El próximo jueves el Congreso del Estado podría definir si procede la destitución de Francisco Romero como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien fue detenido el 25 de febrero por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que el Poder Legislativo no tiene nada que ver con el proceso penal que enfrenta el auditor, sin embargo, existen reglas para iniciar el procedimiento especial de remoción a fin de que la Auditoría no se detenga.
“En la medida en que se vayan desarrollando las cosas, las peticiones que hicieron algunos compañeros (de Morena) y lo que vaya designando el Tribunal (de Justicia) daremos paso a una línea de tiempo. Espero que en la sesión del próximo jueves se esté dando cuenta de lo que se tendrá que hacer, seremos respetuosos de lo que diga el Poder Judicial”, dijo.
En caso de que el Congreso destituya a Romero, el diputado anunció que iniciará un nuevo procedimiento de selección para nombrar al reemplazo, quien estará en el cargo por siete años, es decir que la persona no concluirá el periodo del auditor detenido. Romero fue electo para estar en funciones del 27 de noviembre de 2019 al 28 de noviembre de 2026.
Céspedes declaró que de ser necesario solicitarán un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera de la investigación que tiene contra Francisco Romero a fin de poder destituirlo. En ese sentido no descartó que el auditor suplente Rubén de la Fuente Vélez pueda participar en el nuevo procedimiento para designar al próximo titular de la Auditoría.
CONGRESO NO PRESIONÓ A AUDITOR ESPECIAL
El también coordinador de Morena rechazó que el Congreso haya intimidado al auditor especial de Cumplimiento Financiero, Víctor Hugo Aguilar Hernández, quien por prelación le correspondía ocupar el cargo provisional, para que declinara por un posible conflicto de interés con el titular de la Auditoría, pues él y Romero fueron auditores de gobierno.
Respecto al funcionamiento de la Unidad Técnica que vigilará el desempeño de la ASE, aseguró que tendrá recursos y de ser necesario solicitará una ampliación presupuestal.
Por último, el diputado no consideró que Romero sea un perseguido político, pues dijo que les corresponde a las autoridades determinar si es responsable del delito que se le imputa.
Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla
