/ viernes 29 de diciembre de 2023

Aerolíneas del ejército: mala idea

Se puede decir que hay tres paradigmas de las economías nacionales. El primero es el que entró en total descrédito con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1990. De acuerdo con este modelo, la planificación central y total de la economía iba de la mano con la absoluta propiedad del capital por parte del Estado. Después de 70 años, este sistema fue rechazado por las sociedades en Europa del Este y Rusia.

El segundo paradigma es el que le otorga al Estado la propiedad de determinadas empresas, dejándole otras a la iniciativa privada. Esto fue lo que ocurrió en Gran Bretaña antes del arribo de Margaret Thatcher al poder, cuando el Estado, que había nacionalizado muchas empresas, entró en una crisis financiera de amplio calado. Eran los años 70s.

En esos mismos años, en México se pensó que el Estado podría administrar empresas con éxito y se llegó incluso al extremo de nacionalizar la banca.

El tercer paradigma es el que privilegia la propiedad privada de las empresas y la economía de libre mercado, reservando para el Estado las importantes tareas de la seguridad pública, la administración de justicia, la representación política y, si acaso, el trazo general de la política industrial y económica de un país.

Así como en el caso de Gran Bretaña, en México el paradigma nacionalizador fracasó y se sustituyó por uno que promovía el mercado, así como la gestión privada y social de las empresas.

Cuando el gobierno actual arribó al poder con la retórica de la "austeridad republicana", el acuerdo de mantener el tratado del libre comercio con Estados Unidos y la promesa de no endeudarse, muchos pensaron que se trataría de un gobierno que, a pesar de todo, mantendría las políticas básicas del paradigma liberal de la economía.

No ha sido así.

La puesta en marcha y operación por parte del Gobierno mexicano de una línea aérea que administrará el Ejército es un error por partida doble. En primer lugar, como lo hemos presenciado en el caso de Argentina, no se ha logrado entender que el Estado no es la mejor instancia para administrar empresas como la aeronáutica. Esa ha sido la experiencia en la mayor parte del mundo. Países como Malasia y la India han estado buscando compradores de sus líneas aéreas estatales y, según algunos estudios, los consumidores se quejan más del servicio prestado por líneas aéreas propiedad del Estado que de las privadas.

En segundo lugar, nos debería seguir sorprendiendo el hecho de que el ejército mexicano se haya convertido en empresario bajo el presente Gobierno. Esto entraña no sólo la militarización de la vida económica del país, sino el creciente poder de las fuerzas castrenses, con los enormes riesgos que ello representa.

La idea estaría mal aún si, cosa muy improbable, el ejército resultara un buen administrador de "Mexicana de Aviación".

La situación actual es muchísimo más preocupante que con los gobiernos de Echeverría y López Portillo, ya que ellos no intentaron nacionalizar empresas para entregárselas al ejército.

La situación es tal que incluso los partidarios de una mayor participación del Estado en la economía deberían preocuparse.

Se puede decir que hay tres paradigmas de las economías nacionales. El primero es el que entró en total descrédito con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1990. De acuerdo con este modelo, la planificación central y total de la economía iba de la mano con la absoluta propiedad del capital por parte del Estado. Después de 70 años, este sistema fue rechazado por las sociedades en Europa del Este y Rusia.

El segundo paradigma es el que le otorga al Estado la propiedad de determinadas empresas, dejándole otras a la iniciativa privada. Esto fue lo que ocurrió en Gran Bretaña antes del arribo de Margaret Thatcher al poder, cuando el Estado, que había nacionalizado muchas empresas, entró en una crisis financiera de amplio calado. Eran los años 70s.

En esos mismos años, en México se pensó que el Estado podría administrar empresas con éxito y se llegó incluso al extremo de nacionalizar la banca.

El tercer paradigma es el que privilegia la propiedad privada de las empresas y la economía de libre mercado, reservando para el Estado las importantes tareas de la seguridad pública, la administración de justicia, la representación política y, si acaso, el trazo general de la política industrial y económica de un país.

Así como en el caso de Gran Bretaña, en México el paradigma nacionalizador fracasó y se sustituyó por uno que promovía el mercado, así como la gestión privada y social de las empresas.

Cuando el gobierno actual arribó al poder con la retórica de la "austeridad republicana", el acuerdo de mantener el tratado del libre comercio con Estados Unidos y la promesa de no endeudarse, muchos pensaron que se trataría de un gobierno que, a pesar de todo, mantendría las políticas básicas del paradigma liberal de la economía.

No ha sido así.

La puesta en marcha y operación por parte del Gobierno mexicano de una línea aérea que administrará el Ejército es un error por partida doble. En primer lugar, como lo hemos presenciado en el caso de Argentina, no se ha logrado entender que el Estado no es la mejor instancia para administrar empresas como la aeronáutica. Esa ha sido la experiencia en la mayor parte del mundo. Países como Malasia y la India han estado buscando compradores de sus líneas aéreas estatales y, según algunos estudios, los consumidores se quejan más del servicio prestado por líneas aéreas propiedad del Estado que de las privadas.

En segundo lugar, nos debería seguir sorprendiendo el hecho de que el ejército mexicano se haya convertido en empresario bajo el presente Gobierno. Esto entraña no sólo la militarización de la vida económica del país, sino el creciente poder de las fuerzas castrenses, con los enormes riesgos que ello representa.

La idea estaría mal aún si, cosa muy improbable, el ejército resultara un buen administrador de "Mexicana de Aviación".

La situación actual es muchísimo más preocupante que con los gobiernos de Echeverría y López Portillo, ya que ellos no intentaron nacionalizar empresas para entregárselas al ejército.

La situación es tal que incluso los partidarios de una mayor participación del Estado en la economía deberían preocuparse.