/ sábado 20 de enero de 2024

Eliminan programas contra adicciones en cárceles estatales

En 2019, 51% de los penales carecían de planes contra drogas; en 2022 la cifra subió a 71%

Siete de cada 10 cárceles administradas por los gobiernos estatales, donde hay más de 200 mil personas privadas de la libertad, carecen total o parcialmente de programas para prevenir las adicciones o de desintoxicación voluntaria.

De acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 71.7 por ciento de 237 centros estatales de reinserción social visitados presentan insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. En el país hay 273 prisiones estatales.

La cifra es mayor que en 2019, cuando 51.9 por ciento de las cárceles estatales carecían de programas de rehabilitación. El número se redujo en 2021, cuando 48.6 por ciento estaban en esa situación, pero el problema repuntó en 2021 al pasar a 76.8 por ciento la cifra de prisiones con deficiencias en el tema y para 2022 esta fue de 71.7 por ciento. El dato de 2023 se conocerá durante este año.

En el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualizado al 8 de enero de este año, se menciona que 81 mil 930 personas presas en las cárceles federales y estatales del país, es decir, 36.2 por ciento, tiene adicción a alguna sustancia psicoactiva.

Esta situación se presenta pese a que los centros penitenciarios estatales registraron un incremento presupuestal de casi tres mil millones de pesos, al pasar de 17 mil 909 millones de pesos en 2021 a 20 mil 650 para 2022, según cifras del Inegi.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró en el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria la urgencia de humanizar el sistema carcelario y que uno de los temas para alcanzar ese objetivo es “garantizar una debida atención de las farmacodependencias”.

Según el Censo penitenciario del Inegi, el tabaco fue la sustancia con mayor porcentaje de adicción entre las personas privadas de la libertad a nivel estatal y federal, con un registro de 47.8 por ciento.

Le sigue el alcohol, con 36.7 por ciento de reos que dijeron consumirlo; marihuana, 33.2 por ciento; estimulantes tipo anfetamínico (drogas de diseño como tachas, éxtasis, cristal), 16.5 por ciento y cocaína (incluyendo sus formas, como polvo, pasta base y pasta de coca), con 11.9 por ciento, entre otras sustancias.

La suma de los porcentajes es distinta a 100 por ciento debido a que una persona presa pudo presentar adicción a una o más sustancias, indicó el Inegi.

Nadia Robles, directora de Programas Nacionales de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), destacó la relevancia de que la población privada de su libertad tenga acceso a tratamiento por consumo de sustancias, pues es parte de la rehabilitación integral.

“Si bien debemos desmitificar la idea de que una persona que consume sustancias invariablemente cometerá un delito nuevamente, es cierto que el uso de sustancias impacta en la salud física y mental y limita los alcances, que podrían tener una serie de medidas, para mejorar la calidad de vida de las personas”, añadió.

La Conasama colabora con el sistema penitenciario de la CdMx para brindar capacitación en prevención de adicciones, salud mental y prevención del suicidio.

“Existen experiencias en las que algunos reclusorios implantan modelos de tratamiento en salud mental y adicciones y, sin duda, mejoran las perspectivas de reinserción social de su población”, dijo.

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Según el documento Un modelo de reinserción social, de la CNDH, para los internos que presentan algún tipo de adicción, “es importante contar con programas de atención y seguimiento especializados para la promoción de cambios conductuales que pueden ser instrumentadas a través de la asistencia y participación periódica en sesiones individuales y grupales programadas”.

Ello, con la finalidad de la “promoción de la recuperación y un estilo de vida social saludable y positivo”, a fin de que “las terapias de tipo psicosocial, combinadas con un adecuado tratamiento clínico para la desintoxicación y los síntomas asociados a ésta, ayuden a que la persona privada de la libertad pueda paulatinamente erradicar la adicción”.

En el diagnóstico, la CNDH detectó que la mayoría de las prisiones estatales carecen de ese tipo de servicios o están ausentes en casi todas sus cárceles.

Siete de cada 10 cárceles administradas por los gobiernos estatales, donde hay más de 200 mil personas privadas de la libertad, carecen total o parcialmente de programas para prevenir las adicciones o de desintoxicación voluntaria.

De acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 71.7 por ciento de 237 centros estatales de reinserción social visitados presentan insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. En el país hay 273 prisiones estatales.

La cifra es mayor que en 2019, cuando 51.9 por ciento de las cárceles estatales carecían de programas de rehabilitación. El número se redujo en 2021, cuando 48.6 por ciento estaban en esa situación, pero el problema repuntó en 2021 al pasar a 76.8 por ciento la cifra de prisiones con deficiencias en el tema y para 2022 esta fue de 71.7 por ciento. El dato de 2023 se conocerá durante este año.

En el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualizado al 8 de enero de este año, se menciona que 81 mil 930 personas presas en las cárceles federales y estatales del país, es decir, 36.2 por ciento, tiene adicción a alguna sustancia psicoactiva.

Esta situación se presenta pese a que los centros penitenciarios estatales registraron un incremento presupuestal de casi tres mil millones de pesos, al pasar de 17 mil 909 millones de pesos en 2021 a 20 mil 650 para 2022, según cifras del Inegi.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró en el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria la urgencia de humanizar el sistema carcelario y que uno de los temas para alcanzar ese objetivo es “garantizar una debida atención de las farmacodependencias”.

Según el Censo penitenciario del Inegi, el tabaco fue la sustancia con mayor porcentaje de adicción entre las personas privadas de la libertad a nivel estatal y federal, con un registro de 47.8 por ciento.

Le sigue el alcohol, con 36.7 por ciento de reos que dijeron consumirlo; marihuana, 33.2 por ciento; estimulantes tipo anfetamínico (drogas de diseño como tachas, éxtasis, cristal), 16.5 por ciento y cocaína (incluyendo sus formas, como polvo, pasta base y pasta de coca), con 11.9 por ciento, entre otras sustancias.

La suma de los porcentajes es distinta a 100 por ciento debido a que una persona presa pudo presentar adicción a una o más sustancias, indicó el Inegi.

Nadia Robles, directora de Programas Nacionales de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), destacó la relevancia de que la población privada de su libertad tenga acceso a tratamiento por consumo de sustancias, pues es parte de la rehabilitación integral.

“Si bien debemos desmitificar la idea de que una persona que consume sustancias invariablemente cometerá un delito nuevamente, es cierto que el uso de sustancias impacta en la salud física y mental y limita los alcances, que podrían tener una serie de medidas, para mejorar la calidad de vida de las personas”, añadió.

La Conasama colabora con el sistema penitenciario de la CdMx para brindar capacitación en prevención de adicciones, salud mental y prevención del suicidio.

“Existen experiencias en las que algunos reclusorios implantan modelos de tratamiento en salud mental y adicciones y, sin duda, mejoran las perspectivas de reinserción social de su población”, dijo.

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Según el documento Un modelo de reinserción social, de la CNDH, para los internos que presentan algún tipo de adicción, “es importante contar con programas de atención y seguimiento especializados para la promoción de cambios conductuales que pueden ser instrumentadas a través de la asistencia y participación periódica en sesiones individuales y grupales programadas”.

Ello, con la finalidad de la “promoción de la recuperación y un estilo de vida social saludable y positivo”, a fin de que “las terapias de tipo psicosocial, combinadas con un adecuado tratamiento clínico para la desintoxicación y los síntomas asociados a ésta, ayuden a que la persona privada de la libertad pueda paulatinamente erradicar la adicción”.

En el diagnóstico, la CNDH detectó que la mayoría de las prisiones estatales carecen de ese tipo de servicios o están ausentes en casi todas sus cárceles.

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