CIUDAD JUÁREZ. El fiscal de Distrito, Jorge Nava López, confía que con la aplicación de penas más severas a feminicidas se puedan lograr disminuir los casos de asesinatos contra la mujer, al darse condenas de hasta 60 años de cárcel para los imputados.
Durante 2019, en Ciudad Juárez se cometieron 12 feminicidios, a decir del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), mientras tanto la Red Mesa de Mujeres lleva un recuento de 180 asesinatos de mujeres en el mismo periodo, de acuerdo a cifras compartidas con la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).
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Empero, la FEM no cataloga todos estos casos como feminicidio al no cumplir con las características de “razones de género” y estar relacionados a otros factores, como el asalto o la delincuencia organizada.
Indicó que el Congreso ya aprobó una reforma del Código Penal Federal donde se endurecen las penas por los delitos de feminicidio y violación, pero está no tiene injerencia directa sobre el ordenamiento estatal, pero, dentro del Plan Especial Juárez, habrá una revisión extenuante sobre reformas y reordenamiento a legales para mejorar la seguridad.
“Se ha creado una mesa jurídica para determinar qué reformas hay que impulsar, que vengan a coadyuvar a los temas de seguridad, por lo que se están haciendo algunas propuestas para modificar algunos ordenamientos legales, como la posición y portación de arma de fuego, para que tengan prisión preventiva prejuiciosa”, agregó.
La reforma al Código Federal aumenta en cinco años más la pena por feminicidio, para quedar en 60 años, mientras que en Chihuahua se tienen contempladas penas agravantes para este tipo penal y puedan ser castigados de 30 a 60 años.
A su vez, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, anunció la creación de un nuevo edificio de la FEM, que estará ubicado al suroriente de la ciudad, en las inmediaciones del Distrito Sur.
En el estudio de Ficosec se establece que el 46 por ciento de los feminicidios en todo el estado se cometen en Ciudad Juárez, seguida por Chihuahua y Cuauhtémoc, dando muestra de la problemática que se vive hoy en día.
En esta frontera continúa pendiente de justicia uno de estos casos, el de la activista y estudiante universitaria, Isabel Cabanillas, asesinada el pasado 18 de enero en las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero, en el Corredor Seguro de la Zona Centro.
Amigas y compañeras de Isabel, así como colectivos y organizaciones civiles, han exigido que su caso sea catalogado como “feminicidio político”, ante la sospecha de que su muerte está relacionado a las actividades que realizaba en defensa de la mujer y su activismo contra la mina de Samalayuca.
La FEM ha sido muy hermética en la información que se maneja sobre los avances en esta investigación, pero lamentablemente, hasta el momento, no se cuenta con una sola detención y aunque se dijo que había un vídeo que ayudaría a dar con los responsables, esto no se ha dado, señaló el fiscal.
A nivel nacional, los feminicidios de Fátima e Ingrid han despertado el enojo de la sociedad, ante la crueldad con la que fueron asesinadas, una de ellas violentada sexualmente y la otra desmembrada.
A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género y también se categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años.
