/ miércoles 11 de diciembre de 2019

Justicia de EU dicta su segundo fallo contra el muro de Trump

Un día antes el magistrado David Briones también determinó que Trump carece de autoridad para desviar fondos

Un juez federal de California ordenó este miércoles bloquear 3.600 millones de dólares que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había destinado a la construcción de su muro fronterizo con México, apenas 24 horas después de que otro magistrado en Texas se pronunciara en el mismo sentido.

El juez Haywood Gilliam de Oakland emitió su decisión respecto a las demandas presentadas ante él por separado por el estado de California (controlado por los demócratas) y la organización ecologista no gubernamental Sierra Club.

El magistrado, nombrado por el expresidente Barack Obama (2009 - 2017), consideró que el Gobierno federal no tiene autoridad para desviar fondos asignados originalmente por el Congreso al Departamento de Defensa para otros fines que no contemplaban la construcción del muro fronterizo.


"Bajo la teoría del Gobierno, cualquier construcción podría ser considerada militar y por tanto recibir fondos específicos para este fin si sencillamente se envía a las Fuerzas Armadas de manera temporal a proveer apoyo logístico a una agencia civil durante la construcción", apuntó Gilliam.

Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero pasado en la frontera sur.

Con estos 3.600 millones de dólares, el Gobierno de Trump tenía previsto levantar unos 280 kilómetros de valla fronteriza que forman parte de su promesa de dejar listos unos 725 kilómetros de muro para finales de 2020.

La decisión de Gilliam tuvo lugar el día después de que el magistrado David Briones, con tribunal en El Paso (Texas) y nombrado en el cargo por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), también determinara que Trump carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines.

La Casa Blanca ya anunció el martes que recurriría esa decisión, por lo que es previsible que haga lo propio con este nuevo fallo judicial.

Se da la circunstancia de que Gilliam es el mismo juez que meses atrás ya bloqueó otra partida de 2.500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para la construcción del muro.


Sin embargo, el pasado julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas y dieron un visto bueno temporal al Gobierno para la utilización de ese dinero.

La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva, y solo revoca la prohibición de que el Gobierno use los 2.500 millones para la construcción del muro tal y como había impuesto Gilliam inicialmente, pero no entra a valorar la legalidad de la desviación.

Así, aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción con esos 2.500 millones -tal y como está haciendo- sigue pendiente de la decisión final que tome el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, que podría hallar ilegal la desviación del presupuesto y por tanto obligar a parar las obras.

Es previsible, especialmente dado su fallo de julio, que en caso de que el Noveno Circuito fallara en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta llevara el caso al Supremo para que tomara una decisión definitiva, algo que también podría ocurrir en el caso de la partida bloqueada esta semana.

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Un juez federal de California ordenó este miércoles bloquear 3.600 millones de dólares que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había destinado a la construcción de su muro fronterizo con México, apenas 24 horas después de que otro magistrado en Texas se pronunciara en el mismo sentido.

El juez Haywood Gilliam de Oakland emitió su decisión respecto a las demandas presentadas ante él por separado por el estado de California (controlado por los demócratas) y la organización ecologista no gubernamental Sierra Club.

El magistrado, nombrado por el expresidente Barack Obama (2009 - 2017), consideró que el Gobierno federal no tiene autoridad para desviar fondos asignados originalmente por el Congreso al Departamento de Defensa para otros fines que no contemplaban la construcción del muro fronterizo.


"Bajo la teoría del Gobierno, cualquier construcción podría ser considerada militar y por tanto recibir fondos específicos para este fin si sencillamente se envía a las Fuerzas Armadas de manera temporal a proveer apoyo logístico a una agencia civil durante la construcción", apuntó Gilliam.

Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero pasado en la frontera sur.

Con estos 3.600 millones de dólares, el Gobierno de Trump tenía previsto levantar unos 280 kilómetros de valla fronteriza que forman parte de su promesa de dejar listos unos 725 kilómetros de muro para finales de 2020.

La decisión de Gilliam tuvo lugar el día después de que el magistrado David Briones, con tribunal en El Paso (Texas) y nombrado en el cargo por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), también determinara que Trump carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines.

La Casa Blanca ya anunció el martes que recurriría esa decisión, por lo que es previsible que haga lo propio con este nuevo fallo judicial.

Se da la circunstancia de que Gilliam es el mismo juez que meses atrás ya bloqueó otra partida de 2.500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para la construcción del muro.


Sin embargo, el pasado julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas y dieron un visto bueno temporal al Gobierno para la utilización de ese dinero.

La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva, y solo revoca la prohibición de que el Gobierno use los 2.500 millones para la construcción del muro tal y como había impuesto Gilliam inicialmente, pero no entra a valorar la legalidad de la desviación.

Así, aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción con esos 2.500 millones -tal y como está haciendo- sigue pendiente de la decisión final que tome el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, que podría hallar ilegal la desviación del presupuesto y por tanto obligar a parar las obras.

Es previsible, especialmente dado su fallo de julio, que en caso de que el Noveno Circuito fallara en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta llevara el caso al Supremo para que tomara una decisión definitiva, algo que también podría ocurrir en el caso de la partida bloqueada esta semana.

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