Un total de 65 mil millones de pesos en irregularidades suena bastante, especialmente en tiempos de la austeridad republicana y honestidad valiente.
Este fue el dinero que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que fue gastado fuera de los parámetros del buen ejercicio durante el 2020.
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Por "irregularidades" se entiende aquel dinero que no fue utilizado para lo que fue etiquetado, trasladado a cuentas no autorizadas, compras hechas a sobreprecio, con información incompleta, que nunca se comprobó su utilidad o siquiera su entrega.
Para ponerlo en perspectiva, el monto es superior al presupuesto 2022 para todo Querétaro, que es de apenas 45 mil millones.
Hay que anotar que los gobiernos estatales y municipales cargan con la mayor responsabilidad en esta cantidad (el 65%), aunque la administración federal se echó varias pifias importantes.
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Como ha ido venido informando la OEM, entre las incidencias que la ASF encontró destacan apoyos del programa Sembrando Vida de los cuales no acreditó su correcto uso; indemnizaciones por la construcción del Tren Maya mal documentadas; trabajos mal hechos en el Tren México-Toluca; o pagos a personas no acreditadas en el proyecto de Dos Bocas.
Especialmente delicado, la ASF encontró que 3 mil millones de pesos destinados para la contención de la pandemia fueron mal utilizados, con compras a sobreprecio, pagos a personal que trabajaba en hospitales que no atendían a enfermos de Covid y adquisición de ventiladores y cubrebocas KN95 que nunca fueron entregados.
Como le digo, 65 mil millones de pesos suenan a bastante dinero pero la triste realidad es que este desaseo es apenas una minucia en un país como el nuestro, en el que se ha normalizado la corrupción y el ejercicio ineficiente del gasto.
Sólo en el último año del gobierno peñanietista la ASF encontró inconsistencias en 239 mil millones de pesos. A tres años de distancia faltan por aclarar 184 mil millones de ellos.
La información que le refiero da una perspectiva histórica importante. Es justo decir que durante la presente administración es una de las que en menos se ha incurrido en irregularidades.
No obstante resulta especialmente simbólico que la ASF haya encontrado que durante el 2020 se hayan alcanzado ahorros por 3 mil 700 millones de pesos como producto de la austeridad implementada por la 4T pero de los cuales no se sabe a dónde fueron a parar.
Sostengo que aún estamos viendo pifias como estas derivado de la creencia del Presidente de que bastaba un cambio cultural en la administración pública, emanado desde su ejemplo, para evitar el despilfarro en todo México.
Según él, la ley ya está puesta, sólo hacía falta hacerla cumplir. A la luz de los datos esto no es suficiente.
La 4T aún no puede establecer un canal de información eficiente para reportar y consultar los efectos de la austeridad; no se ha hecho una reforma profunda a la ley sobre el ejercicio del dinero público y en la asignación de plazas; tampoco se ha actualizado el marco institucional de vigilancia y castigo al mal ejercicio; la transparencia se ha estancado cuando no ha dado pasos hacia atrás; y la Cuenta Pública sigue siendo un mero reporte sin mayores consecuencias legales para los responsables de despilfarros absurdos.
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El joven diputado Irán Hernández Zetina, del PRI por cierto, lo explicó perfectamente durante la entrega de la Cuenta Pública 2020: “La corrupción, el mal manejo de los recursos y la falta de transparencia son uno de los principales problemas del país. Sin polemizar este problema, es de carácter estructural, que trasciende sexenios y partidos, que trasciende colores y que parte del origen tiene que ver con mal diseño institucional o diseños que no responden a las necesidades de nuestra época”.
El Presidente no ha tocado con ley el mal diseño del gasto en México.
Mientras no reconozca que su régimen es finito y que ha desperdiciado una oportunidad de oro para dejar en letra su filosofía personal de austeridad y honestidad, la buena tendencia en la reducción de inconsistencias en los dineros mexicanos está destinada a desaparecer.
