PARIS. La situación económica de España, que se encuentra en plena recuperación, será el factor determinante de las elecciones legislativas del domingo. Después de la década negra que atravesó tras la crisis de 2008, el país ingresó en una fase virtuosa que le permitió empezar a salir de 5 años de profunda recesión, desempleo y sacrificios.
Después de haber alcanzado un crecimiento extraordinario de 3.2% en 2015, el PIB aumentó 2.7% en 2016, 2.2% en 2017 y 2.6% en 2018, cifras meritorias en un contexto europeo e internacional moderado. Para este año, el Banco de España estima que continuará esa dinámica y prevé un crecimiento 2,2%.
El año pasado, consiguió la hazaña de reducir su déficit pública a 2.48% del PIB, por debajo del límite de 3% que exigen los acuerdos de Maastricht. En 2009, durante uno de los peores momentos de la crisis, el déficit había llegado a 11% del PIB.
El mérito no es solo del socialista Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, que llegó al poder en junio de 2018. Una parte de ese éxito le corresponde a su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, que gobernó a partir de 2011 y que fue quien debió aplicar el despiadado programa de austeridad que permitió salir de la profunda recesión que llegó a provocar en 2013 más de 5 millones de desocupados, cifra que representaba 25.7% de la mano de obra activa. El desempleo descendió ahora a 3.2 millones de personas y la tasa bajó a 15.3%, según las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de Trabajo. Con esas cifras, España aparece hoy como una de las economías más dinámicas de la zona euro. Pero esta recuperación no permitió cicatrizar las heridas que dejó la crisis.
“La credibilidad de los esfuerzos españoles muestra que es un país muy serio. Pero esa recuperación se realizó al precio de un gran sacrificio de la población. Quienes pudieron conservar sus empleos, debieron aceptar una reducción salarial del 20%, una fuerte pérdida del poder adquisitivo y una flexibilidad que destruyó numerosas garantías laborales”, sintetizó Roland Gillet, profesor de finanzas en la Universidad de la Sorbona, de París.
La situación se había deteriorado tan profundamente que en diciembre de 2018 Pedro Sánchez no tropezó con demasiadas resistencia cuando decretó un aumento del salario mínimo de 22.3%, que pasó a 940 mensuales. Ese salto sin precedentes desde 1977 puede darle al candidato socialista un argumento contundente para seducir al sector del electorado que se considera más penalizado por la crisis bancaria y financiera de 2008 y la política de austeridad aplicada en los últimos 10 años para salir del abismo.
En cambio, el candidato del Partido Popular (PP), Pablo Casado, solo puede invocar el éxito de la política de recuperación aplicada por Rajoy, pero la opinión pública recuerda ese periodo como una época de penuria y sufrimiento, dos condiciones que no ayudan a reunir votos.
La confrontación del recuerdo frente a la esperanza puede ser, en el momento de depositar el voto en la urna, el gesto que definirá el futuro de España.
