Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional obligan a migrantes extranjeros a bajar de los vehículos que los transportan para hacerlos caminar, a pesar de que se trate de menores, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad.
Así lo reveló la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual documentó que los agentes migratorios o guardias nacionales les dicen a los migrantes que si quieren continuar con su trayecto lo hagan caminando, ya sea de día, noche o madrugada.
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Al emitir la Alerta Temprana 04/2023, al Gobierno del Estado de Oaxaca y a los ayuntamientos del Istmo de Tehuantepec, ante el incremento de flujos de personas extranjeras en contexto de migración internacional, la Defensoría explicó que estos abusos afectan a un flujo de entre 200 a 500 extranjeros, que circulan diariamente por los ayuntamientos del Istmo
Esta situación la comprobó el organismo con su personal en los municipios de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán.
Con el propósito de evitar violaciones masivas a derechos humanos de estas personas extranjeras que pueden resultar de difícil o imposible reparación, la DDHPO explicó que la información la obtuvo de autoridades municipales.
Indicó que los migrantes provienen principalmente de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Chile, Ecuador y Senegal, quienes se integran en grupos, en los que se encuentran niñas, niños y adolescentes (NNA).
El personal humanitario verificó que la mayoría de las personas extranjeras se concentran en las terminales de autobuses o en tiendas de conveniencia a la espera de que sus familiares les realicen depósitos de dinero para comprar boletos con destino principalmente a la Ciudad de México o al norte del país.
Lo anterior ocasiona que muchos duerman sobre las banquetas de las calles aledañas, provocando la saturación de los servicios sanitarios y de transporte, situación que complica la prestación de dichos servicios para la población que regularmente habita esos municipios, "lo que podría generar un conflicto social."
La Defensoría evidenció además que algunas empresas de transporte público se niegan a venderles boletos a los migrantes, bajo el argumento de que son órdenes del INM.
Estos impedimentos obligan a las personas extranjeras a buscar otras alternativas de transporte, como son taxis y mototaxis, quienes ofrecen sus servicios para evadir los filtros migratorios a cambio de cuotas elevadas.
También establecieron que autobuses ofrecen de manera clandestina el transporte hacia la Ciudad de México a cambio de cantidades excesivas de dinero, lo que en muchas ocasiones favorece que las personas migrantes caigan en redes de traficantes, cuyos transportes en ocasiones se han visto involucrados en accidentes carreteros.
También se comprobó que grupos de personas migrantes se ven en la necesidad de realizar largas caminatas sobre la carretera que conecta con los diferentes municipios que conforman la zona del Istmo, sin contar con los insumos necesarios para protegerse de las altas temperaturas de la región, exponiendo a menores, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, a sufrir violaciones a sus derechos humanos, confirmando además que no existe presencia de alguna autoridad federal, estatal o municipal que brinde ayuda humanitaria a las personas extranjeras.
Por todo ello, Derechos Humanos pidió al Gobierno del Estado que a través del diálogo y la concertación, intervenga, realice acciones de seguridad y vialidad necesarias para prevenir accidentes y brindar seguridad a las personas que transiten por la región del Istmo.
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Asimismo, requirió brinde atención médica y psicológica en caso de que así lo requieran las personas migrantes, y otorgar servicios de asistencia social, especialmente a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
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