Los primeros beneficiados por la Ley de Amnistía, publicada el miércoles, podrán abandonar la prisión o dejar atrás los procesos judiciales en su contra hasta otoño próximo y no durante los momentos más críticos de la pandemia por el Covid-19, esto debido a la complejidad de los trámites que la propia legislación marca para ser perdonado.
En entrevista con El Sol de México, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que conseguir la amnistía conlleva un procedimiento largo que se podría extender hasta por medio año.
“En lo que se conforma la Comisión, se reúne, le otorgan un presupuesto y le entran al tema de los expedientes, una vez que alguien mete la solicitud de amnistía, se analiza el caso y se da un respuesta, luego pasa al Poder Judicial de la Federación para que un juez le dé el visto, con todo esto fácilmente es un proceso de unos seis u ocho meses. Francamente veo que muy poca gente va a alcanzar el beneficio”, explicó.
Según está estipulado, el Ejecutivo federal cuenta con 60 días hábiles a partir de la publicación de la ley para conformar una Comisión que revisará las solicitudes de amnistía. Dicha Comisión cuenta hasta con cuatro meses para resolver cada petición. Si la solicitud es aprobada por la Comisión, un juez federal seleccionado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá calificar la decisión y, en su caso, ordenar la libertad del preso, sentenciado o procesado por los delitos federales contemplados en la Ley.
Cossío Díaz planteó que existen medidas más útiles en el contexto de pandemia que se vive, como los beneficios preliberatorios. “Si yo hubiera querido sacar mucha gente (de prisión), hubiera generado un programa extraordinario de atención a presos que pudieran tener los beneficios”.
POCOS AMNISTIADOS
Al tema de los extensos procesos para conseguir la amnistía, se suma el que pocas personas que se encuentran en prisión podrán obtener los beneficios de la Ley de Amnistía pues solamente se contempla para delitos federales. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario adelantaron que la Comisión sesionará en las próximas semanas con todos sus integrantes y que, de entrada, ya se cuenta con una batería de expedientes de personas indígenas a las que se evaluará.
Las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana serán las dependencias que integren los trabajos de la Comisión, la cual será intersecretarial, por lo que aún se trabaja en el diseño del proyecto para definir que otras dependencias pueden adherirse. Además, al interior de la Comisión se tendría un grupo de análisis para definir qué casos son los que podrían ser sujetos a lo que establece la Ley de Amnistía. Con información de Carlos Lara
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