Las protestas sociales y la represión del gobierno de Nicaragua cumplían un año cuando Michael, con apenas 21 años de edad, tuvo que dejar a su familia y su país.
Era abril del 2019, tardó un mes en cruzar México, y llegar a Tijuana, donde tiene ya más de medio año viviendo.
Como parte de la ola de migrantes que llegó entre finales de 2018 e inicios del 2019 a esta frontera, su objetivo es cruzar a Estados Unidos para vivir y trabajar legalmente.
“Está algo complicado. Se necesita abogado, y alguien que lo reciba a uno. La verdad no tengo a nadie al otro lado, entonces por eso miro difícil allá", comenta.
De cualquier manera, si solicita asilo será retornado a México mientras las autoridades estadounidenses atienden su trámite, como pasa con todos los centroamericanos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), así pasó en Baja California con 11 mil personas (la mitad de ellos menores de edad) entre enero y noviembre de 2019 como parte del programa “Remain in Mexico”, implementado por Estados Unidos a cambio de no imponer aranceles a las exportaciones de este país.
En la frontera sur se estima que están varados más de 50 mil personas.
Albergues vacíos
Aquella tumultuosa caravana que levantó un sentimiento antimigrante nunca antes visto en Tijuana hoy se pierde tanto en sus calles como en las cifras oficiales.
Como la espera de la resolución de su solicitud puede alcanzar hasta un año o poco más, autoridades y activistas cuentan que algunos migranres se regresaron a su país o intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos, mientras otros, los menos, esperan en albergues o intentan comenzar vida aquí, en un ambiente a veces hostil y violento.
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“La primera cita, nunca es la última cita. Nadie va una vez y entra. Tenemos hasta ocho citas, a veces tres, cuatro. Cuando son rechazados nunca sabemos qué pasó con ellos. Tenemos unos casos de éxito, pero no muchos. Algunos se comunican”, dice Patricio Murphy.
El sacerdote católico es director del albergue Casa del migrante, uno de los más activos en una ciudad acostumbrada a la llegada de nacionales y extranjeros para pedir asilo en el país del norte.
Hasta diciembre, el padre Murphy contaba entre tres mil y cuatro mil migrantes centroamericanos distribuidos en 15 albergues.
La directora de Atención al migrante en Tijuana, Melba Olvera Rodríguez, igual que la autoridad migratoria en el estado, dice que una parte de los miembros de la caravana regresó a sus países con sus recursos o con ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Pueden solicitar permanecer en México de manera regular, es un derecho que tienen. Sin embargo, no todos están optando por permanecer en México, también muy influidos por el clima hostil que hubo en algún momento. Cuando han sido rechazados han regresado”, comenta la funcionaria municipal.
Pero esto no está del todo respaldado por las estadísticas de la misma OIM, que en enero del 2019 habló con los centroamericanos en esta ciudad, y reveló que 68 por ciento de los entrevistados seguían intentando entrar a Estados Unidos, el 22 por ciento buscaba trabajo en México y sólo cuatro por ciento quería regresar a su país.
El organismo dijo que entre noviembre del 2018 y octubre del 2019 realizaron 869 retornos asistidos en toda la frontera norte, y apenas 65 (siete por ciento) fueron desde Tijuana.
Empipi
Michael todavía no sabe qué hará, pero por ahora vive en el Desayunador Salesiano, un sitio administrado por religiosos que hace unos años comenzó a dar techo además de alimento diario.
Dice que puede permanecer allí mientras siga las reglas, así que mantiene su trabajo en la construcción donde le permitieron laborar sin documentos, y procura no meterse en problemas.
“¿La verdad? da miedo, y andar en las calles peligrosas también. Yo no sé salir mucho por ese mismo problema. Es peligroso estar lejos de la familia, del país, y no tener a nadie aquí. Sólo a trabajar salgo”, comenta Michael.
Sus precauciones se justifican no sólo por conservar una cama para dormir, que ya es bastante, sino porque en diciembre de 2018 fueron asaltados y asesinados dos adolescentes salvadoreños, y en diciembre de 2019 un hondureño retornado apareció descuartizado en la vía pública.
“La mayoría reporta, sobre todo hablando de los casos de ‘empipi’, que no se sienten seguros en México, en Baja California. Los están forzando a venirse para acá porque es la política que están implementando las autoridades norteamericanas”, afirma Esmeralda Siu, Coordinadora de la coalición Pro defensa del migrante.
“Empipi” es un vocablo nuevo en la frontera, nacido con la política de retorno de centroamericanos, y es el Protocolo de Protección al Migrante o Migrant Protection Protocols (MPP, por sus siglas en inglés).
Así suelen identificarse a los centroamericanos retornados por Estados Unidos para esperar su juicio migratorio en México.
El delegado del INM, Manuel Marín, dice que todos tienen una condición legal y pueden obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP), para trabajar como visitante por razones humanitarias.
“No podemos retornar a alguien que está de manera legal en México”, asegura el funcionario federal en Baja California.
Por adopción
Ronaldo es uno de esos centroamericanos que está trabajando legalmente. Llegó a mediados del año pasado de El Salvador, y apenas en enero tendrá su primera cita en Estados Unidos.
“Alguna gente decía que era más rápido, pero cuando vine ya era diferente”, comenta el joven, también de 21 años de edad, sin planes todavía sobre su futuro si no consigue el asilo.
Pero no todos los migrantes logran regularizar su condición en el país para encontrar un trabajo formal. Esto se debe a que los trámites son muy largos y engorrosos, asegura José María Lara, responsable del albergue Movimiento Juventud 2000.
“Se tienen que hacer cambios significativos, que los legisladores trabajen en ello. No sirven más que para obstaculizar la legalización de tanta comunidad que llega a tomar la decisión de quererse quedar en el país”, afirma.
Asegura que por eso cuando no logran emplearse en la formalidad para sostener la espera en México, algunos deciden cruzar la frontera ilegalmente.
Con todo esto, el gobierno mexicano apenas abrió el 11 de diciembre el Centro Integrador para el Migrante, donde asegura que ayudarán con la tramitología y la inclusión laboral.
Pero a unos días de ese anuncio, ni el nicaragüense Michael ni el salvadoreño Ronaldo sabían de su existencia, y en el lugar había apenas una docena de migrantes el día de la inauguración.
Dos semanas después, según los datos oficiales, habían atendido a entre 20 y 30 personas.
Por eso los activistas cuestionan lo lejano que está de los sitios donde hoy rentan o se albergan los centroamericanos, y cuestionan su apertura cuando los retornos bajaron de hasta 100 diarios a 15 o 20 por día.
Con esa disminución, cuentan autoridades y asociaciones civiles, las historias de migrantes ya no son tanto las de la violencia desbordada de las maras ni la represión del gobierno nicaragüense, sino las de los mexicanos que huyen del narcotráfico.
“El desplazamiento forzado interno lo tenemos visibilizado desde 2013, y hasta el momento no hay una política de integración en el estado, apenas se está trabajando en lo federal”, dice Esmeralda Siu.
Así una ciudad acostumbrada desde su origen a la migración sigue sin poder dar una solución real a mexicanos y extranjeros que tienen que dejar una parte de su vida atrás.
"Pienso si Dios quiere, sacar papeles acá, y quedarme a trabajar un tiempo, mientras se compone la situación política del país”, dice Michael, y su voz es como la de tantas otras personas que llegaron de paso y ya son tijuanenses por adopción.
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