Ninguno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo los dos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho pública su declaración patrimonial. Este hecho, aunque legal, mina su legitimidad ante la sociedad, consideraron especialistas.
Lo único que han hecho público los ministros es su salario que este año quedó en 201 mil 911 pesos mensuales, luego de que el año pasado cada ministro ganaba 269 mil 215 pesos.
La decisión de no transparentar su patrimonio está amparada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas que en su artículo 29 señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Señala que para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
Para Javier Cruz Ángulo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si bien la decisión de los ministros es legal, al final les quita legitimidad ante la sociedad.
“México es el país más avanzado en esta materia. En mi óptica, no es requisito esencial para la buena marcha de la administración de la justicia constitucional pero es un parte fundamental para que los jueces empiecen a construir su legitimación ante la sociedad mexicana”, dijo Cruz Ángulo.
El académico añadió que pese a no existir una norma tácita, los ministros siempre están bajo el escrutinio público, por lo que sería positivo que accedieran a abrir esa información para que sean evaluados por la ciudadanía en el desempeño de tan importante labor que llevan a cabo.
“La piedra de toque es que en la evolución patrimonial se vea una constante que se acorde con la remuneración de ministro o ministra para evitar cualquier tipo de especulación”, añadió, esto en medio de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora por presuntamente tener patrimonio superior al de sus ingresos.
En el caso del ministro en retiro Medina Mora las investigaciones, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda investigan dos empresas, Compusoluciones y Asociados SA de CV y Visión Holding México, S de R L de C V, la primera empresa familiar en la que la difunta esposa de Medina Mora era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones.
Ambas empresas, habrían obtenido más de 50 contratos directos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto por un monto superior a los 400 millones de pesos, de acuerdo a las primeras investigaciones de la autoridad judicial.
