La primera “Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas”, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que 92% de las empresas establecidas en el estado de Veracruz se ha enfrentado a actos de corrupción de los servidores públicos, consistentes éstas, principalmente, en “agilización de trámites”, “evitar multas o sanciones”, “obtención de licencias o permisos” y “evitar clausuras de establecimientos”.
Desde la percepción de los empresarios de todo el país, los municipios en donde se detectaron más actos de corrupción durante 2016 fueron Coatzacoalcos y Veracruz. En el primero, 50% de las empresas existentes (poco más de 42 mil) señalaron que estos actos son muy frecuentes. Y en el puerto de Veracruz, 63% del total (12 mil 306) coincidieron en la frecuencia de los actos de corrupción.
Dado que el promedio nacional es de: 561 de cada 10 mil empresas, las que experimentaron al menos un acto de corrupción, el caso de Veracruz que se vio duplicado, obtuvo el primer lugar nacional en corrupción de servidores públicos a empresarios, siendo seguido por la Ciudad de México, Chiapas y el Estado de México.
Del estudio del INEGI se desprende que la corrupción de servidores públicos cuesta a nivel nacional mil seiscientos millones de pesos, y que de este total cada empresa en promedio gastó en pago de “mordidas” un promedio de entre doce y catorce mil pesos.
Afirmaciones tan contundentes de voz de los empresarios de todo el estado, no han hecho sino acrecentar el desánimo de la población veracruzana, cada vez más consciente de que la inseguridad crece y empeora, dejando a todos los estratos de la población atenidos a su suerte. Porque el estudio del INEGI, una institución gubernamental seria, no contempló el más cruento problema que padecen los empresarios en el estado de Veracruz, que es la extorsión de la delincuencia organizada.
Instalados en la entidad veracruzana, desde hace la friolera de trece años, primero un grupo, luego, otros, luego las subdivisión de éstos, con enfrentamientos sangrientos por el control de la zona para el trasiego de las drogas, lo que señalan los empresarios al INEGI, semeja un cuento de niños. No porque no sea repudiable la corrupción de los servidores públicos, que debe castigarse, pero no se denuncia por la falta de documentos, o el incumplimiento de los requerimientos que señala la ley. Entonces tan culpables son unos como los otros. Que no se quejen los empresarios de los servidores públicos, si ellos mismos no cumplen con los reglamentos formulados para la seguridad e integridad de los usuarios. Tan culpables unos como los otros.
El otro rubro, el de la acción rampante de la delincuencia organizada, el que acomete impune en contra de todos los segmentos sociales, con secuestros, extorsión por derecho de piso a los comerciantes de todos tamaños, grandes, medianos, pequeños; el que desaparece a jóvenes universitarios, por no haber aceptado ser eslabón en sus cadenas delincuenciales, aunque luego aparezcan sus restos en las múltiples fosas a lo largo y ancho del estado. De esa extorsión y presencia criminal, no dicen una palabra los empresarios, aunque sean víctimas de forma permanente de la delincuencia organizada.
Un pandemónium cotidiano, es la cruda realidad que padecen los veracruzanos desde Pánuco hasta Las Choapas con la extendida presencia de la delincuencia organizada. Pero de esa extorsión no se habla.
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