Marihuana legal: aprendiendo del modelo uruguayo

Montevideo, Uruguay.- Ya pasan varios minutos desde el mediodía y Martín Borland charla con otros dos hombres mientras hace cola en una farmacia del barrio montevideano de Pocitos, ubicado al este de la capital de Uruguay. Martín es un tipo normal, lleva una vida normal y tiene un empleo normal (es guía turístico), pero no está enfermo y no se encuentra aquí para adquirir medicamentos. Viene para comprar mariguana.

Lleva más de dos décadas consumiendo, pero ya no se ve obligado a acudir al mercado ilegal para adquirir el producto. En la farmacia puede elegir entre dos variedades de mariguana, sativa o índica, que se venden en paquetes de 5 gramos a 220 pesos uruguayos, unos 6 dólares.

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La ley le permite comprar 10 gramos por semana, un máximo de 40 al mes. La farmacia Cáñamo es uno de los siete establecimientos de Montevideo autorizados a vender cannabis (diecisiete en todo el país) desde que en julio de 2017 se habilitara la dispensación en farmacias de todo el territorio, gracias a una ley aprobada por José Mujica en 2013 y que convirtió a Uruguay en la primera nación del planeta en regular la producción, distribución y comercialización de la mariguana a nivel local, así como su utilización con fines medicinales.

La ley ya permitía a los uruguayos, desde 2014, acceder a la mariguana mediante el autocultivo, cada ciudadano con residencia en Uruguay puede disponer de 6 plantas de cannabis psicoactivo y un máximo de producto de 480 gramos anuales, o a través de la pertenencia a un club, formados por residentes, con límite de 45 socios, un cultivo limitado a 99 plantas y 480 gramos al año por miembro, pero la medida que democratiza el consumo legal es la venta en farmacias.

No han pasado ni dos años desde que empezó a funcionar ese sistema y la medida ya ha demostrado que avanzar de espaldas al prohibicionismo es una alternativa que, en el caso de Uruguay, presenta resultados positivos.

La ley, además, le ha comido más de la mitad del negocio al narcotráfico -alrededor de 25 millones de dólares- y se calcula que un 55% de la población ya acude a comprar al circuito legal, según datos del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis).

La ciudadanía ha asumido de manera natural que el vecino consuma mariguana. La heterogeneidad en el perfil de fumador es clave para definir el fenómeno uruguayo. La mariguana ya no es sinónimo de exclusión y su regulación no se ha traducido en un problema de salud pública. Cuando se implementó la ley, en Uruguay había 170 mil fumadores de cannabis, entre ellos 17 mil consumidores problemáticos, según las cifras que maneja el Ministerio de Salud.

El cannabis no deja de ser una droga y el estigma social no ha desaparecido, pero la percepción de la población ha experimentado un cambio sustancial desde que se comenzó a aplicar la regulación, según una encuesta elaborada por Monitor Cannabis (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República): en 2018 la mayoría de los uruguayos consultados (un 44% a favor por un 41% en contra) apoyaban la ley, frente al 70% que se manifestaba hostil antes de aprobarse la norma.

En mayo de 2019 ya hay más de 36 mil personas registradas para comprar en farmacias, alrededor de 7 mil autocultivadores y más de 3 mil 500 socios de clubes cannábicos, según datos del IRCCA.

Unos registros que van en aumento en un país con menos de cuatro millones de habitantes; unas cifras en las que ya se fijan otras naciones para abordar modelos similares.

Desabasto, el reto

El proceso en Uruguay, sin embargo, no está exento de complicaciones. El país sudamericano partió de cero en un sector todavía incipiente en términos de mercado, no existe conocimiento técnico consolidado sobre cómo producir cannabis a gran escala y su inexperiencia se refleja en varios apartados.

Actualmente sólo dos empresas cultivan cannabis en Uruguay: Symbiosis e ICC Labs. La producción todavía es insuficiente para abastecer a los usuarios registrados: el cultivo de mariguana no es sencillo, está· condicionado por el clima y la estacionalidad, y son frecuentes las pérdidas de cosechas. Esta circunstancia provoca que la llegada del producto a las farmacias sea limitada y que situaciones como la de Martín Borland, esperando durante horas para adquirir la sustancia, sean todavía habituales.

Las farmacias están funcionando con un sistema de reservas para paliar el problema, pero el sistema informático suele colapsarse y los vecinos se quejan por la aglomeración de compradores en el exterior de los comercios.

“Ahora no hay cosecha. Están entregando menos cantidad. El IRCCA empezó distribuyendo cuatro kilos por semana, luego tres y ahora sólo dos. Dos kilos son 400 paquetes. Eso lo vendo en un día”, explica Enrique Curbelo, dueño de la farmacia Lilen.

El Gobierno de Tabaré Vázquez abrió en febrero una licitación para aumentar el número de empresas de producción y en mayo ya empezó a recibir ofertas con las que espera solventar la situación.

El IRCCA tiene actualmente otorgados permisos para producir cuatro toneladas de cannabis recreativo por año y cree que la irrupción de nuevas compañías elevará el monto al menos a diez toneladas anuales.

Otro gran contratiempo que está experimentando el proceso es “la injerencia de la banca estadounidense”, según explica Mario Bergara, presidente del Banco Central de Uruguay hasta 2018 y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, el partido que aprobó la regulación y actualmente en el Gobierno.

El cannabis sigue siendo a nivel federal una sustancia prohibida en EU y está contemplada en la lista de activos no respaldados por servicios financieros. Uruguay no puede forzar a los bancos a que reciban esos depósitos, porque eso implicaría sanciones a escala internacional, y entonces los farmacéuticos se ven obligados a trabajar en efectivo con las transacciones de mariguana.

La paradoja reside en que el principal objetivo de la ley es combatir el narcotráfico, una meta que también persigue la legislación estadounidense, pero el choque entre las administraciones de EU dificulta ese proceso porque “allí la ley federal está por encima de la estatal”, razona Bergara.

Para el precandidato del Frente Amplio la contradicción es difícil de sostener: “Es un disparate, porque la ley es un mecanismo de regulación y lo mejor que te puede pasar es que todo quede registrado en medios electrónicos. Y no: estás empujando esto al mundo del efectivo, que es el territorio menos transparente”.

Bergara cuenta que “en EU ya hay varios legisladores que están impulsando el cambio”, pero a nivel normativo todavía no se ha producido una “cristalización”. “En el gobierno de Trump la perspectiva de que cambie la ley es pequeña. Con Obama hubo un intento, pero hasta que no cambie la situación en EU los vendedores de mariguana uruguayos no van a poder utilizar los servicios financieros”, lamenta Bergara.

La falta de acceso a la variante medicinal es el último obstáculo que afronta el Gobierno. En farmacias sólo se dispensa Epifractán, un aceite elaborado en Suiza con alto rendimiento para el tratamiento de epilepsia refractaria y enfermedades del sistema nervioso, pero con un coste elevado para la mayoría de los usuarios.

Sirva de ejemplo

Canadá se convirtió en 2018 en el segundo país del globo en legalizar el consumo de mariguana y nueve estados de EU ya aprueban su uso recreativo.

Nueva Zelanda legalizó el uso medicinal de la mariguana a finales del año pasado y ha convocado un referéndum vinculante en 2020 para dar luz verde al consumo lúdico.

Y en México, el partido de Andrés Manuel López Obrador presentó en noviembre de 2018 una iniciativa de ley para regular la producción, la venta y el consumo de cannabis, una propuesta que actualmente se encuentra estancada en el Congreso.

El gobierno de López Obrador recibió asesoramiento de las autoridades uruguayas y propone medidas similares a las implementadas por el Frente Amplio, como la limitación a 480 gramos de producción anual por persona o la creación de un Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.

Mientras tanto, Europa espera para dar el paso, pero no tardará: son varios los países que trabajan en ello desde hace años y el cambio de paradigma ya parece definitivo.