Alrededor de 300 mil mexicanos han abandonado sus hogares de manera forzada por el aumento de la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada o por conflictos territoriales o religiosos sin que las autoridades hagan algo al respecto.
Las cifras varían dependiendo de la fuente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoce 283 mil víctimas de migración forzada de acuerdo con Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en tanto que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo Noruego para Refugiados, contabiliza 357 mil desplazados en México.
La mayor parte de estos desplazados proviene de estados que sufren conflictos armados entre los cárteles de las drogas: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato e Hidalgo. Sin embargo, también existe un importante número de personas que abandonó sus hogares en Chiapas debido a disputas territoriales e intolerancia religiosa.
De acuerdo con investigadores del Colegio de la Frontera Norte, la cifra de desplazamientos forzados en el país está muy por debajo de la real debido a que en muchos casos no se registran los motivos de las personas que huyeron por la violencia y se confunden con migración a causa de la pobreza.
Tal es el caso de los indígenas tarahumaras de la comunidad de Las Pomas, municipio de Madera, Chihuahua, quienes en enero de 2020 abandonaron el pueblo luego de que un grupo de sicarios asesinó a 16 personas, quemó 22 casas y algunos vehículos y secuestró a un número no especificado de hombres que fueron reclutados a la fuerza por los cárteles para trabajar los campos de droga o como sicarios.
Cerca de 20 familias huyeron de inmediato hacia Ciudad Juárez o a la capital del estado y como no viajaron en grupo, su llegada a estas ciudades parecía ser la clásica historia de indígenas que llegan a buscar un mejor trabajo.
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A diferencia de los migrantes que llegan de Centroamérica, Cuba o Haití, que arriban en grupos a México y son atendidos por la Comisión de Ayuda a Refugiados de la Naciones Unidas (ACNUR) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), los desplazados por la violencia en México son invisibles a las organizaciones no gubernamentales y a las autoridades.
Sinaloa es otro estado que tiene un grave problema de migración interna forzada. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, existen 48 mil personas que abandonaron sus hogares en los municipios de Badiraguato, Tepuche, Choix y Concordia.
Estas zonas son controladas por los remanentes del Cártel de Sinaloa, otrora dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán.
Ante el éxodo masivo de personas que llegó a la capital, Culiacán, el Gobierno del estado aprobó en julio de 2020 la Ley para Prevenir, Reparar y Atender a Personas Desplazadas, que busca dar protección legal, asistencia y vivienda a quienes se vieron obligados a dejar sus pueblos, pero a la fecha, siguen viviendo en casas improvisadas en las zonas más marginadas de la ciudad.
A diferencia de la CEDH, el gobierno de Sinaloa sólo reconoce la presencia de dos mil 635 personas desplazadas.
Michoacán
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La Tierra Caliente de Michoacán ha sido escenario de sangrientos conflictos durante la última década en la que los pobladores se vieron obligados a tomar las armas y formar los llamados grupos de autodefensa para enfrentar a los cárteles.
Primero contra La Familia Michoacana, liderada por Servando Gómez, alias La Tuta, luego contra Los Caballeros Templarios y ahora contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, este territorio vive en un estado de guerra permanente.
De acuerdo con la oficina en México del International Crisis Group, esta violencia ha desplazado a más de 400 mil personas del estado en los últimos 11 años.
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Unas mil 500 familias michoacanas forzadas a salir de sus tierras esperan en Tijuana a ser recibidas como refugiados en Estados Unidos, sin embargo, otros permanecen en México o en la propia capital del estado tratando de iniciar de cero.
Con Información de El Sol de Morelia, El Heraldo de Chihuahua y El Sol de Sinaloa
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