En los últimos cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado al menos tres mil 905 riñas, motines y desórdenes en los 14 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
De acuerdo con datos del Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), las incidencias en los Ceferesos han presentado un paulatino aumento en los últimos tres años.
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El número de incidencias en los Ceferesos, como riñas, motines y desórdenes, pasó de 656 casos reportados en 2020, año de la pandemia por Covid-19, a 770 en 2021 (17 por ciento más) y el año pasado se registró el mayor repunte con 949 hechos, lo que representa un incremento de 23 por ciento. Mientras que este 2023, y hasta junio pasado, ya sumaban 868 incidentes, cifra que rebasa los acontecimientos registrados en los primeros tres años de la 4T.
Los 949 hechos violentos de 2022 es el número más alto registrado desde 2015, cuando se reportaron un total de mil 123 incidentes en las cárceles a cargo del gobierno federal, la cifra descendió a 752 casos en 2016. En 2019, primer año de gobierno del tabasqueño, se informó de 662 casos.
El documento de la SSPC y del OADPRS indica, además, que la meta del gobierno federal en este rubro es tener una cifra de 636 incidencias en los centros penitenciarios federales para 2024, es decir, 313 menos de las que se registraron en 2022 y 232 menos que las que reportaron ambas instituciones hasta el 30 de junio de 2023.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 10 de los 14 penales federales las condiciones de gobernabilidad tienen calificaciones reprobatorias por la “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”.
El informe del organismo autónomo destaca que los Ceferesos que presentan esa situación son el Altiplano No. 1, en el Estado de México; el Oriente No. 5, en Veracruz; el Nor-Noreste No. 7, en Durango; el CPS-Sonora No. 11, el CPS-Guanajuato No. 12, el CPS-Oaxaca No. 13, el CPS-Durango No. 14, el CPS-Morelos Femenil No. 16; el CPS Michoacán No. 16, y el CPS-Coahuila No. 18.
Otro aspecto que detectó la CNDH para la falta de gobernabilidad en los penales federales fueron las “deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias”, específicamente en los Ceferesos CPS-Durango No. 14; CPS-Guanajuato No. 12 y el Oriente No. 5, en Veracruz.
El reporte expone que “seguir invisibilizando las graves problemáticas que enfrenta gran parte del sistema penitenciario en México, como son la sobrepoblación, el autogobierno o cogobierno, el hacinamiento, la insuficiencia de personal de seguridad, la falta de supervisión de personas titulares, la indebida o insuficiente clasificación de personas, constituyen alarmas que requieren atención primordial”.
De no observarse estas problemáticas —advierte la CNDH— “continuarán generando grandes efectos, que vulneran y ponen en riesgo, no solo la seguridad de los centros, sino la vida de quienes viven y trabajan en ellos, así como la paz social”.
Según el último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2023, de agosto pasado, las cárceles federales reportaban una población de 19 mil 627 personas privadas de la libertad, y los que registraron el mayor número de internos fueron el Cefereso No. 11 de Sonora, con dos mil 87; el Cefereso No. 12, de Guanajuato, con dos mil 74, y el Cefereso No. 18, de Coahuila, con dos mil 51.
En ese periodo (enero-agosto de 2023) también se han registrado mil 263 personas privadas de la libertad involucradas en incidentes en los penales federales, que dejaron 125 internas o internos heridos.
El informe también destaca que las recomendaciones emitidas por la CNDH a las autoridades penitenciarias federales crecieron 2.5 veces en la última década, luego de que en 2013 se registraron seis y en 2022 se presentaron 15. Hasta el 30 de junio de este año se habían emitido seis recomendaciones por parte de la CNDH.
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Entre las recomendaciones del organismo que preside Rosario Piedra Ibarra a los centros penitenciarios federales está, por ejemplo, una del 28 de abril por “violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno y a la integridad personal por tratos crueles, inhumanos o degradantes, derivados de prácticas de sujeción injustificadas, en agravio de personas privadas de la libertad ubicadas en el área de hospital del Centro Penitenciario Federal 18, en Ramos Arizpe, Coahuila”.
Según el documento, la meta para 2024 de la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez respecto a recomendaciones emitidas por la CNDH a los 14 penales federales es de una. Sin embargo, esa cifra sólo se alcanzó en 2019, primer año de gobierno de López Obrador, mientras que en 2020 las recomendaciones se elevaron a cinco, para 2021 a 15 y en 2022 también fueron 15 recomendaciones.
