/ lunes 31 de agosto de 2020

Justicia virtual, sin resoluciones y poca transparencia

El sistema judicial en México está en el papel listo para implementar los procesos virtuales, pero los esquemas de trabajo implementados no garantizan resoluciones vía remota


Dicen que la justicia no descansa, pero en el caso de México, la pandemia de coronavirus la puso en un raro estado de hibernación, pues los juzgados fueron cerrados por varios meses, debido a las restricciones de movilidad.

Sin embargo, algunas ramas del sistema judicial en el país ya contaban con alternativas para llevar la justicia al plano electrónico desde el lejano 2016, sin que se utilizaran de forma medianamente regular, hasta bien entrada la pandemia.

"México está en el papel listo para implementar procesos virtuales en el sistema judicial. En el Consejo de la Judicatura Federal, el de la Ciudad de México y el del Estado de México ya están muy bien establecidos los lineamientos para implementar la justicia online. En la justicia federal, desde la comodidad de mi computadora, puedo ver los escritos que presentan las partes procesales y los acuerdos a los que se llega, es decir, los mismos elementos que se integran en un expediente, pero en los sistemas de justicia oral, no hay para dónde hacerse, tenemos que acudir a la sala de justicia para llevar a cabo los actos y las audiencias”, mencionó el penalista Luis Simón Herrera Bazán San Martín, del despacho Herrera Bazán.

Los procedimientos virtuales empezaron en agosto y no hay resultados concretos. Y un día sí tienen atención al público y otro noLuis Simón Herrera Bazán / Abogado Penalista

Pero a pesar de que existe desde 2016 el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la posibilidad de realizar algunas partes del proceso vía internet, la reacción del sistema judicial capitalino fue muy lenta.

“En la Ciudad de México, los procedimientos virtuales empezaron el 3 de agosto y todavía no hay resultados concretos de este sistema. Y como traen la política de que un día sí tienen atención al público y otro día no, están muy lentos”, dijo.

Sin embargo, en el apartado de los amparos, es mucho más fácil llevar a cabo el proceso, añadió. “Bajo este sistema, he tenido juicios de amparo que duran tres meses, cuando generalmente tardan seis”.

La reapertura parcial de los juzgados del 3 de agosto causó filas multitudinarias de abogados e interesados, para ingresar a dar seguimiento a sus casos, al punto que en los Juzgados Familiares de la capital del país, la espera para ser atendidos en las oficinas superó dos horas y media.

Antes de esa fecha, el Poder Judicial del Estado de México sumó más de tres mil 570 audiencias de manera virtual, teniendo en promedio 51 de ellas diariamente, de acuerdo con el magistrado presidente, Ricardo Sodi Cuéllar.

Datos de la judicatura dicen que desde el pasado 20 de marzo se han llevado a cabo 66 divorcios, mil 270 juicios en línea, mil 183 preliberaciones, 566 sentencias virtuales, mil 55 órdenes de aprehensión concedidas, 376 órdenes de cateo y mil 700 expedientes hechos de forma remota.

Cientos de personas acudieron a los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx y esperaron hasta dos horas y media para ser atendidos / Foto: Cuartoscuro

PROBLEMAS SISTÉMICOS

La impartición de justicia en México enfrenta un problema sistémico que inicia con una cantidad insuficiente de jueces. En el país, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, en México apenas existen 2.17 jueces por cada 100 mil habitantes, contra casi 43 jueces en Eslovenia, el país con menos impunidad en el mundo.

A este problema hay que sumarle el paro que tuvieron los juzgados y el consecuente atraso en la resolución de casos en todas las áreas del derecho.

La Fase 3 de la contingencia sanitaria en México inició el 23 de marzo, pero fue hasta mayo cuando los juzgados iniciaron con los procesos legales a través de la tecnología, aunque no fue para todas las ramas de la justicia.

Desde ese mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancó la admisión vía electrónica, de los juicios como controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y litigios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, entre otros.

Las consultas de expedientes, como las promociones y las notificaciones, se realizan a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) o a través de la e.firma (antes FIEL). Las audiencias y comparecencias que deban llevarse a cabo serán a distancia, por medio del sistema de videoconferencias.

Sesionar a través de correos electrónicos, por más que se documente deja de ser una sesión pública, y se vulneran la certeza y seguridad jurídicaJanine Otálora / Magistrada

Incluso, la Corte comenzó a sesionar y resolver asuntos de trascendencia para el país a distancia, primero utilizando la plataforma Zoom y luego mediante una herramienta para videoconferencias adecuada para las necesidades del Poder Judicial de la Federación.

A decir del especialista Javier Martín Reyes, en nuestro país, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un polémico y curioso ejemplo sobre una sesión a distancia para desahogar asuntos vía correo electrónico, con pase de lista y verificación de quórum a través de envío, recepción y reenvío de e-mails.

Ante este ejemplo es importante destacar el voto particular conjunto de la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez en el que, entre otros argumentos, sostienen que “sesionar a través de correos electrónicos, por más que se documente deja de ser una sesión pública, lo cual ya contradice lo establecido en el artículo 99 constitucional y, al modificar dicha regla, se vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica que deben regir en la impartición de justicia”.

Desde la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal se promocionó y buscó impulsar a través de las redes sociales el uso de dichas herramientas tecnológicas para garantizar el acceso a la justicia de forma segura y rápida.

Pero la realidad fue que la aplicación para obtener la Firel registró fallas en las primeras semanas de su puesta en marcha, lo que ocasionó que muchos juicios de amparo se retrasaran o fueran rechazados en juzgados y tribunales.

Este diario hizo una prueba sobre el uso de la Firel para promover una demanda de amparo y, a pesar de que fue sencillo ingresar a la aplicación a través de un teléfono con sistema Android, para lograr generar la firma electrónica tuvieron que pasar cinco días debido a fallas en la aplicación. Situaciones similares se presentaron por espacio de 20 días y fueron reportadas por distintos usuarios vía Twitter.

Pero el retraso no se limita a México, pues fue también hasta mayo, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó con la presentación de argumentos orales vía teleconferencia por lo que los nueve jueces y los abogados participan de forma remota y con transmisión en vivo para los medios de comunicación interesados en las procesos legales.

Los juzgados iniciaron en mayo con los procesos virtuales, pero no en todas las ramas de la justicia / Foto: David Deolarte / La Prensa

POCA TRANSPARENCIA

Organizaciones como Transparencia Mexicana y TOJIL Estrategia contra la impunidad detectaron que los esquemas de trabajo y medidas de contingencia implementados por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales en la pandemia no garantizan la publicidad de sus resoluciones vía remota y en tiempo real, lo que compromete la transparencia en la impartición de justicia.

El 6 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal reanudó las sesiones de sus tribunales a través de videoconferencia. Sin embargo, únicamente se preveía que se grabaran y resguardaran los registros de esas sesiones para consultarse una vez que se regularizaran las labores del Poder Judicial tras la pandemia.

“Hasta este momento ni el Poder Judicial Federal ni los de las entidades federativas cuentan con mecanismos para garantizar la publicidad de las audiencias en materia penal, es decir, que se permita a la ciudadanía acceder a estas audiencias en tiempo real y vía remota, esto es preocupante debido a que se está violentando un derecho constitucional y porque puede dar cabida a una serie de arbitrariedades”, consideraron las organizaciones.

Con información de Mario Alavez | El Sol de México



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Dicen que la justicia no descansa, pero en el caso de México, la pandemia de coronavirus la puso en un raro estado de hibernación, pues los juzgados fueron cerrados por varios meses, debido a las restricciones de movilidad.

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"México está en el papel listo para implementar procesos virtuales en el sistema judicial. En el Consejo de la Judicatura Federal, el de la Ciudad de México y el del Estado de México ya están muy bien establecidos los lineamientos para implementar la justicia online. En la justicia federal, desde la comodidad de mi computadora, puedo ver los escritos que presentan las partes procesales y los acuerdos a los que se llega, es decir, los mismos elementos que se integran en un expediente, pero en los sistemas de justicia oral, no hay para dónde hacerse, tenemos que acudir a la sala de justicia para llevar a cabo los actos y las audiencias”, mencionó el penalista Luis Simón Herrera Bazán San Martín, del despacho Herrera Bazán.

Los procedimientos virtuales empezaron en agosto y no hay resultados concretos. Y un día sí tienen atención al público y otro noLuis Simón Herrera Bazán / Abogado Penalista

Pero a pesar de que existe desde 2016 el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la posibilidad de realizar algunas partes del proceso vía internet, la reacción del sistema judicial capitalino fue muy lenta.

“En la Ciudad de México, los procedimientos virtuales empezaron el 3 de agosto y todavía no hay resultados concretos de este sistema. Y como traen la política de que un día sí tienen atención al público y otro día no, están muy lentos”, dijo.

Sin embargo, en el apartado de los amparos, es mucho más fácil llevar a cabo el proceso, añadió. “Bajo este sistema, he tenido juicios de amparo que duran tres meses, cuando generalmente tardan seis”.

La reapertura parcial de los juzgados del 3 de agosto causó filas multitudinarias de abogados e interesados, para ingresar a dar seguimiento a sus casos, al punto que en los Juzgados Familiares de la capital del país, la espera para ser atendidos en las oficinas superó dos horas y media.

Antes de esa fecha, el Poder Judicial del Estado de México sumó más de tres mil 570 audiencias de manera virtual, teniendo en promedio 51 de ellas diariamente, de acuerdo con el magistrado presidente, Ricardo Sodi Cuéllar.

Datos de la judicatura dicen que desde el pasado 20 de marzo se han llevado a cabo 66 divorcios, mil 270 juicios en línea, mil 183 preliberaciones, 566 sentencias virtuales, mil 55 órdenes de aprehensión concedidas, 376 órdenes de cateo y mil 700 expedientes hechos de forma remota.

Cientos de personas acudieron a los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx y esperaron hasta dos horas y media para ser atendidos / Foto: Cuartoscuro

PROBLEMAS SISTÉMICOS

La impartición de justicia en México enfrenta un problema sistémico que inicia con una cantidad insuficiente de jueces. En el país, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, en México apenas existen 2.17 jueces por cada 100 mil habitantes, contra casi 43 jueces en Eslovenia, el país con menos impunidad en el mundo.

A este problema hay que sumarle el paro que tuvieron los juzgados y el consecuente atraso en la resolución de casos en todas las áreas del derecho.

La Fase 3 de la contingencia sanitaria en México inició el 23 de marzo, pero fue hasta mayo cuando los juzgados iniciaron con los procesos legales a través de la tecnología, aunque no fue para todas las ramas de la justicia.

Desde ese mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancó la admisión vía electrónica, de los juicios como controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y litigios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, entre otros.

Las consultas de expedientes, como las promociones y las notificaciones, se realizan a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) o a través de la e.firma (antes FIEL). Las audiencias y comparecencias que deban llevarse a cabo serán a distancia, por medio del sistema de videoconferencias.

Sesionar a través de correos electrónicos, por más que se documente deja de ser una sesión pública, y se vulneran la certeza y seguridad jurídicaJanine Otálora / Magistrada

Incluso, la Corte comenzó a sesionar y resolver asuntos de trascendencia para el país a distancia, primero utilizando la plataforma Zoom y luego mediante una herramienta para videoconferencias adecuada para las necesidades del Poder Judicial de la Federación.

A decir del especialista Javier Martín Reyes, en nuestro país, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un polémico y curioso ejemplo sobre una sesión a distancia para desahogar asuntos vía correo electrónico, con pase de lista y verificación de quórum a través de envío, recepción y reenvío de e-mails.

Ante este ejemplo es importante destacar el voto particular conjunto de la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez en el que, entre otros argumentos, sostienen que “sesionar a través de correos electrónicos, por más que se documente deja de ser una sesión pública, lo cual ya contradice lo establecido en el artículo 99 constitucional y, al modificar dicha regla, se vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica que deben regir en la impartición de justicia”.

Desde la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal se promocionó y buscó impulsar a través de las redes sociales el uso de dichas herramientas tecnológicas para garantizar el acceso a la justicia de forma segura y rápida.

Pero la realidad fue que la aplicación para obtener la Firel registró fallas en las primeras semanas de su puesta en marcha, lo que ocasionó que muchos juicios de amparo se retrasaran o fueran rechazados en juzgados y tribunales.

Este diario hizo una prueba sobre el uso de la Firel para promover una demanda de amparo y, a pesar de que fue sencillo ingresar a la aplicación a través de un teléfono con sistema Android, para lograr generar la firma electrónica tuvieron que pasar cinco días debido a fallas en la aplicación. Situaciones similares se presentaron por espacio de 20 días y fueron reportadas por distintos usuarios vía Twitter.

Pero el retraso no se limita a México, pues fue también hasta mayo, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó con la presentación de argumentos orales vía teleconferencia por lo que los nueve jueces y los abogados participan de forma remota y con transmisión en vivo para los medios de comunicación interesados en las procesos legales.

Los juzgados iniciaron en mayo con los procesos virtuales, pero no en todas las ramas de la justicia / Foto: David Deolarte / La Prensa

POCA TRANSPARENCIA

Organizaciones como Transparencia Mexicana y TOJIL Estrategia contra la impunidad detectaron que los esquemas de trabajo y medidas de contingencia implementados por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales en la pandemia no garantizan la publicidad de sus resoluciones vía remota y en tiempo real, lo que compromete la transparencia en la impartición de justicia.

El 6 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal reanudó las sesiones de sus tribunales a través de videoconferencia. Sin embargo, únicamente se preveía que se grabaran y resguardaran los registros de esas sesiones para consultarse una vez que se regularizaran las labores del Poder Judicial tras la pandemia.

“Hasta este momento ni el Poder Judicial Federal ni los de las entidades federativas cuentan con mecanismos para garantizar la publicidad de las audiencias en materia penal, es decir, que se permita a la ciudadanía acceder a estas audiencias en tiempo real y vía remota, esto es preocupante debido a que se está violentando un derecho constitucional y porque puede dar cabida a una serie de arbitrariedades”, consideraron las organizaciones.

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