Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Congreso salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular.
A primeras horas de este domingo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, fue desplegado en la sede de la Asamblea Legislativa a donde llegaron miles de personas coreando "¡Insurrección, insurrección, insurrección!".
Bukele dio inicio a una sesión extraordinaria sobre un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado, pero la asamblea no pudo ser posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.
Bukele ofreció una oración desde el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce -que no acudió a la convocatoria-, y luego salió del salón legislativo ante la imposibilidad de establecer la sesión, para luego dirigirse a una multitud que lo esperaba en una de las entradas del Parlamento.
"Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna", dijo el gobernante a los que acudieron a la sede del Congreso.
El presidente subrayó que si mañana los diputados, convocados a sesión plenaria, "no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución".
Dicho artículo "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".
El Gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la Presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa.
OPOSICIÓN ACUSA A BUKELE DE FOMENTAR GOLPE DE ESTADO
El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, acusó este domingo a Bukele de fomentar un golpe de Estado y señala que esto traería "graves daños colaterales".
"Si tu crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado (...) venimos de un conflicto (armado) largo y amargo para retroceder", dijo Ortiz durante una conferencia de prensa.
EU Y ONU LLAMAN AL DIÁLOGO
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, llamó este domingo a los órganos Ejecutivo y Legislativo a dialogar para buscar "consensos" y pidió "mantener la calma".
"Desde la firma de los Acuerdos de Paz hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Hacemos un llamado a todas las partes del Estado y a todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma", manifestó el diplomático a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
Johnson dijo estar "convencido de que la mejor vía de resolución de los conflictos es el diálogo razonable y el respeto mutuo".
Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, señaló que "El Salvador ha alcanzado logros importantes y ha ido profundizando su democracia y el Estado de Derecho mediante el respeto de las diferentes opiniones y el diálogo como forma de llegar a acuerdos que beneficien a todo el país".
"Confiamos en que el espíritu de diálogo prevalezca siempre", agregó.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), también hizo un llamado al diálogo y al "pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el Estado de Derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público".
AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA MILITARIZACIÓN
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, condenó el "ostentoso" despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y señaló que esto "nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país".
"El presidente Nayib Bukele debe resguardar el importante legado de los acuerdos de paz", indicó en un comunicado.
Guevara Rosas señaló que el Gobierno y la Asamblea Legislativa "deben asegurar que sus decisiones se tomen respetando las normas nacionales e internacionales, sin poner en riesgo la institucionalidad que debe estar al servicio de los derechos humanos de todas las personas sin distinción".
"El pueblo salvadoreño no se merece revivir los años de tragedia y abuso estatal", agregó.
