Debido a que ya está en vigor la Ley SB 1718 desde el 1 de julio, promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya se presenta escasez de mano de obra debido al éxodo de trabajadores migrantes hacia las dos Carolinas y Georgia.
Los migrantes irregulares son más de un millón en Florida. Se trata de trabajadores esenciales para los sectores que mueven la economía en dicho estado: agricultura, construcción y turismo.
¿Qué dice la ley SB 1718?
Para el profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (ColeF), el doctor José María Ramos García, la Ley SB 1718 contra la migración ilegal es la que más restricciones presenta en los Estados Unidos.
La SB 1718 forma parte de un paquete de más de 200 leyes aprobadas este año por el Congreso de dicho estado y se enmarca en el contexto de las elecciones primarias del Partido Republicano, en donde el gobernador DeSantis pretende posicionar una agenda migratoria y de seguridad fronteriza restriccionista, superando las iniciativas presentadas por el expresidente Donald Trump.
El especialista en gobernanza, seguridad y relaciones México-Estados Unidos, sobre la Ley SB 1718, dijo además: “Esta ley margina los avances en las iniciativas de inmigración promovidas por la actual administración del presidente Biden y la existencia de mercados laborales transnacionales así como la intensidad de lazos comerciales y turísticos entre México y Florida".
De esta iniciativa SB 1718, refirió que la avaló la mayoría republicana en el Congreso estatal, junto con una base de legisladores cubanoamericanos.
El doctor Ramos explicó que los grupos de inmigrantes más recientes de venezolanos, nicaragüenses, colombianos, brasileños, también se inclinan hacia el Partido Republicano, debido al contexto estatal y regional.
“El gobernador DeSantis obtuvo el 58 por ciento del voto latino de Florida en su reelección en 2022. Mejoró el 44 por ciento de su victoria en el 2018”, recordó.
Los gobernadores republicanos, en especial de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente, argumentan que la política migratoria del presidente Joe Biden permitió que el año pasado Estados Unidos alcanzara el mayor incremento del flujo migratorio irregular, cerca de dos millones de detenciones a través de la frontera con México en las últimas dos décadas.
¿Cuáles son las sanciones previstas en la SB 1718?
En este contexto se plantea la nueva Ley SB 1718 que, entre muchas cosas, establece sanciones penales para determinados extranjeros que utilicen documentos de identificación que usen de manera fraudulenta o documentos de identificación de otra persona con el fin de obtener un empleo.
Por otro lado, autoriza al Departamento de Oportunidades Económicas a solicitar y requerir a un empleador privado que proporcione copias de cierta documentación.
El contrabando de personas ahora figura como un delito punible en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO por sus siglas en inglés).
Transportar a sabiendas a un inmigrante ilegal hacia Florida, resultará en 5 años de prisión y una multa de 5 mil dólares por ofensa, de acuerdo a la Ley SB 1718.
Transportar a 5 o más extranjeros ilegales, un solo menor de edad no acompañado o un contrabandista convicto resultará en una multa de 10 mil dólares, una sentencia de prisión de hasta 15 años, ya que se trata de delitos graves de segundo grado, según la Ley SB 1718.
Traer a Florida desde otro estado de la Unión a una persona indocumentada, aunque sea un familiar, se le considera un delito grave de segundo grado.
Ante esta ley antiinmigrante que entró en vigor este 1 de julio de 2023 en Florida, el gobierno de México, a través del Consulado General en Miami y el Consulado en Orlando, considera que la criminalización no es el camino adecuado para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada, señaló.
Comentó que distintas organizaciones como el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección en Florida; Americans for Inmigrant Justice y American Inmigration Council, presentarán una demanda.
El argumento es que la Ley SB 1718 es discriminatoria y representa “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el Estado, no solo para los inmigrantes”.
La demanda se centrará específicamente en las disposiciones de la Sección 10 de la ley, que criminaliza el transporte a Florida de personas que arriban al Estado y que pudieron haber ingresado al país sin inspección federal, dijo el doctor José María Ramos.
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