En España, actualmente la interrupción voluntaria del embarazo, o aborto inducido, está regulado y despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del embarazo.
Sin embargo, el Gobierno aprobó este martes el anteproyecto de una nueva ley del aborto que incluye nuevos derechos y medidas que mejorará dicha legislación.
Entre las nuevas medidas está la supresión del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 a 18 años que quieran abortar o la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
Se reconocen también nuevos derechos reproductivos, otros sexuales y menstruales, como el permiso preparto a partir de la semana 39 y las bajas por reglas incapacitantes pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.
Con lo anterior España se convertiría en el primer país de la Unión Europea en regular una incapacidad temporal vinculada a la salud menstrual, pagada íntegramente por el Estado.
La norma contempla además la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud, la financiación de los anticonceptivos de nueva generación y también la promoción de estos fármacos para los hombres.
Hace referencia a la educación sexual, que estará presente de forma obligatoria en todas las etapas, desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, pero también en prevenir enfermedades de transmisión sexual.
De hecho, en los institutos (centros de educación secundaria) se distribuirán métodos anticonceptivos de barrera y productos de higiene menstrual.
Por otra parte, considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirá a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.
Nueva ley amplía la aprobada en 2010
El nuevo anteproyecto se aprobó hoy después de una larga negociación en el seno del Gobierno de coalición, por diferencias entre el ala socialista (mayoritaria) y el Ministerio de Igualdad, que lo presenta, cuya responsable, Irene Montero, es de Unidas Podemos, a la izquierda del PSOE.
La nueva ley, según el Ministerio de Igualdad, amplía la aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoce el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, sin necesidad de argumentar ningún supuesto para solicitarlo.
Ahora, se acaba con los "obstáculos" a los que se enfrentaban las mujeres que querían interrumpir su embarazo.
Así, los hospitales tendrán que contar con personal para practicar abortos, de forma que la sanidad pública será "la red de referencia", y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo en el hospital más cercano a su domicilio.
En la actualidad, la mayoría de los abortos se practican en clínicas privadas que tienen acuerdos con la Seguridad Social.
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Este nuevo proyecto de ley se aprueba cuando aún el Tribunal Constitucional no ha resuelto el recurso que presentó hace diez años el conservador Partido Popular (PP) contra la actual norma.
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