/ jueves 2 de noviembre de 2017

Cristina Kirchner negocia su impunidad con gobierno de Macri

Los negociadores estudian diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que la expresidente no asuma el escaño de senadora que ganó en las elecciones legislativas del 22 de octubre

BUENOS AIRES, Argentina.- La expresidenta argentina Cristina Kirchner está negociando en secreto con el gobierno de Mauricio Macri un “código de buena conducta” que le permita escapar a las causas judiciales que pueden llevarla a la cárcel para el resto de su vida.

La existencia de sondeos y “conversaciones informales” en ese sentido fueron confirmadas por una fuente de gobierno y un importante exfuncionario del gobierno kirchnerista.

Los negociadores estudian diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que la expresidente no asuma el escaño de senadora que ganó en las elecciones legislativas del 22 de octubre y obtenga autorización judicial de viajar al exterior con sus hijos. El pacto debería quedar concluido antes del 10 de diciembre, fecha en que deben asumir los nuevos legisladores. Otra eventualidad sería que abandone la política a cambio de una “amnistía” disimulada o una prolongación de las causas pendientes hasta que se extingan por diversas razones.

En algún momento se pensó en facilitar su radicación en el extranjero, pero los operadores políticos de Macri no quieren que se aleje del país, pues con sus declaraciones y su actividad política en el exterior podría dañar la imagen del presidente. Por otra parte, prefieren tenerla al alcance de su mano para reactivar las causas judiciales en suspenso en caso de que no cumpla con el pacto de “buena conducta”. El acuerdo no le impediría actuar en política, pues su presencia en el país y su actividad facilitarían los planes del gobierno para mantener y profundizar las divisiones del peronismo.

Cristina Kirchner, de 64 años, enfrenta actualmente 96 causas penales y otras 202 denuncias por defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, malversación de caudales del Estado, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

BUENOS AIRES, Argentina.- La expresidenta argentina Cristina Kirchner está negociando en secreto con el gobierno de Mauricio Macri un “código de buena conducta” que le permita escapar a las causas judiciales que pueden llevarla a la cárcel para el resto de su vida.

La existencia de sondeos y “conversaciones informales” en ese sentido fueron confirmadas por una fuente de gobierno y un importante exfuncionario del gobierno kirchnerista.

Los negociadores estudian diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que la expresidente no asuma el escaño de senadora que ganó en las elecciones legislativas del 22 de octubre y obtenga autorización judicial de viajar al exterior con sus hijos. El pacto debería quedar concluido antes del 10 de diciembre, fecha en que deben asumir los nuevos legisladores. Otra eventualidad sería que abandone la política a cambio de una “amnistía” disimulada o una prolongación de las causas pendientes hasta que se extingan por diversas razones.

En algún momento se pensó en facilitar su radicación en el extranjero, pero los operadores políticos de Macri no quieren que se aleje del país, pues con sus declaraciones y su actividad política en el exterior podría dañar la imagen del presidente. Por otra parte, prefieren tenerla al alcance de su mano para reactivar las causas judiciales en suspenso en caso de que no cumpla con el pacto de “buena conducta”. El acuerdo no le impediría actuar en política, pues su presencia en el país y su actividad facilitarían los planes del gobierno para mantener y profundizar las divisiones del peronismo.

Cristina Kirchner, de 64 años, enfrenta actualmente 96 causas penales y otras 202 denuncias por defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, malversación de caudales del Estado, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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