Ante la omisión de los tres poderes del Estado de México y de los 125 ayuntamientos mexiquenses para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de su profesión, crece la demanda de periodistas para contar un marco jurídico y un mecanismos de protección, luego de las recientes agresiones y amenazas a reporteros y fotógrafos mexiquenses.
Más de 250 periodistas del Estado de México firmaron un documento dirigido al gobierno federal, al Congreso de la Unión, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al gobierno del Estado de México, a la LX Legislatura mexiquense, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a los 125 ayuntamientos, demandando un “Alto a la agresiones. No queremos periodistas asesinados en el Estado de México”.
“Los periodistas del Estado de México no esperaremos un saldo trágico para levantar la voz ante las recientes agresiones que han sufrido periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y camarógrafos en los municipios de Toluca, Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz”, señalan.
A este reclamo se han sumado asociaciones defensoras de derechos humanos que reconocen en el ejercicio del periodismo una actividad vulnerable, por lo cual han propuesto crear un protocolo de atención y reacción, como en el aso de Más Vida Más Igualdad, A.C., y Corazones Diversos, al ingresar una queja colectiva ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
"Se requiere crear un mecanismo de protección que realmente se aplique y los ayuntamientos y órganos como la Fiscalía lo tengan presente", explicó Gadiel Alcantara Gil, abogado de la asociación Más Vida Más Igualdad.
Los periodistas mexiquenses aseguran que el Gobierno del Estado de México y los gobiernos municipales mencionados no han brindado la mínima atención a estos casos de agresión, pero reconocen el apoyo de la organización Artículo 19 y de la Codhem a través del inicio de quejas de oficio.
Lamentaron que la Codhem no pueda intervenir directamente para conseguir justicia para los periodistas agraviados; aún cuando en diversas ocasiones ha manifestado su total apoyo a la postura de los trabajadores de los medios de comunicación y que en esta ocasión ha refrendado el apoyo institucional para la defensa de sus derechos humanos de información, expresión y laborales de los periodistas.
En el Estado de México, recordaron, está en proceso la aprobación de una Ley para Protección de Periodistas, pero aún falta que los legisladores la revisen y comprueben si sus mecanismos de protección son los adecuados para detener la ola de violencia en contra de este gremio.
Al respecto, es importante destacar que, al menos cuatro de las entidades más cercanas al Estado de México: Morelos, Michoacán, Ciudad de México e Hidalgo cuentan con una Ley de Protección a Defensores de Derecho Humanos y a Periodistas donde se incluye un mecanismo de protección con medidas de Prevención y de Protección Extraordinarias o Urgentes.
En el Estado de México la diputada de Morena, Azucena Cisneros ha planteado una iniciativa similar que también busca proteger, promover y garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; así como fomentar la capacitación y la coordinación, aunque hasta el momento no ha realizado foros para recabar los puntos de vista de los reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación.
La propuesta mexiquense
La iniciativa de Morena en el estado de México se denomina Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México e incluye un mecanismo de protección, medidas preventivas, urgentes y de protección que son casi idénticas a las establecidas en la ley de la Ciudad de México, pero también reconoce como derechos específicos inherentes a la actividad de los periodistas el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el acceso a la información.
El mecanismo estaría integrado por una Junta de Gobierno y una Coordinación Ejecutiva Estatal y sería operado por la Secretaría de Gobierno. La junta sería la instancia máxima del mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
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