El gobierno de Perú informó este viernes que el derrame de petróleo registrado en una plataforma de la española Repsol duplica la cantidad reportada inicialmente.
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"Tenemos una cifra ya hasta el momento de 11 mil 900 barriles" vertidos al mar el 15 de enero, en vez de los seis mil informados hasta ahora, dijo el ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez, en rueda de prensa.
El derrame, registrado el 15 de enero, provocó que el gobierno peruano emitiera una declaratoria de emergencia ambiental con vigencia de 90 días.
La mancha negra de crudo ha sido arrastrada por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas.
Además, dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.
"A la fecha se tiene ya cuatro mil 225 barriles recuperados" del mar y de las playas, poco más de un tercio del total, explicó el viceministro de Medio Ambiente, Alfredo Mamani.
Por su parte, Repsol atribuyó el derrame al oleaje inesperado que llegó a la costa de Perú tras la erupción de un volcán submarino cercano a las islas Tonga, y señaló que las autoridades correspondientes no emitieron ninguna alerta por esta situación.
Ejecutivos de Repsol no pueden dejar Perú
Antes del anuncio de la nueva cifra de crudo vertido, la justicia peruana prohibió a cuatro directivos de la petrolera española dejar el país durante 18 meses, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, mientras continúan las investigaciones sobre el incidente.
"Se declara fundado el requerimiento de la fiscalía", dijo el juez Romualdo Aguedo en una audiencia virtual, al dictar la orden para prohibir la salida de los cuatro directivos.
El Mare Doricum, buque cisterna que descargaba el combustible en la refinería, ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, a unas seis millas del puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.
Respsol se dice dispuesta a colaborar
Tras la decisión del juez, en Madrid la petrolera garantizó que continuará cooperando plenamente con la justicia peruana y dijo que su principal preocupación es la "limpieza del medio ambiente".
"Continuaremos cooperando plenamente con cualquier investigación criminal, como ya lo estamos haciendo con la investigación preliminar en curso", indicó Repsol en un correo electrónico enviado a la AFP en Madrid.
"Nuestra principal preocupación es la limpieza del medio ambiente. Repsol está poniendo todos sus esfuerzos en los trabajos de limpieza con la máxima rapidez para avanzar en la limpieza de las zonas afectadas", agregó la empresa.
El jefe de Repsol Perú será investigado por la fiscalía como presunto autor del delito de "contaminación del ambiente en agravio del Estado" peruano, y los otros tres directivos como cómplices.
La ley peruana tipifica penas de entre cuatro y seis años de prisión para este delito, indicó la fiscal Rosa Gonzales en la audiencia, iniciada el jueves y cerrada este viernes con la resolución del juez.
Los coacusados son los peruanos Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del terminal marítimo 2 de la refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad y Medio Ambiente, y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Seguridad.
Los abogados de los cuatro directivos no impugnaron la solicitud de la fiscalía en la audiencia y afirmaron que sus clientes están dispuestos a colaborar con la justicia, en línea con lo que dijo poco después Repsol en Madrid.
Fernández-Cuesta es un economista que trabaja para Repsol desde 2010 y dirige la filial de Perú desde hace tres años. Reyes es un ingeniero químico con 23 años en Repsol, mientras que Posadas es licenciada en química con 15 años en la compañía y Tejada es oficial de marina mercante.
Derrame salpica a funcionarios públicos
"Se pueden advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas [...] que exigen a la empresa Pampilla SAC cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados que son de público conocimiento", dijo la fiscal Gonzales el jueves al justificar su pedido en la audiencia.
La fiscalía afirmó asimismo que es necesario indagar eventuales responsabilidades de funcionarios de instituciones públicas que fiscalizan operaciones marítimas y petroleras, entre ellas la Dirección de Capitanías de Puertos de la Marina de Guerra.
También a funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio del Ambiente, y al ente técnico supervisa las inversiones en energía (Osinergmin).
