El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta 37 cargos federales en el caso de los documentos clasificados de la Casa Blanca, según el acta de acusación publicada por el Departamento de Estado, y los fiscales federales lo responsabilizan de mantener ilegalmente expedientes sensibles sobre los programas nucleares y de defensa de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia dijo que cuando dejó la Casa Blanca, en enero de 2021, Trump se llevó consigo archivos clasificados del Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia, poniendo en riesgo la seguridad nacional del país.
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Trump los mantuvo sin seguridad en su residencia del club Mar-a-Lago, Florida, donde organizaba regularmente grandes eventos sociales con decenas de miles de invitados, según la acusación presentada en un tribunal federal de Florida.
Al menos en dos ocasiones, Trump mostró documentos clasificados sobre operaciones y planes militares estadounidenses a personas que no estaban autorizadas a verlos en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.
Los documentos que Trump tomó “incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de EU como de otros países, los programas nucleares nacionales, las posibles vulnerabilidades de Estados Unidos y sus aliados ante un ataque militar y los planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”, sostiene la acusación.
En una grabación de audio realizada en julio de 2021 y revelada por CNN, el expresidente se jacta de tener frente a él un documento “altamente confidencial”.
En respuesta, Trump alegó que no cometió ningún crimen al llevarse documentos clasificados a su mansión en Florida tras el fin de su mandato, y que estaba autorizado en virtud de una ley sobre registros presidenciales.
“Es una cacería de brujas”, exclamó en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en donde arremetió contra el fiscal especial Jack Smith y el presidente Joe Biden, también contra el Departamento de Justicia y el FBI.
Trump fue acusado de 37 cargos, incluida la retención deliberada de información, conspiración, obstrucción de la justicia, ocultamiento corrupto de documentos y declaraciones falsas.
Los cargos, presentados por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, conllevan hasta 20 años de prisión en algunos casos, y otros hasta cinco años, pero en caso de que sea culpado en todas las acusaciones podría sumar hasta 400 años, según expertos.
Smith, a cargo de la investigación, dijo que la ley se aplica para todo el mundo y que buscará un juicio rápido “de acuerdo con el interés público y los derechos de los acusados”.
También le pidió al público que lea el documento de la acusación para comprender “el alcance y gravedad de los delitos imputados”.
La Fiscalía alega que Trump “se esforzó por obstruir las investigaciones del FBI y del gran jurado y ocultar la retención de documentos clasificados”.
Según el documento de 49 páginas, los delitos más graves que se le imputan, como obstrucción a la justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta 250 mil dólares y los menos graves, como conspiración para ocultar, con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.
Además de Trump está imputado Waltine Nauta, un asistente militar que trabajó para él durante su mandato como presidente y fue visto moviendo cajas con documentos oficiales en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida.
COMPARECE EL MARTES
El próximo martes, 13 de junio, el expresidente deberá comparecer en los tribunales federales de Miami para la lectura de los cargos.
De acuerdo con varios medios,la jueza federal que va a supervisar el caso, al menos al principio, es Aileen Cannon, nombrada por Trump.
Cannon fue la que, al principio del caso, aceptó una petición de los abogados de Trump para que fuera un perito especial quien revisara el material incautado en Mar-a-Lago, que incluía un centenar de documentos clasificados, y nombró al veterano juez de Nueva York Raymond Dearie para que se encargara de la tarea.
La jueza también fijará las condiciones que deberán respetarse en espera de su juicio. Es sumamente improbable que dicte prisión preventiva contra él.
La fiscalía y la defensa acordarán puntos técnicos,como el intercambio de información relacionada con documentos clasificados. Los fiscales intentarán darse prisa para que el juicio se celebre antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
DIMITEN SUS ABOGADOS
Dos de los abogados de Trump, Jim Trusty y John Rowley, dimitieron horas antes y ahora estará representado por Todd Blanche, que ya formaba parte de su equipo legal y otros abogados que se sumarán en los próximos días.
El expresidente, que está en campaña con la meta de volver a la Casa Blanca, afirma ser “inocente” y dice que el objetivo de esta acusación en la justicia federales “dañar su reputación” para impedir que gane las elecciones de 2024.
Varios de sus rivales en las primarias, incluido el gobernador de Florida, RonDeSantis, y el resto de las principales figuras del Partido Republicano han cerrado filas en defensa de Trump tras conocerse el nuevo caso judicial contra él.
Aunque fuera condenado a prisión antes de las elecciones, podría seguir siendo candidato. Políticamente es poco probable que esto desanime a sus partidarios,quienes lo defienden y lo consideran víctima de una artimaña política. El resultado de las elecciones sería crucial: una victoria lo protegería de la cárcel.
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