnico de la Secretaría de Gobernación que está bajo lupa por los 40 migrantes muertos a causa de un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo, donde el principal reclamo es que no se permitió la salida de los indocumentados.

Ruth Villanueva Castilleja, directora general de Protección al Migrante y Vinculación, también tiene experiencia en desarrollo penitenciario. Según datos de su última declaración patrimonial, la funcionaria fue, entre 2013 y 2014, directora general de Política y Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y de 2015 a 2018 laboró en la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2012, se desempeñó como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). También fue presidenta del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública de 1996 a 2002.

Los tres altos funcionarios del INM que no han trabajado en el sistema penitenciario son Alejandro Tagle Marroquín, subcomisionado Jurídico desde 2021; Héctor Martínez Castuera, director general de Coordinación de Oficinas de Representación; y Alfredo Hernández García, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Tagle Marroquín trabajó en la Secretaría De Transportes y Vialidad del otrora Distrito Federal, y la Auditoría Superior de la capital, mientras que Martínez Castuera fue secretario de administración del Tecnológico Nacional de México y ocupó diversos cargos en el IPN.

En tanto, Alfredo Hernández García, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, fue titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera, sin embargo, fue inhabilitado por ejercicio indebido del servicio público por tres años, y al concluir su suspensión ingresó al INM.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay algunas anomalías en los perfiles del personal del Instituto Nacional de Migración y en sus manuales, los cuales no están actualizados.

Al revisar la Cuenta Pública de 2021, examinó 102 currículos de funcionarios del INM y detectó que siete servidores públicos no acreditaron el nivel académico requerido (posgrado), cinco no probaron los años de experiencia requeridos y uno no acreditó el área de estudio solicitado.

Además, en seis casos se reservó la información, contrario a lo previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Uno de los perfiles reservados, de acuerdo con una revisión a la PNT que realizó El Sol de México, corresponde a la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, cuyo titular no se conoce públicamente.

El INM tampoco contó con los formatos de descripción de puestos para cuatro direcciones de área, pertenecientes a la Oficina del Comisionado (Dirección de Servicios Operativos, Coordinador de Administración de recursos, Dirección de Vinculación para la Atención y Protección a Migrantes y la Dirección de Estrategia Institucional y Agenda Pública). Además, en nueve casos las cédulas o perfiles del puesto carecían de las competencias o capacidades requeridas, en estas aparecía la leyenda de “no aplica”.

El órgano fiscalizador determinó, además, que el INM no cuenta con un programa formal de supervisión en sus políticas de regulación migratoria y, hasta el año 2020, no había acreditado que el personal que labora en este organismo haya recibido capacitación para la ejecución de trámites migratorios.

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De acuerdo con un requerimiento de información a ese ente, a través de un informe de auditoría solicitado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia a cargo de Roberto Salcedo Aquino señaló que el INM no acreditó que se hayan realizado programas para la construcción y diseño de indicadores de desempeño en el ejercicio 2020.

En la auditoría de desempeño a la Dirección de Regulación Migratoria del INM, se dijo que esta “no cuenta con un programa trimestral de visitas de supervisión y acciones de difusión que permita medir de manera correcta sus acciones de difusión en materia de regulación migratoria”.



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