El desplazamiento forzado es un problema que año con año gana terreno no sólo en México, sino en el mundo, aunque con diferencia de la mayoría de países donde los habitantes se ven obligados a abandonar sus hogares por guerras declaradas, en el territorio nacional ocurre principalmente por la presencia del crimen organizado.
Este viernes se supo que la Secretaría del Bienestar abandonó el programa Sembrando Vida en Uruachi, Chihuahua, luego de que en la comunidad serrana de Las Trojas se registrara un importante éxodo entre sus últimos habitantes. Según las versiones recogidas por El Heraldo de Chihuahua, esto se debió a la presencia y amenaza de un grupo armado, por lo que unos 45 pobladores decidieron alejarse en los últimos meses para salvaguardar su integridad.
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Este, sin embargo, es sólo uno de los tantos eventos que ocurren en el país casi con cotidianidad, tan sólo en 2020, fecha del último informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH), fueron desplazadas al menos nueve mil 741 personas en ocho estados, lo que significó un aumento de mil 77 personas respecto a 2019, aun siendo el año en el que inició la pandemia de Covid-19.
Para el 2021, según estimaciones preliminares de la propia Comisión, esta cifra ascendería hasta los 41 mil, siendo el número más alto en los últimos cinco años.
¿Quiénes son los más afectados por el desplazamiento forzado?
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Chihuahua -estado donde Sembrando Vida dejó de funcionar a causa de la violencia- se posicionaron en 2020 como los estados que más familias expulsaron de sus hogares en ese año, según los datos de la CMDPDH.
En términos más específicos, y aunque el grupo de personas desplazadas no es heterogéneo, las familias indígenas son el sector de la población que históricamente ha sido desalojado de sus hogares por la presencia de los grupos armados.
Tan sólo en 2020, del total de eventos de desplazamiento forzado que se contabilizaron en el país, en 41 por ciento de los casos se trató de personas identificadas como indígenas.
Asimismo, aunque generalmente las personas que huyen lo hacen en familia, la CMDPDH registró que en el 83.33 por ciento de los eventos había niños involucrados, siendo el grupo etario más afectado en el país.
En segundo lugar se ubicaron las mujeres, con presencia en al menos 58.33 por ciento de los eventos, seguido de las y los adultos mayores, con registro en uno de cada dos desplazamientos forzados.
Los perfiles con menos presencia como víctimas de este ilícito fueron los hombres y jóvenes en general, con 29.17 y 12.5 por ciento, respectivamente.
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