TUXTLA. Durante el último año en el estado gobierno y organismos internacionales acumulan en conjunto en términos netos una pérdida de nueve mil 12 puestos laborales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por medio de un estudio, informó que después del aumento de 13 mil 444 empleos que registró en Chiapas el segundo trimestre de 2018 en términos reales, ese sector sumó tres déficits seguidos en la materia: tres mil cinco entre julio y septiembre, tres mil 729 en el cuarto trimestre, el último periodo del gobierno de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto, y dos mil 278 de enero a marzo pasados, a la postre el arranque de los sexenios de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador.
La disminución se da en el contexto de la instauración de la política de austeridad republicana impulsada desde el gobierno federal, la cual plantea la reducción de plazas gubernamentales para generar ahorros. Aunque la idea viene de Presidencia de la República, la intención es que abarque a todo el Estado mexicano.
Por esos motivos, al cierre del primer trimestre del ejercicio en la entidad la función pública acaparaba 12.3 por ciento de la mano de obra de la industria terciaria. De hecho, era la cuarta subrama con más gente ocupada, destacó.
Derivado de esos cambios, ahora en la estructura de poderes labora el 3.1 por ciento de los trabajadores del estado, por debajo del 3.8 por ciento que constituye el promedio nacional. Hablamos del indicador en el que Chiapas fue mejor evaluado por el observatorio “México ¿cómo vamos?”.
No obstante, según los números disponibles hasta 2016 por el Inegi, en la entidad existían 872 servidores públicos por cada 100 mil habitantes, la tercera proporción más baja de México, sólo superado por Puebla y Coahuila.
Para el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, Enoch Gutiérrez Cruz, adelgazar la nómina de la burocracia es una buena noticia porque la administración pública estatal destina 90 por ciento del presupuesto para el pago de servicios personales y demás conceptos de gasto corriente.
La iniciativa privada (IP) local no tiene capacidad de absorber a quienes quedaron desempleados en el gobierno federal y estatal. Por ello, las autoridades deben fomentar el desarrollo emprendedor y por ende el autoempleo por medio de proyectos productivos, acotó.
En mayo pasado, presidencia de la República emitió un memorándum para que todas las dependencias federales redujeran sus gastos de nómina, lo cual implicaba despidos y que no se recontratara al personal que se le acabara el contrato. Con esta medida de austeridad, el gobierno federal esperaba obtener mayores recursos para utilizarlos en otras áreas, tales como Pemex y los programas sociales, dos de los temas prioritarios de la actual administración.
