/ lunes 18 de mayo de 2020

Confirman sentencia de nueve años de prisión a Javier Duarte

Fue revocado de manera temporal el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al exmandatario veracruzano

Un juez federal ratificó la sentencia en contra de Javier Duarte de Ochoa, por lo que el exgobernador de Veracruz tendrá que pasar los nueve años en prisión que se le impusieron por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. También revocó el decomiso de 40 inmuebles, que les deberán ser regresados a sus dueños.

Fue la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, al rechazar los argumentos de la defensa de Duarte, que acusó que las pruebas con las que fue sentenciado eran ilícitas.

En la misma determinación se revocó el decomiso de los 40 inmuebles, cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del exgobernador de Veracruz, dado que la causa penal aún no está concluida, ya que aún falta detener a otros imputados; con ello, los bienes inmuebles deberán ser devueltos a sus dueños.

El 15 de abril de 2017 la entonces Procuraduría General de la República detuvo a Duarte en Guatemala. En la primera audiencia rechazó la extradición para enfrentar a la justicia mexicana, pero cambió de parecer y el 4 de julio del mismo año aceptó regresar a México para enfrentar a la justicia. Sobre el recurso de Duarte para reducir su sentencia, Porras Odriozola estimó que los datos de prueba en contra del exgobernador de Veracruz son suficientes e idóneos, por lo que descartó que fuera juzgado con pruebas ilícitas.

Duarte solicitó descartar los documentos bancarios que se usaron en la acusación en su contra, al argumentar que la Fiscalía General de la República (FGR) violó el secreto bancario, por obtenerlos sin orden judicial de por medio.

La magistrada dijo que Duarte consintió esas pruebas, al declararse culpable de los delitos en un procedimiento abreviado que negoció con la FGR para obtener una pena más baja.

“Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el Juez de Control, en cuanto al delito y la responsabilidad; lo único exigible en primera instancia y verificable ante la alzada, en cuanto a estos tópicos, es que los datos de prueba sean suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos”, señala la magistrada.

Por otra parte, revocó el decomiso de los 40 inmuebles, cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del exgobernador, dado que la causa penal aún no está concluida, ya que aún falta detener a otros imputados; los bienes deberán ser regresados a sus dueños.

En los procesos legales contra Duarte, la FGR le ha detectado alrededor de 40 propiedades, ligadas al desfalco millonario a las arcas públicas de Veracruz entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.

Durante su administración al frente de Veracruz, Duarte fue acusado de actos de corrupción, señalamientos que llegaron a una denuncia formal en abril de 2016. En octubre de ese mismo año solicitó licencia a su cargo y aunque dijo que iba a dar la cara a las acusaciones terminó escapando. Tras su extradición, aceptó juicio abreviado y se declara culpable por lo que el 27 de septiembre 2018 fue condenado a nueve años de cárcel tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero.


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Un juez federal ratificó la sentencia en contra de Javier Duarte de Ochoa, por lo que el exgobernador de Veracruz tendrá que pasar los nueve años en prisión que se le impusieron por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. También revocó el decomiso de 40 inmuebles, que les deberán ser regresados a sus dueños.

Fue la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, al rechazar los argumentos de la defensa de Duarte, que acusó que las pruebas con las que fue sentenciado eran ilícitas.

En la misma determinación se revocó el decomiso de los 40 inmuebles, cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del exgobernador de Veracruz, dado que la causa penal aún no está concluida, ya que aún falta detener a otros imputados; con ello, los bienes inmuebles deberán ser devueltos a sus dueños.

El 15 de abril de 2017 la entonces Procuraduría General de la República detuvo a Duarte en Guatemala. En la primera audiencia rechazó la extradición para enfrentar a la justicia mexicana, pero cambió de parecer y el 4 de julio del mismo año aceptó regresar a México para enfrentar a la justicia. Sobre el recurso de Duarte para reducir su sentencia, Porras Odriozola estimó que los datos de prueba en contra del exgobernador de Veracruz son suficientes e idóneos, por lo que descartó que fuera juzgado con pruebas ilícitas.

Duarte solicitó descartar los documentos bancarios que se usaron en la acusación en su contra, al argumentar que la Fiscalía General de la República (FGR) violó el secreto bancario, por obtenerlos sin orden judicial de por medio.

La magistrada dijo que Duarte consintió esas pruebas, al declararse culpable de los delitos en un procedimiento abreviado que negoció con la FGR para obtener una pena más baja.

“Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el Juez de Control, en cuanto al delito y la responsabilidad; lo único exigible en primera instancia y verificable ante la alzada, en cuanto a estos tópicos, es que los datos de prueba sean suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos”, señala la magistrada.

Por otra parte, revocó el decomiso de los 40 inmuebles, cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del exgobernador, dado que la causa penal aún no está concluida, ya que aún falta detener a otros imputados; los bienes deberán ser regresados a sus dueños.

En los procesos legales contra Duarte, la FGR le ha detectado alrededor de 40 propiedades, ligadas al desfalco millonario a las arcas públicas de Veracruz entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.

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