En México está prohibido el trabajo de los menores de 15 años por la Constitución y así, son 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes que se ocupan en labores, sobre todo en el campo, donde hay más trabajo permitido y no permitido sobre todo en la agricultura de exportación.
De 28.4 millones de menores de edad en el país, el 7.5 por ciento trabaja en ocupaciones no permitidas según se puso de manifiesto en la Reunión Conjunta en la Red Nacional de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) y la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra).
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En reunión conjunta con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su director para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, de funcionarios del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, se firmó el Pacto del Mayab.
Su objetivo es crear un impacto inmediato en la vida de niñas, niños y adolescentes, para garantizar sus derechos e inhibir todas las prácticas de trabajo infantil en el país, dijo el titular del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López.
Agradeció a los servidores públicos del INEGI por toda la información sobre el trabajo infantil “que nos ayuda a construir esta realidad para construir así las acciones hacia adelante”.
Sostuvo que en México, el trabajo infantil está prohibido. “Y en ese sentido es lo que nos promueve para abonar la construcción de un mejor escenario que perita alcanzar mejores condiciones de bienestar en todo el país”.
Para la erradicación del trabajo infantil, dijo además: “En la Secretaría del Trabajo tenemos muchísimos instrumentos y la voluntad para reducir este fenómeno”.
Y pidió que no solo se involucren dependencias federales, estatales y municipales sino que esta estrategia de sensibilizar al sector empleador “en donde ha habido mucha sensibilidad pero tenemos que seguir adelante. Sabemos cuál es el reto que tenemos por delante”.
A su vez, el titular de la Unidad de Trabajo Digno, en esta sesión conjunta de la Conasetra y la Reunión anual de la Red Nacional de CITI, Alejandro Salafranca Vázquez, dijo que para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el trabajo infantil no es un tema menor.
“Por el contrario es un asunto de importancia mayúscula porque su persistencia en nuestro mercado laboral, constituye una violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Además, de que limita su desarrollo físico, psicológico y educativo”.
Acerca de la definición de trabajo infantil, dijo que es la participación de una niña, un niño o un adolescente en forma de trabajos prohibidos. Se incluye a personas entre 5 y 17 años, que participaron en una o más de las actividades prohibidas que son las peligrosas por debajo de la mínima.
Carta magna y la LFT prohiben el trabajo infantil
Afirmó que tanto la Constitución en el Artículo 123, apartado A, fracción III y la Ley Federal del Trabajo, en su artículo22 bis es claro, contundente y nítido la prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad. Además, están los convenios, tratados internacionales, leyes y reglamentos que establecen la normatividad relativa al trabajo infantil y a la protección del trabajo de adolescentes en edad permitida.
Refirió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, de un total de 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes hay 2.1 millones de ellos involucrados en ocupaciones no permitidas.
Esto representa el 7.5 por ciento de esta población entre 5 y 7 años que realizan una actividad que no está permitida por ley y esto se traduce en algo más de dos millones de niñas, niños y adolescentes.
Señaló que a partir de esta radiografía, la STPS realiza acciones de distinta índole que deben incidir en la disminución “o mejor dicho, en la erradicación de esta práctica deleznable, pero de largo arraigo”.
Por ello preside la CITI que conforman 11 integrantes de la administración pública federal e invitados permanentes: la OIT, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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De la ENTI dijo Salafranca Vázquez, se financió por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y se creó con el apoyo técnico de la OIT.
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