/ martes 12 de diciembre de 2017

UAM congela más de 253 millones de pesos para obras en campus

La institución se reusa a devolver el dinero, señalando que una vez entregado es parte de su patrimonio

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió en 2015 del erario público más de 253 millones de pesos para construir y ampliar espacios en los campus de Lerma, Cuajimalpa e Iztapalapa. Pero las obras no se llevaron a cabo. Y el dinero  está depositado en cuentas a nombre de la institución para generar rendimiento.

En medio de la crisis financiera de distintas universidades, la UAM rechaza devolver los recursos a la hacienda pública porque una vez entregados, afirma, son parte de su patrimonio y tiene la facultad de administra la bolsa como defina.

El 9 de mayo de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió el expediente 197-DS para la revisión de los recursos federales entregados a la institución en 2015, en el capítulo 6000, Inversión Pública, destinados a las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, dictaminado el 15 de diciembre de 2016,  y en donde se expone una auditoría realizada a la UAM, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 253 millones 99  mil 912 de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de recepción de los recursos federales por parte de la entidad fiscalizada, hasta la reintegración a la Tesorería de la Federación”.

Dicho monto fue reportado como pagado a la UAM en la cuenta pública 2015 en los proyectos de inversión autorizados en el presupuesto de egresos de la federación. La ASF concluyó que “la UAM no acreditó documentalmente los compromisos adquiridos durante el ejercicio de 2015 para dichas unidades, ni la comprobación del gasto reportado como pagado en la Cuenta Pública 2015, ni el destino de los recursos aprobados y entregados”.

La ASF solicitó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Colegio Académico de la UAM, para que realizara las investigaciones pertinentes e iniciara el procedimiento administrativo correspondientes, por actos u omisiones de los servidores públicos.

SE ESCUDAN EN LA AUTONOMÍA

Cuando la ASF le solicitó a la UAM información y documentación sobre el destino de los recursos, el 31 de marzo de 2017 esta última le respondió “…que conforme a los artículos 1 y 4, fracción II de su Ley Orgánica, una vez que la UAM recibe los recursos federales por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), como fue el caso de los citados recursos, éstos pasan a formar parte de su patrimonio, y por la autonomía especial con la que cuenta, prevista en el artículo 3, fracción VII de la Constitución Federal, tiene la facultad y la responsabilidad de administrarlos. Consecuentemente, existe una imposibilidad para reintegrar los recursos a la TESOFE, como lo requiere la ASF, ya que de hacerlo se causaría un daño patrimonial a la UAM.

El dictamen de la auditoría se hizo público el 15 de febrero de 2017, y fue hasta el 10 de octubre pasado cuando la ASF notificó a la UAM sobre ésta. El rector general entrante de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, reunió al Colegio Académico de la UAM el 31 del mismo mes y decidieron que no devolverían el recurso a la Tesorería de la Federación (Tesofe) como le solicitó la ASF.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió en 2015 del erario público más de 253 millones de pesos para construir y ampliar espacios en los campus de Lerma, Cuajimalpa e Iztapalapa. Pero las obras no se llevaron a cabo. Y el dinero  está depositado en cuentas a nombre de la institución para generar rendimiento.

En medio de la crisis financiera de distintas universidades, la UAM rechaza devolver los recursos a la hacienda pública porque una vez entregados, afirma, son parte de su patrimonio y tiene la facultad de administra la bolsa como defina.

El 9 de mayo de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió el expediente 197-DS para la revisión de los recursos federales entregados a la institución en 2015, en el capítulo 6000, Inversión Pública, destinados a las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, dictaminado el 15 de diciembre de 2016,  y en donde se expone una auditoría realizada a la UAM, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 253 millones 99  mil 912 de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de recepción de los recursos federales por parte de la entidad fiscalizada, hasta la reintegración a la Tesorería de la Federación”.

Dicho monto fue reportado como pagado a la UAM en la cuenta pública 2015 en los proyectos de inversión autorizados en el presupuesto de egresos de la federación. La ASF concluyó que “la UAM no acreditó documentalmente los compromisos adquiridos durante el ejercicio de 2015 para dichas unidades, ni la comprobación del gasto reportado como pagado en la Cuenta Pública 2015, ni el destino de los recursos aprobados y entregados”.

La ASF solicitó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Colegio Académico de la UAM, para que realizara las investigaciones pertinentes e iniciara el procedimiento administrativo correspondientes, por actos u omisiones de los servidores públicos.

SE ESCUDAN EN LA AUTONOMÍA

Cuando la ASF le solicitó a la UAM información y documentación sobre el destino de los recursos, el 31 de marzo de 2017 esta última le respondió “…que conforme a los artículos 1 y 4, fracción II de su Ley Orgánica, una vez que la UAM recibe los recursos federales por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), como fue el caso de los citados recursos, éstos pasan a formar parte de su patrimonio, y por la autonomía especial con la que cuenta, prevista en el artículo 3, fracción VII de la Constitución Federal, tiene la facultad y la responsabilidad de administrarlos. Consecuentemente, existe una imposibilidad para reintegrar los recursos a la TESOFE, como lo requiere la ASF, ya que de hacerlo se causaría un daño patrimonial a la UAM.

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