Mejorar el transporte público y su infraestructura, regular el transporte de carga y destinar mayor financiamiento para la seguridad vial, son los cuatro ejes principales que analiza el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (SNMySV) para reducir el número de accidentes viales.
En mayo pasado entró en vigor La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga instalar el SNMySV y presentar la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial a más tardar en mayo próximo, que deberá realizarse con la participación de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil.
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Durante la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial hecha en el Museo de la Ciudad, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), diputados federales y representantes de gobierno de varios estados de la República, aprobaron los lineamientos con los que operará el Sistema Nacional.
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El Sistema estará conformado por cuatro grupos de trabajo que propondrán soluciones o mejoras a cuatro temas prioritarios, que son transporte público, transporte de carga, seguridad vial y financiamiento para infraestructura, que serán analizadas y discutidas en cinco foros de enero a mayo, tiempo en que tendrá que presentarse la estrategia nacional. Además, establece que la presidencia será rotativa cada año entre autoridades de la Sedatu y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).
El primer grupo de trabajo creará propuestas para mejorar el transporte público, con el fin de sustituir la figura de hombre camión con rutas operadas por empresas; el segundo trabajará en normas y tecnologías de información para mejorar la seguridad vial; el tercero en la regulación a transporte de carga, como dimensiones, horarios y normas; y el cuarto en el financiamiento para el transporte público e infraestructura.
“Los objetivos serán a corto plazo a 2024, mediano plazo a 2030, y largo plazo a 2042. De aquí a enero de 2023 recibiremos aportaciones y observaciones, para después tener un primer foro en enero de 2023, otro en febrero, marzo, abril y finalizar en mayo, hasta llegar a un documento final”, indicó Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y presidente del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
Daniel Fajardo precisó que este es un “anteproyecto” que puede modificarse a lo largo de estos meses y durante las mesas de trabajo, pues el proyecto final será presentado en mayo próximo, por lo que tanto los ejes de análisis y grupos de trabajo pueden cambiar.
En la sesión, Andrés Lajous, secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, señaló que los dos retos más grandes para definir la estrategia es la homologación de criterios y el crear las condiciones para que los ciudadanos migren del transporte individual al transporte público.
“Los grandes retos que tenemos en la movilidad en el uso de las calles, en la seguridad de las calles, en la contaminación ambiental, el cambio climático, tiene que ver con cambiar de pasar de modos de transporte individual a trasporte colectivo, pero el volumen de viajes que se tienen que atender en todo el país que se hacen de forma individual con vehículos de combustión interna, tenemos que tener claro en cómo pasan a ser viajes que se hacen de forma colectiva, que no es un tema de infraestructura, sino de la forma de las ciudades y de la experiencia de las personas cuando se mueven”, indicó Lajous.
El titular de la Semovi señaló que la homologación de información que generan autoridades locales en seguridad vial es otro punto importante para identificar el problema y darle una solución específica.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado 13 mil 512 personas murieron en hechos de tránsito en el país. Además, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los accidentes de tráfico es una de las principales causas de muerte y heridos graves en países de ingresos medios y bajos.
“Es un tema de desigualdad, las personas que tienen menores ingresos gastan hasta 56 por ciento en transporte público, y los hogares que están más alejados de la capital son los que tienen peor trabajo (…) El 80 por ciento de la población que va a trabajar lo realiza en transporte público, y se ha dejado el trasporte concesionado el negocio de unos cuantos, asociadas a corrupción. El sistema de transporte público está desarticulado y hay escasa profesionalización”, indicó Fajardo.
Recordó que entre 2014 y 2019, un total de 94 mil personas perdieron la vida por accidentes viales en México, en donde la mayoría fue por atropellamiento y corresponden a personas de bajos ingresos que viven en la periferia de las ciudades, alrededor de 85 por ciento. Y subrayó que 74 por ciento del presupuesto otorgado a las entidades en materia de vialidad es destinado para infraestructura vehicular, y solo 20 por ciento para otro tipo de movilidad, como transporte público y ciclovías.
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Los cinco foros podrían realizarse en algunos estados de la República, como Sonora, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Mérida, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca y Durango; sin embargo, serán definidos a lo largo del año.
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