/ jueves 13 de diciembre de 2018

WAN-IFRA y WEF condenan allanamiento en sede de Europa Press y Diario de Mallorca

Los periodistas de Diario de Mallorca se negaron a entregar la información solicitada por los agentes de policía sobre la base del derecho a no divulgar las fuentes periodísticas

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el World Editors Forum (WEF) condenaron "los intentos de la policía de confiscar documentos y equipos" de la agencia española Europa Press y del periódico Diario de Mallorca, en un claro ataque a la libertad de prensa que es fundamental.

Se inició una investigación criminal contra Europa Press centrada en su sede en las Islas Baleares, donde los fiscales demandan documentación y activos corporativos relacionados con los informes de la agencia de noticias sobre el llamado "caso de Cursach".

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La Policía Judicial española, por orden de un magistrado, requirió el pasado martes al periodista de Diario de Mallorca, José Francisco Mestre, la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo.

El mismo día, una comisión judicial incautó el móvil, ordenadores y otro material de trabajo a la reportera de Europa Press, Blanca Pou, en la delegación de esa agencia en Palma.

Los periodistas de Diario de Mallorca se negaron a entregar la información solicitada por los agentes de policía sobre la base del derecho a no divulgar las fuentes periodísticas, así como el derecho fundamental a la libertad de información.

Esas maniobras "corren el riesgo de exponer fuentes periodísticas en relación con un caso de corrupción de alto perfil en la isla", indicaron ambas organizaciones en un comunicado.

El juez ordenó estas incautaciones con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre una filtración a la prensa relacionada con el llamado caso Cursach, y en respuesta a una solicitud presentada por la Fiscalía y representantes legales de Bartolome Cursach.

Tolo Cursach, una figura destacada en los sectores de vida nocturna y construcción de Mallorca, fue arrestado en marzo de 2017 y acusado de numerosos delitos, como soborno, extorsión, amenazas de emisión, asociación criminal, lavado de dinero, homicidio, corrupción de menores y posesión de armas. Después de 16 meses en custodia previa al juicio, este mes pagó una fianza de un millón de euros.

Sin embargo, esas maniobras "corren el riesgo de exponer fuentes periodísticas en relación con un caso de corrupción de alto perfil en la isla", indicaron ambas organizaciones.

"La protección de las fuentes es fundamental para la profesión del periodismo: sin ella, los medios de comunicación no pueden operar de manera independiente ni esperar ganarse la confianza del público", indicó el director general de WAN-IFRA, Vincent Pèyregne.

"Estamos consternados de que la policía haya socavado la libertad de prensa al intentar incautar material periodístico que corre el riesgo de exponer información sobre fuentes confidenciales", agregó Pèyregne.

Apoyamos plenamente a Europa Press y Diario de Mallorca en su lucha legal, y exigimos a las autoridades españolas que cesen sus investigaciones criminales, devuelvan los materiales incautados y renueven su compromiso de defender, en lugar de criminalizar, el periodismo ".

||Con información de EFE||

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el World Editors Forum (WEF) condenaron "los intentos de la policía de confiscar documentos y equipos" de la agencia española Europa Press y del periódico Diario de Mallorca, en un claro ataque a la libertad de prensa que es fundamental.

Se inició una investigación criminal contra Europa Press centrada en su sede en las Islas Baleares, donde los fiscales demandan documentación y activos corporativos relacionados con los informes de la agencia de noticias sobre el llamado "caso de Cursach".

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La Policía Judicial española, por orden de un magistrado, requirió el pasado martes al periodista de Diario de Mallorca, José Francisco Mestre, la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo.

El mismo día, una comisión judicial incautó el móvil, ordenadores y otro material de trabajo a la reportera de Europa Press, Blanca Pou, en la delegación de esa agencia en Palma.

Los periodistas de Diario de Mallorca se negaron a entregar la información solicitada por los agentes de policía sobre la base del derecho a no divulgar las fuentes periodísticas, así como el derecho fundamental a la libertad de información.

Esas maniobras "corren el riesgo de exponer fuentes periodísticas en relación con un caso de corrupción de alto perfil en la isla", indicaron ambas organizaciones en un comunicado.

El juez ordenó estas incautaciones con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre una filtración a la prensa relacionada con el llamado caso Cursach, y en respuesta a una solicitud presentada por la Fiscalía y representantes legales de Bartolome Cursach.

Tolo Cursach, una figura destacada en los sectores de vida nocturna y construcción de Mallorca, fue arrestado en marzo de 2017 y acusado de numerosos delitos, como soborno, extorsión, amenazas de emisión, asociación criminal, lavado de dinero, homicidio, corrupción de menores y posesión de armas. Después de 16 meses en custodia previa al juicio, este mes pagó una fianza de un millón de euros.

Sin embargo, esas maniobras "corren el riesgo de exponer fuentes periodísticas en relación con un caso de corrupción de alto perfil en la isla", indicaron ambas organizaciones.

"La protección de las fuentes es fundamental para la profesión del periodismo: sin ella, los medios de comunicación no pueden operar de manera independiente ni esperar ganarse la confianza del público", indicó el director general de WAN-IFRA, Vincent Pèyregne.

"Estamos consternados de que la policía haya socavado la libertad de prensa al intentar incautar material periodístico que corre el riesgo de exponer información sobre fuentes confidenciales", agregó Pèyregne.

Apoyamos plenamente a Europa Press y Diario de Mallorca en su lucha legal, y exigimos a las autoridades españolas que cesen sus investigaciones criminales, devuelvan los materiales incautados y renueven su compromiso de defender, en lugar de criminalizar, el periodismo ".

||Con información de EFE||

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