/ lunes 22 de junio de 2020

Exigen a Murat gobernabilidad y seguridad en San Mateo del Mar tras masacre

El Congreso del Estado de Oaxaca pidió a la Fiscalía una investigación pronta e imparcial

El Congreso del Estado de Oaxaca condenó la masacre ocurrida en el municipio de San Mateo del Mar, donde informes preliminares hablan de 15 muertos, un número indeterminado de heridos y desaparecidos, y exigió enérgicamente al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, garantizar la gobernabilidad y seguridad en esta zona para que el pueblo ikoot viva con seguridad y armonía.

Lo anterior, después de que versiones procedentes de este municipio, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, dieron cuenta de un ataque armado - en dos momentos- en contra de pobladores de diversas agencias que se dirigían a una asamblea de análisis e información para organizarse de acuerdo a sus normas internas, misma que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.

“Expresamos nuestro pesar al pueblo ikoots, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y de las familias afectadas por este acto irracional de barbarie, y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas heridas”, expuso en un documento la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Estatal, presidida por Horacio Sosa Vlllavicencio.

Estos hechos podrían implicar un ataque directo “y por las vías más brutales” a las capacidades ciudadanas para intervenir en los asuntos de interés público. Por ello la diputación oaxaqueña condenó la búsqueda de mantener el control social o político a través del terror, “aspecto inadmisible en cualquier sociedad que, como la nuestra, aspira a considerarse democrática”.

Como al parecer las víctimas mortales y los lesionados se dirigían a una reunión para analizar su relación con las autoridades de la cabecera municipal, se responsabilizan del atentado al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa. La situación se agrava porque trascendió que a las propias autoridades de seguridad e investigación, se les impedía el ingreso al lugar de los hechos.

Por estos hechos, el Congreso exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta, completa, expedita e imparcial, que permita llevar a los responsables a la justicia para que, conforme a derecho, hagan frente a las consecuencias de los delitos cometidos, “aun en la conciencia de que este agravio a un pueblo indígena es imposible de reparar”.

La masacre de este domingo 21 de junio tiene como antecedentes directos otros ataques recientes que implicaron tortura, privación de la libertad y homicidio en contra de habitantes de las agencias de San Mateo del Mar. También, señala la posible responsabilidad, de quienes desde el gobierno del estado de Oaxaca, tienen la obligación de conciliar, acordar y resolver los conflictos.

“La omisión gubernamental también puede ser una política criminal, y tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía tienen la obligación de identificar las responsabilidades de quienes no actuaron o no hicieron lo suficiente para evitar esta tragedia”, expone el documento.

Finalmente, el Congreso demandó que el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con las autoridades federales que corresponda, establezca las condiciones de seguridad necesarias para que el pueblo ikoots pueda desarrollar su vida de manera armónica, a fin de hacer justicia para castigar a los autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos.

El Congreso del Estado de Oaxaca condenó la masacre ocurrida en el municipio de San Mateo del Mar, donde informes preliminares hablan de 15 muertos, un número indeterminado de heridos y desaparecidos, y exigió enérgicamente al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, garantizar la gobernabilidad y seguridad en esta zona para que el pueblo ikoot viva con seguridad y armonía.

Lo anterior, después de que versiones procedentes de este municipio, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, dieron cuenta de un ataque armado - en dos momentos- en contra de pobladores de diversas agencias que se dirigían a una asamblea de análisis e información para organizarse de acuerdo a sus normas internas, misma que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.

“Expresamos nuestro pesar al pueblo ikoots, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y de las familias afectadas por este acto irracional de barbarie, y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas heridas”, expuso en un documento la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Estatal, presidida por Horacio Sosa Vlllavicencio.

Estos hechos podrían implicar un ataque directo “y por las vías más brutales” a las capacidades ciudadanas para intervenir en los asuntos de interés público. Por ello la diputación oaxaqueña condenó la búsqueda de mantener el control social o político a través del terror, “aspecto inadmisible en cualquier sociedad que, como la nuestra, aspira a considerarse democrática”.

Como al parecer las víctimas mortales y los lesionados se dirigían a una reunión para analizar su relación con las autoridades de la cabecera municipal, se responsabilizan del atentado al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa. La situación se agrava porque trascendió que a las propias autoridades de seguridad e investigación, se les impedía el ingreso al lugar de los hechos.

Por estos hechos, el Congreso exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta, completa, expedita e imparcial, que permita llevar a los responsables a la justicia para que, conforme a derecho, hagan frente a las consecuencias de los delitos cometidos, “aun en la conciencia de que este agravio a un pueblo indígena es imposible de reparar”.

La masacre de este domingo 21 de junio tiene como antecedentes directos otros ataques recientes que implicaron tortura, privación de la libertad y homicidio en contra de habitantes de las agencias de San Mateo del Mar. También, señala la posible responsabilidad, de quienes desde el gobierno del estado de Oaxaca, tienen la obligación de conciliar, acordar y resolver los conflictos.

“La omisión gubernamental también puede ser una política criminal, y tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía tienen la obligación de identificar las responsabilidades de quienes no actuaron o no hicieron lo suficiente para evitar esta tragedia”, expone el documento.

Finalmente, el Congreso demandó que el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con las autoridades federales que corresponda, establezca las condiciones de seguridad necesarias para que el pueblo ikoots pueda desarrollar su vida de manera armónica, a fin de hacer justicia para castigar a los autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos.

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