El primer ministro británico, Boris Johnson, no será sometido a una investigación criminal por haber supuestamente aprovechado en su día su posición de alcalde de Londres para favorecer a una empresaria estadounidense.
Así lo estableció este jueves la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC, en inglés), supervisora de la Policía, tras investigar los presuntos vínculos entre Johnson y Jennifer Arcuri, que el año pasado causaron una gran polémica en el Reino Unido.
El jefe del Gobierno conservador negó en todo momento haber actuado para beneficiar a la empresaria.
No obstante, el citado organismo admitió hoy que Johnson tuvo una "estrecha asociación" con la mujer, de 35 años, y que tal vez hubo entre ellos una "relación íntima", pero no se hallaron argumentos para proceder a una pesquisa criminal sobre la conducta del líder conservador cuando fue primer edil (entre 2008 y 2016).
El año pasado, el Ayuntamiento de la capital británica pidió a ese organismo supervisor independiente que investigase al primer ministro por haber incurrido supuestamente en un conflicto de intereses al beneficiar a la empresaria y exmodelo.
Según publicaron los medios británicos, Arcuri, emprendedora del sector tecnológico, llegó a recibir unos 141.000 euros en dinero público y acceso privilegiado a varias misiones comerciales del consistorio londinense en el extranjero.
Además, el jefe de Gobierno, de 55 años, habría participado, cuando era alcalde, como orador invitado en presentaciones de la compañía de Arcuri.
Tras conocerse la decisión del organismo supervisor, la Asamblea del Ayuntamiento de Londres informó de que hará su propia investigación para establecer si Arcuri recibió supuestamente dinero público y si tuvo acceso privilegiado a misiones comerciales en el extranjero cuando estaban encabezadas por el entonces regidor.
Hasta ahora, el primer ministro, que estaba casado con Marina Wheeler cuando era primer edil, no ha querido decir si llegó a tener una relación extramarital con Arcuri, como sostienen algunos medios.
"La IOPC estaba investigando específicamente si él (Johnson) cometió un delito criminal", dijo hoy Len Duvall, miembro laborista de la asamblea londinense.
"Se espera que cualquiera que ocupe una función pública, ya sea como alcalde de Londres o como primer ministro, cumpla con los principios de la vida pública, que incluyen integridad, desinterés, franqueza y honradez", añadió Duvall.
El caso salió a la luz en septiembre del año pasado a raíz de una investigación del dominical "The Sunday Times".
Un portavoz del primer ministro expresó hoy la satisfacción por la decisión de la IOPC de descartar esta queja contra Johnson, que consideró tuvo una motivación política y "no tenían fundamento".
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