PARÍS, Francia. El gobierno francés retrocedió ayer ante la presión de los chalecos amarillos y se vio obligado a suspender por seis meses el anunciado aumento de combustible que debía entrar en vigor el 1 de enero. Pero el gesto de apaciguamiento, anunciado por el primer ministro Edouard Philippe, fue rechazado por los manifestantes, que mantuvieron las protestas y decidieron volver a manifestar el sábado próximo en París.
Es “demasiado poco y demasiado tarde”, proclaman en todo el país los portavoces improvisados de esa rebelión, iniciada el 17 de noviembre por las redes sociales para impugnar el aumento de impuestos al combustible y que rápidamente incorporó otras sobre poder adquisitivo, condiciones de vida y que -en términos generales- se transformaron en un cuestionamiento global de la política del presidente Emmanuel Macron.
En estos 18 días, los disturbios provocaron en total cuatro muertos y cientos de heridos, entre ellos una decena de efectivos de las fuerzas del orden, según el balance revelado por el primer ministro.
“Ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación”, dijo Edouard Philippe para justificar el retroceso del gobierno.
El cambio de actitud gubernamental fue radical. Desde que comenzó la protesta, el poder se había mantenido insensible a los reclamos de los manifestantes, a las dos jornadas de extrema violencia que vivió el país, así como a las exhortaciones de casi toda la oposición e incluso de una parte del partido de Macron.
Hasta 48 horas antes, el presidente había reiterado su determinación de “no retroceder”. En nombre de la “coherencia” y la necesidad de acelerar la transición energética, se rehusó a acordar toda moratoria sobre el impuesto a los carburantes.
Pero las escenas de caos del sábado último en París y en varias ciudades del interior del país, así como los nuevos llamados a manifestar el próximo fin de semana, obligaron al gobierno a dar marcha atrás.
La moratoria anunciada por el primer ministro concierne las tres medidas fiscales que debían entrar en vigor el primer día de 2019: la “tasa carbono” aplicada a los combustibles, la convergencia de la fiscalidad del gasoil con la de la gasolina y el aumento del gasoil para los profesionales. Todas serán suspendidas por seis meses.
El gobierno contaba con esa recaudación impositiva para financiar la llamada “transición energética” del país a fin de respetar los objetivos de reducción de gases con efecto invernadero.
Sin embargo, consciente de que los manifestantes rechazarían una simple moratoria, Philippe agregó que esas medidas en ningún caso “se aplicarán antes de ser debatidas con todos los sectores interesados”. De esa manera, dejó la puerta abierta a una anulación definitiva.
“Durante ese periodo, queremos identificar y establecer medidas de acompañamiento justas y eficaces”, aseguró.
El gobierno también decidió anular durante ese periodo de concertación los aumentos previstos de gas y electricidad, y prometió estudiar una posible “subvención a la movilidad”, destinada a quienes dependen de sus automóviles para trabajar y se ven particularmente penalizados por los aumentos de combustible.
Sin embargo, después de la intervención de Philippe, los chalecos amarillos hablaban de “migajas”, rechazaron la moratoria y afirmaron que los aumentos deben ser simplemente anulados.
