Un grupo de organizaciones y personas de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo Contra la Impunidemia, señalaron que la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada por la Cámara de Diputados, elimina y obstaculiza varios de los derechos por lo que las víctimas han luchado.
Esto es debido a que entre los retrocesos más graves de esta ley se encuentran, por ejemplo, que “condiciona el derecho para pedir la atracción de casos a ciertas circunstancias, el derecho a construir conjuntamente con los fiscales un plan de investigación y de búsqueda, y el derecho a que se conformen Comisiones Especiales que tengan la participación de expertos independientes nacionales e internacionales que apoyen al fiscal en investigaciones complejas”, señalaron.
Además, aseguraron que esta nueva ley restablece el viejo modelo de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que, “históricamente ha perpetuado la impunidad en nuestro país”.
“Regresa a una institución jerárquica en la que el Fiscal General de la República puede dictar órdenes a los fiscales, peritos y analistas; así como elegir a los fiscales especiales a discreción, sin comprobar requisitos de experiencia ni mérito, y sin un procedimiento transparente que incluya participación ciudadana”, acusaron.
Ayer por la noche el Pleno de la Cámara de Diputado aprobó, con cinco reservas a seis artículos, la nueva ley de la FGR, que sustituye a la Ley Orgánica de la Fiscalía aprobada hace dos años y que la facultaba para atraer casos de delito del fuero común y para que la Fiscalía Especializada en Derecho Humanos atrajera caso de violaciones graves a derechos humanos.
Sin embargo, el colectivo acusó que las negociaciones, lideradas por la mayoría de Morena “se hicieron al más viejo estilo de la política mexicana: simulando escuchar a las víctimas, mintiendoles, sustituyendo votantes de último momento y sometiendo a quien estuviera en contra del proyecto”.
Además, aseguraron que el contenido de la Ley tiene otras violaciones, como mermar las posibilidades de instalar un servicio de carrera de los fiscales, eliminar un modelo de investigación con esquemas flexibles y la reinstalación de la Fiscalía en Delincuencia Organizada y las Delegaciones, “figuras que han sido cuestionadas fuertemente por su opacidad, ineficiencia y corrupción”.
Por ello y debido a que la Ley regresará al Senado, el Colectivo lanzó un llamado al Poder Legislativo a que decida con responsabilidad y compromiso social e impida la pérdida de la autonomía de la Fiscalía y de la independencia del Poder Judicial, que anteriormente señalaron por ser omisa en escuchar a las víctimas.
Ley representa “graves violaciones a nuestros derechos”: MNDM
En tanto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) reprobó la aprobación de la nueva Ley de la FGR, tras considerar que este dictamen dejó de lado las necesidades de las víctimas y sus familiares, lo que representa “graves violaciones a nuestros derechos”.
“Ante la actual crisis forense y de desaparición en nuestro país, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República representa una grave regresión a importantes logros que hemos sumado a nuestra lucha durante años, y contiene lineamientos que violan nuestros derechos como víctimas, tales como el derecho a la participación y el acceso a la justicia”, señalaron mediante un comunicado.
Esto sucedió a pesar de que familias de personas desaparecidas protestaron frente al legislativo desde el martes para exigir la suspensión de esta Ley “hasta que consideren las demandas de las víctimas, pero oyendo a las víctimas”, señaló Mina Ruiz, del Movimiento que agrupa a 74 colectivos.
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Además, durante las mesas de discusión que convocó la Cámara de Diputados, los colectivos expresaron sus principales preocupaciones en torno a esta ley. Sin embargo, “estos no fueron considerados, lo cual demuestra la simulación de dicho proceso”, acusaron.
Por todo lo anterior lamentaron que el diálogo fuera apresurado y no cumpliera con la función de ser un espacio de análisis y escucha. Esto, a pesar de que el proceso sucedió “después de un largo proceso de exigencia en compañía de organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, personas expertas e incluso funcionarios públicos”.
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