/ miércoles 21 de febrero de 2024

Juez ordena inspección a la refinería de Cadereyta, pero deja fuera al gobierno de NL

Un juez ordenó a Pemex realizar una inspección, a través de la Semarnat, a las instalaciones de la refinería de Cadereyta

MONTERREY. Un juez federal ordenó una inspección en la refinería de Cadereyta por los señalamientos de emisiones contaminantes, pero dejó fuera de ella al gobierno de Nuevo León.

La suspensión instruye a Petróleos Mexicanos (Pemex) ordenar la inspección a través de una agencia federal que dependa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Nos concedieron la suspensión provisional para efectos que efectivamente la refinería de Cadereyta sea inspeccionada, con la diferencia, contrario a lo que solicitamos, que sea inspeccionada por la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente)", informó Javier González Alcántara, regidor del municipio de San Pedro Garza García, acompañado del secretario estatal de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz.

Un juez federal dejó afuera al gobierno estatal de Nuevo León ante la polémica por la refinería de Cadereyta y será una agencia federal que dependa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual haga una inspección a las emisiones de la instalación industrial.

El fallo del juez sobre la inspección demandada, deriva del juicio de amparo que impulsó el regidor González Alcántara, quien ahora presentó un recurso de queja para que la planta de Pemex sea revisada también por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León.

"Nos informan que la ASEA ya está haciendo inspecciones, sin embargo, no conformes con la resolución, presentamos un recurso de queja que debe estarse resolviendo a más tardar el día de mañana", añadió.

En el recurso de queja se solicita considerar para la inspección a la Secretaría de Medio Ambiente o la Procuraduría de Medio Ambiente estatales.

Por lo menos, el 65 por ciento de los días de los últimos ocho años han tenido mala calidad del aire al agudizar la contaminación en la zona metropolitana por tres millones de automotores, emisiones de la industria, entre ellas, de la refinería de Cadereyta, ubicada a unos 30 kilómetros al oriente de Monterrey.

En el 2023 se dieron diez alertas ambientales; en 2022, 14; en 2021, 11 y en lo que va del año van tres.

Grupos de ambientalistas y el gobierno del estado han iniciado una batalla legal para que la paraestatal inaugurada el 18 de marzo de 1979 sea reubicada a otra zona.

Inclusive, representantes del gobierno han acudido a la empresa para invitarlos a dar una explicación acerca de sus procesos operativos, pero no les han abierto las puertas, por lo que han recurrido a la vía legal, fallo que ahora se ha dado.

El pasado 9 de febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concedió una suspensión provisional de amparo a la refinería para impedir que sus actividades sean suspendidas o clausuradas

No es factible cerrar una empresa productiva del Estado, porque dadas las actividades de la persona moral quejosa se pondría en riesgo la economía y abastecimiento del combustible, en perjuicio del orden público y el interés social, consideró el magistrado Héctor Guillermo Maldonado Maldonado.

MONTERREY. Un juez federal ordenó una inspección en la refinería de Cadereyta por los señalamientos de emisiones contaminantes, pero dejó fuera de ella al gobierno de Nuevo León.

La suspensión instruye a Petróleos Mexicanos (Pemex) ordenar la inspección a través de una agencia federal que dependa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Nos concedieron la suspensión provisional para efectos que efectivamente la refinería de Cadereyta sea inspeccionada, con la diferencia, contrario a lo que solicitamos, que sea inspeccionada por la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente)", informó Javier González Alcántara, regidor del municipio de San Pedro Garza García, acompañado del secretario estatal de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz.

Un juez federal dejó afuera al gobierno estatal de Nuevo León ante la polémica por la refinería de Cadereyta y será una agencia federal que dependa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual haga una inspección a las emisiones de la instalación industrial.

El fallo del juez sobre la inspección demandada, deriva del juicio de amparo que impulsó el regidor González Alcántara, quien ahora presentó un recurso de queja para que la planta de Pemex sea revisada también por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León.

"Nos informan que la ASEA ya está haciendo inspecciones, sin embargo, no conformes con la resolución, presentamos un recurso de queja que debe estarse resolviendo a más tardar el día de mañana", añadió.

En el recurso de queja se solicita considerar para la inspección a la Secretaría de Medio Ambiente o la Procuraduría de Medio Ambiente estatales.

Por lo menos, el 65 por ciento de los días de los últimos ocho años han tenido mala calidad del aire al agudizar la contaminación en la zona metropolitana por tres millones de automotores, emisiones de la industria, entre ellas, de la refinería de Cadereyta, ubicada a unos 30 kilómetros al oriente de Monterrey.

En el 2023 se dieron diez alertas ambientales; en 2022, 14; en 2021, 11 y en lo que va del año van tres.

Grupos de ambientalistas y el gobierno del estado han iniciado una batalla legal para que la paraestatal inaugurada el 18 de marzo de 1979 sea reubicada a otra zona.

Inclusive, representantes del gobierno han acudido a la empresa para invitarlos a dar una explicación acerca de sus procesos operativos, pero no les han abierto las puertas, por lo que han recurrido a la vía legal, fallo que ahora se ha dado.

El pasado 9 de febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concedió una suspensión provisional de amparo a la refinería para impedir que sus actividades sean suspendidas o clausuradas

No es factible cerrar una empresa productiva del Estado, porque dadas las actividades de la persona moral quejosa se pondría en riesgo la economía y abastecimiento del combustible, en perjuicio del orden público y el interés social, consideró el magistrado Héctor Guillermo Maldonado Maldonado.

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