- Armando Ruiz
Diputados federales y expertos en materia penal coincidieron enla urgencia de eliminar las figuras de arraigo y prisiónpreventiva oficiosa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio por suineficacia y desprestigio, que han ido en aumento.
Durante el foro “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta parasu consolidación?”, el coordinador del grupo parlamentario delPRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, afirmó que lafigura del arraigo pese a ser considerado una concesión que sehizo Constitucional, hoy en día apenas y se sostiene por su propiopie.
“De las seis mil 562 personas arraigadas entre 2008-2011, delas cuales 90 por ciento fueron consignadas, solo 3.2 por cientoobtuvo sentencias condenatorias. Desprestigio creciente y eficaciaa la baja. Entre 2015 y 2016 solo 109 personas fueron arraigadas:84 en 2015, y 25 en 2016. No es congruente pues con el marco quedebe existir en una sociedad democrática. Es contraria a lapresunción de inocencia y esta medida cautelar se convierte en unaespecie de condena preliminar, anticipada”.
Otra de las concesiones, que entró en vigor hace nueve años,fue el de la prisión preventiva oficiosa, que en ciertos delitospenales de alto impacto no habría necesidad de justificar losefectos sino aludiendo al delito mismo pudiera dictarseoficiosamente.
“La tendencia debe ser ir de salida, quizá las demandas delas autoridades sean tales que demanden la existencia de uncatálogo, recortado, donde se pudiera decretar la prisiónpreventiva oficiosa. Es importante que se pueda plantear laeliminación de la oficiosidad y la supresión del acto devinculación a proceso en los términos que se encuentra”,agregó.
Durante el foro organizado por la Comisión de PuntosConstitucionales, Carlos Ríos Espinosa, experto en justicia penaly derechos humanos, opinó que a pesar de que en un momento seconsideró a la prisión preventiva oficiosa como una herramientade seguridad pública, actualmente debiera ser una medida cautelarde última instancia.
“Si vamos a tomar decisiones en el proceso penal, y a plantearun esquema de seguridad pública, vemos como se pervierte elsentido del modelo. La prisión preventiva debiera ser una medidacautelar de última instancia, absolutamente y se convierte en unabomba de humo, para decirlo brevemente”.
En su turno, Alejandra Román Duran, jueza de Control en elEstado de Chihuahua, consideró que el tema del arraigo con finesde investigación ya es insostenible y no existe evidenciaempírica de su utilidad.
“No existe base empírica para asegurar que la prisiónpreventiva oficiosa es una herramienta útil en función de laseguridad pública. No existen más que datos que ponen en riesgola dignidad de las personas, de tal suerte que si esto tiendeúnicamente a temores, vulnera la presunción de inocencia,entonces ¿qué estamos esperando como Estado mexicano?¿Señalamientos que están muy próximos porque estamos llenos enla CIDH de asuntos contra el Estado mexicano? ¿Estamos esperandoque nos ocurra lo que ya ocurrió con la figura delarraigo?”.
