/ martes 4 de abril de 2017

Consejo fiscal para México

  • Gustavo de Hoyos
  • Consejo fiscal para México

En las últimas cuatro décadas del siglo XX, México experimentó periodos de profunda inestabilidad económica. Los mexicanos llegamos a resignarnos, nunca a acostumbrarnos, que al menos una vez cada sexenio, el incipiente desarrollo económico del país sufriría un retroceso producto de un recurrente estado de crisis de las finanzas públicas, el cual se tradujo en fenómenos como la inflación desmedida y la depreciación abrupta de la moneda nacional. Aquellas crisis afectaron en tal forma la estabilidad monetaria, que llegaron a requerir en su momento extremo, el surgimiento del “nuevo peso” y la eliminación de tres dígitos de la moneda.

Afortunadamente, las reiteradas lecciones del desorden en el manejo de las finanzas públicas y la exigencia creciente de varias organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales, lograron detonar un conjunto de cambios legislativos y arreglos institucionales, entre los que destacan la autonomía del INEGI y del Banco de México, que en su conjunto lograron un cambio sustancial en el manejo hasta entonces, fundamentalmente político, de las finanzas públicas. Esos cambios, aunados al arribo a las oficinas hacendarias de una generación de funcionarios bien calificados técnicamente, generaron al paso de los años, una mejora en la Hacienda Pública. En la primera década del siglo XXI y gracias al fortalecimiento de las variables macroeconómicas, los mexicanos empezamos a disfrutar de los primeros beneficios de la estabilidad económica: inflación moderada, estabilidad cambiaria y expansión del crédito entre la población. Hoy día, el entorno internacional ha cambiado de forma generando inestabilidad. La ruta de integración económica regional y global, está siendo cuestionada en su viabilidad, y su continuidad no puede darse por sentada. En lo interno, el manejo ortodoxo de las finanzas públicas, aunque presente en el discurso, no siempre tiene un reflejo en la acción de los gobiernos, especialmente en el crecimiento inmoderado del endeudamiento público. Y la factura nos llegó: Si bien la inflación se mantiene en niveles razonables, el fantasma de la inestabilidad cambiaria, de tanto simbolismo en el ámbito nacional, está de nuevo presente. Por ello, el país reclama hoy una evolución de las instituciones públicas del ámbito económico, que abone a generar certeza económica.

México se ha quedado rezagado en la conformación de uno de los órganos que en muchos países ha contribuido a generar certidumbre, y cuya instauración ha sido recomendada por el Fondo Monetario Internacional: el Consejo Fiscal. En varios países democráticos, el Consejo Fiscal se ha organizado como una institución técnica, con funcionamiento independiente y apartada de las dinámicas partidistas, con mandato legal para salvaguardar la estabilidad macroeconómica de corto y mediano plazo, evaluar la política fiscal de Gobierno, garantizando la sustentabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Según el FMI los Consejos Fiscales pueden aportar en análisis y seguimiento, independiente del desempeño fiscal del Gobierno, el desarrollo y revisión de proyecciones macroeconómicas y el costeo de proyectos de políticas públicas, entre otras funciones.

No es casualidad que una treintena de países cuenten hoy con un Consejo Fiscal, entre ellos los socios de México en el TLC, Estados Unidos y Canadá, que lo instituyeron en 1974 y 2008, respectivamente. Si el Gobierno quiere generar certeza económica, tiene en el Consejo Fiscal una respuesta. No hay razón para esperar más. *Presidente de la Coparmex.

  • Gustavo de Hoyos
  • Consejo fiscal para México

En las últimas cuatro décadas del siglo XX, México experimentó periodos de profunda inestabilidad económica. Los mexicanos llegamos a resignarnos, nunca a acostumbrarnos, que al menos una vez cada sexenio, el incipiente desarrollo económico del país sufriría un retroceso producto de un recurrente estado de crisis de las finanzas públicas, el cual se tradujo en fenómenos como la inflación desmedida y la depreciación abrupta de la moneda nacional. Aquellas crisis afectaron en tal forma la estabilidad monetaria, que llegaron a requerir en su momento extremo, el surgimiento del “nuevo peso” y la eliminación de tres dígitos de la moneda.

Afortunadamente, las reiteradas lecciones del desorden en el manejo de las finanzas públicas y la exigencia creciente de varias organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales, lograron detonar un conjunto de cambios legislativos y arreglos institucionales, entre los que destacan la autonomía del INEGI y del Banco de México, que en su conjunto lograron un cambio sustancial en el manejo hasta entonces, fundamentalmente político, de las finanzas públicas. Esos cambios, aunados al arribo a las oficinas hacendarias de una generación de funcionarios bien calificados técnicamente, generaron al paso de los años, una mejora en la Hacienda Pública. En la primera década del siglo XXI y gracias al fortalecimiento de las variables macroeconómicas, los mexicanos empezamos a disfrutar de los primeros beneficios de la estabilidad económica: inflación moderada, estabilidad cambiaria y expansión del crédito entre la población. Hoy día, el entorno internacional ha cambiado de forma generando inestabilidad. La ruta de integración económica regional y global, está siendo cuestionada en su viabilidad, y su continuidad no puede darse por sentada. En lo interno, el manejo ortodoxo de las finanzas públicas, aunque presente en el discurso, no siempre tiene un reflejo en la acción de los gobiernos, especialmente en el crecimiento inmoderado del endeudamiento público. Y la factura nos llegó: Si bien la inflación se mantiene en niveles razonables, el fantasma de la inestabilidad cambiaria, de tanto simbolismo en el ámbito nacional, está de nuevo presente. Por ello, el país reclama hoy una evolución de las instituciones públicas del ámbito económico, que abone a generar certeza económica.

México se ha quedado rezagado en la conformación de uno de los órganos que en muchos países ha contribuido a generar certidumbre, y cuya instauración ha sido recomendada por el Fondo Monetario Internacional: el Consejo Fiscal. En varios países democráticos, el Consejo Fiscal se ha organizado como una institución técnica, con funcionamiento independiente y apartada de las dinámicas partidistas, con mandato legal para salvaguardar la estabilidad macroeconómica de corto y mediano plazo, evaluar la política fiscal de Gobierno, garantizando la sustentabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Según el FMI los Consejos Fiscales pueden aportar en análisis y seguimiento, independiente del desempeño fiscal del Gobierno, el desarrollo y revisión de proyecciones macroeconómicas y el costeo de proyectos de políticas públicas, entre otras funciones.

No es casualidad que una treintena de países cuenten hoy con un Consejo Fiscal, entre ellos los socios de México en el TLC, Estados Unidos y Canadá, que lo instituyeron en 1974 y 2008, respectivamente. Si el Gobierno quiere generar certeza económica, tiene en el Consejo Fiscal una respuesta. No hay razón para esperar más. *Presidente de la Coparmex.